El Colectivo Baltasar Gracián alertaba, en un texto de mayo de este año y con este mismo título, de las contradicciones en las que, en numerosas ocasiones, se está cayendo a la hora de defender la Escuela Pública. Cuestiones todas ellas que, cuando menos, invitan a reflexionar.
Es un hecho que la crisis no es sino una excusa para deshacer un estado del Bienestar e imponer una política claramente neoliberal. Lo es también que el movimiento surgido en Madrid, la Marea Verde, aglutinó, independientemente de ideologías e intereses particulares, a enseñantes que defendían, más allá de reivindicaciones laborales, una escuela de todxs y para todxs.
Sin embargo, considera el colectivo que se ha ido cayendo en una serie de trampas que, en cierta medida, vienen a hacer el juego a la concepción economicista y mercantilista que se quiere imponer y contra la que se pretende luchar.
La frase, consideran, tiene un claro fundamento económico que procede de la misma trampa de la crisis provocada por el neoliberalismo. La educación no es NI GASTO, NI INVERSIÓN, es ante todo UN DERECHO (artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y no es necesario, ni conveniente, considerarla una inversión a largo plazo, porque, en última instancia, parecería considerar que el objetivo principal de la educación está en la formación de mano de obra más cualificada y no en el pleno desarrollo de la personalidad humana como recoge el citado artículo 26.
La competitividad tan neoliberal y tan de moda en la que se está cayendo al publicitar cada centro, su “oferta educativa”, y facilitar así que los potenciales clientes escojan lo que consideren mejor, es la segunda trampa.
La educación pública, así considerada, pasa a ser un servicio en venta (en la mejor dinámica neoliberal), y el creer que con esta dinámica los centros públicos lograrán mantenerse, no es sino caer en una nueva trampa porque nunca “un centro que se dedique a ofrecer un servicio público sin más interés que el propio servicio podrá ganar en un mercado a los expertos en captación de clientes, de los buenos clientes. Y aquellos que no sean buenos, se verán obligados a permanecer en los centros de beneficencia, que es en lo que se convertirán los de titularidad pública”
El objetivo del mercado (así es indudablemente en la enseñanza privada concertada) es el beneficio económico, pero el del Estado es el servicio público. Y no se puede entrar en el juego del mercado de la educación, en la selección social del más fuerte. “De ahí a posiciones ultraconservadoras y abiertamente segregadoras solo hay un paso.
En la misma línea de participar en el juego del mercado, (tercera trampa), considera el colectivo la campaña publicitaria a favor de matricular en los centros públicos. Se trataría de entrar en la dinámica publicitaria cuya finalidad no es sino convencer al cliente para captarlo como tal, lo que supone “someter el campo de la educación a la lógica del consumo que reduce a familias y alumnos a meros clientes de “productos educativos”.
Adaptarse a elementos de mercado como la publicidad no es sino un trampa (en la que el colectivo no duda se cae con buenas intenciones), porque el valor de la enseñanza pública no requiere publicidad comercial sino conciencia ciudadana.
La cuarta, y última, de las trampas parte de la evidencia de que los funcionarios son trabajadores públicos, y de que la política neoliberal necesita su desprestigio precisamente porque representa lo que tiene un valor no cuantificable: el servicio público sin intereses privados.
Esa política de desprestigio ha ido calando en estos momentos de crisis y hay quien critica las reivindicaciones laborales de los servidores públicos.
Pues bien, en esa crítica a cualquier reivindicación de tipo laboral también se ha ido cayendo desde las mismas movilizaciones en defensa de la Educación Pública
Indudablemente la defensa de la Escuela Pública para todos y todas es más importante que la defensa de un número determinado de puestos de trabajo y de unas condiciones laborales determinadas, pero también es bien cierto que no hay contradicción alguna en la defensa de ambas cuestiones. El derecho al trabajo es también un derecho fundamental y la disminución de profesorado, el aumento de ratio, la variación de condiciones laborales en profesorado suponen una merma en la calidad del servicio educativo.
Y ahora qué, se preguntan para finalizar.
Partiendo de que es obvio que el ataque a los Servicios Públicos con la excusa va a seguir avanzando, sólo cabe la unión en la defensa de lo que tanto ha constado conseguir a tantas generaciones de ciudadanas y ciudadanos. Unirse y plantearse paralizar el inicio de curso hasta conseguir echar atrás las políticas tanto del Gobierno central como de los Autonómicos.
