La alianza PP-Vox prepara un giro en las aulas con menos igualdad y más "gestas nacionales" y religión

Las derechas coinciden en una visión contraria a la 'ley Celáa', que incluye la igualdad como eje transversal, y favorable a la censura ideológica de contenidos y a la exaltación patriótica

Tres niñas a su llegada al colegio Hernán Cortés, en Madrid, durante el primer día del curso escolar 2022/2023. Europa Press

Lara Carrasco, InfoLibre, 17 de julio de 2023

Hay ejemplos de sobra que explican la manera en la que la extrema derecha trata de controlar la educación cuando llega al poder, convirtiendo su negacionismo de la violencia machista y del cambio climático, o su postura contraria a la memoria histórica o a los derechos LGTBI en preceptos válidos. En Hungría, Viktor Orbán afirmó hace un par de años que "la educación sexual de los niños es derecho de los padres" y que, sin su consentimiento, ni los "activistas del arcoíris" pueden tomar partido. En la Italia de Giorgia Meloni, la escuela ya ha empezado su cruzada contra los contenidos en igualdad, calificados de "teoría del género". Y en España, Vox planteó hace ya tiempo un "pin parental", una herramienta de censura que pretende vetar todo lo que su ideología no tolera.

La idea de los de Santiago Abascal, que surgió en Murcia, fue aceptada por el PP, que de hecho en la Comunitat Valenciana ya ha adoptado este discurso: el nuevo president de la Generalitat gracias a los votos de la extrema derecha, el conservador Carlos Mazón, señaló este jueves en su investidura que garantizará una educación "que aleje la ideología de las aulas", unas palabras que podrían replicarse a nivel nacional si los resultados de las urnas el 23 de julio dan una mayoría absoluta al bloque formado por los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal

La 'ley Celaá': igualdad, competencias y menos importancia de la Religión

El Gobierno de Pedro Sánchez ya mostró su rechazo frontal a esta herramienta desde el primer momento en el que se planteó. "No vamos a tolerar" ninguna iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y a censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado", dijo la que entonces era ministra de Educación, Isabel Celaá. Ella fue la que dio nombre a la ley educativa del Ejecutivo que, precisamente, incluye entre sus páginas la necesidad de que la igualdad sea un elemento transversal, impulsando por ejemplo la presencia de mujeres en áreas donde están menos reconocidas o prohibiendo la concertación a los colegios que segreguen por sexo.

"Lo que mejor ha hecho el Gobierno de coalición ha sido todo lo relacionado con la educación para la igualdad, que por fin atraviesa toda la ley", celebra Marian Moreno Llaneza, experta en coeducación. "Es una ley que tiene como eje prioritario la prevención de todas las violencias machistas, y eso es muy importante para las que llevamos la igualdad a las aulas. Es un gran avance", continúa.

Para Jesús Rogero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, la también conocida como Lomloe es uno de los "acontecimientos" que ha marcado la legislatura en materia educativa. "Desde mi punto de vista, es una buena ley. Afronta cuestiones que no se habían abordado antes e introduce cambios positivos", explica. ¿Cuáles? El experto cita, por ejemplo, la reducción del currículum, algo también aplaudido por José Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de León, que, no obstante, cree que en este aspecto la norma se ha quedado un poco corta. "El currículum sigue muy hipertrofiado. Historia, por ejemplo, empieza en Atapuerca y acaba en [el Gobierno de] Aznar", critica. Aun así, y de la misma manera que Moreno Llaneza, celebra que los contenidos hayan cambiado: "La introducción de valores ecológicos o respetuosos con los Derechos Humanos son elementos valiosos".

También es positiva, dicen los expertos, la nueva manera de enfrentarse a ese currículum. La memoria ya no vale tanto, ahora se apuesta por la aplicación de las competencias aprendidas. "Por supuesto, el aprendizaje memorístico es esencial y sigue presente, pero creo que reforzar la perspectiva de las competencias era necesaria", señala Rogero.

Por otro lado, la ley Celaá también tiene entre sus páginas una batería de medidas destinadas a acabar con la segregación escolar, que provoca que el alumnado más desfavorecido se concentre en la escuela pública y el más favorecido, en la concertada. Elimina, además, la condición de vehicular del castellano —apostando por el modelo de inmersión lingüística—, y la cualidad de evaluable de la asignatura de Religión que, no obstante, no ha desaparecido de las aulas. "El PSOE no ha acabado con los acuerdos con el Vaticano y por eso la Religión sigue estando dentro del currículum, aunque no cuente a la hora de calcular la nota ", lamenta Díez, que critica que la ley tendría que haber incluido más avances.

Conciertos y presupuestos

Cita, por ejemplo, el relativo a los conciertos. "La Lomloe los aseguró, no los ha erradicado. El Gobierno no se ha planteado suprimirlos ni revertirlos, sino que ha funcionado con un modelo neoliberal", denuncia. La concertada, si se analiza la serie desde 1992, ha incrementado su financiación en un 350,72%. La pública, por su parte, un 225,43%.

Aun así, el Ejecutivo ha presumido de ser uno de los gobiernos que más han aumentado los fondos destinados a la Educación. En concreto, en los Presupuestos Generales de 2023 se incluyó una partida para el Ministerio de 6.408 millones de euros, lo que significa un 6,15% más que en 2022. "En 2018 el Ministerio de Educación invirtió 315 euros por alumno. En 2023, este mismo ministerio invertirá 634 euros por alumno. Más del doble", defendió la ministra que sustituyó a Celaá, Pilar Alegría.

Además, en 2023 el Ejecutivo anunció que los presupuestos destinados a becas y ayudas al estudio ascenderían a 2.548 millones de euros, lo que suponía, dijo, un aumento de más de mil millones respecto a lo destinado en 2018.

Las propuestas a izquierda y derecha

De todo ello presumen en su programa de cara a la nueva cita electoral. "El Gobierno socialista ha logrado transformar y modernizar la educación española, pasando de la política del recorte y la involución a la política educativa de la inversión, la innovación, la excelencia y la equidad. El último presupuesto de Mariano Rajoy se situó en 2.525 millones, [mientras que] el presupuesto de educación ha alcanzado en el 2023 los 6.408 millones, un 254% más", recalcan. Apuestan, dicen, por seguir de este modo garantizando "una escuela justa, no segregada, comprometida con la compensación de las desigualdades socioeconómicas". "El objetivo es seguir avanzando hacia una educación inclusiva e integradora".

Sumar, por su parte, defiende un incremento de la financiación de la educación, destinando el 5% del Producto Interior Bruto e incrementar ese presupuesto hasta alcanzar un 7%. Quiere, además, bajar las ratios y aumentar la dotación de recursos humanos y materiales, además de crear "centros educativos contra la crisis climática" e incorporar, en esta misma línea, "contenidos ecosociales en la educación formal.

Frente a esto, ¿qué propone la derecha? Los conservadores incluyen, como primer punto en en el apartado educativo de su programa, reformar la ley Celaá potenciando, dicen, "el esfuerzo y el mérito". Pero además prometen medidas radicalmente diferentes a las puestas en marcha por el Gobierno de coalición: el castellano volverá a ser vehicular en aquellas comunidades donde haya alguna lengua cooficial y defenderán "la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación que quieren para sus hijos". Y este punto inciden: "Ya sean centros públicos, privados o concertados", una palabra que aparece destacada en el texto.

"Ese es el problema: si llega la derecha a la Moncloa va a profundizar en dar más protagonismo a los conciertos educativos", critica Díez. "El modelo de la derecha antepone el interés que puedes tener por elegir aquello que te da más ventajas competitivas o la mejor educación posible", continúa. La extrema derecha, por su parte, va más allá. En el apartado "educar en libertad" de su programa electoral, ya introduce, aunque sin este término, su idea de "pin parental". "La llamada ley Celaá [...] ha supuesto un ataque directo a la libertad constitucional de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones morales", exponen, acusando también a Sánchez de amparar "que los gobiernos separatistas utilicen la educación para adoctrinar y excluir el español de las aulas".

Prometen, por ello, recuperar "la legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos, empezando por garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula" y asegurar "el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional".

"La censura y la persecución podrían ser sistemáticas"

"Este es el gran problema", dice Moreno Llaneza, que cree que estas ideas podrían convertir en "sistemáticas" la "persecución y la censura", que de hecho ya se ha producido en varias comunidades y ayuntamientos con distintas obras culturales. "Esto me preocupa muchísimo, es muy peligroso sobre todo para el profesorado de mujeres que llevan tantos años trabajando por la igualdad en las aulas", avisa.

Esos contenidos serán los grandes perjudicados. Por contra, dice Díez, aparecerán las historias de "héroes nacionales, hazañas, banderas y religión", que será un "elemento sustancial". "Incluiremos en los currículos contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales, así como a los símbolos", promete la extrema derecha de Santiago Abascal.