Seamos claros. Necesitamos un giro de 180 grados en la política educativa de este país, si queremos una educación para el bien común.
Enrique Díez, El Diario de la Educación, 8 de octubre de 2019
Un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos, laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. A esto se pueden añadir muchos aspectos de mejora pedagógica, metodologías más innovadoras, estabilización de las plantillas del profesorado, formación inicial y permanente mejor y más práctica, medidas efectivas de inclusión educativa y social, de coeducación y feminismo en las aulas y los centros, de ecología y educación para el decrecimiento, potenciar una FP más diversa y dotada, desarrollar el valor de la escuela rural y de la educación de personas adultas, y muchas más propuestas e iniciativas que tenemos en mente y puedan ayudar a construir y asentar una educación más justa, solidaria y mejor en el siglo XXI.
Pero sin las tres primeras, de nada o prácticamente de muy poco servirán. Porque estos tres elementos son la “clave de bóveda” de un sistema público, laico e inclusivo. De poco valen las medidas para remozar o renovar un sistema, si venden, privatizan, deterioran y destruyen el sistema. Porque es a través de estos tres “agujeros negros” por donde se desangra a raudales el actual sistema educativo público. Agujeros negros que se evita abordar de una forma decidida y clara en las propuestas electorales y en las reformas educativas, heredando modelos obsoletos sin cuestionarlos. Agujeros negros que marcan el eje fundamental de una disyuntiva básica: una educación pensada al servicio de todos y para el bien común o centrada en la selección, la segregación y el negocio para una élite.
Porque la educación o es pública, o es segregación por clase social, sexo o ideología. La educación o es laica, o es adoctrinamiento religioso en creencias particulares. La educación o está financiada, o se produce un progresivo deterioro e imposibilidad de una inclusión real con recursos. Es una ecuación bien fácil de entender y de constatar.
Por eso, en una educación pensada para el bien común es necesario y urgente parar y revertir la segregación que supone el sistema de conciertos educativos, una “anomalía española” en el panorama europeo, que sangra las arcas públicas para financiar empresas y opciones privadas. Este modelo de conciertos alienta y naturaliza la selección y la competencia entre la comunidad educativa. Ya no se trata de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sean propios o ajenos. Ya no se trata de que la comunidad educativa luche conjuntamente para que todos los niños y niñas tengan el mejor colegio público al lado de su casa. Lo que se pretende es normalizar un sistema de consumo competitivo y de mercado, donde cada familia se vea como un “avispado inversor” que ha de seleccionar la mejor “inversión educativa” para el futuro de sus hijos e hijas frente a los demás. Ya no se trata de involucrarse en la asociación de madres y padres del colegio al lado de tu casa, para mejorarlo, pensando en el bien común de todos los niños y niñas del centro, sino en ser un “consumidor inteligente” y adelantarte, buscando la oportunidad, para conseguir colocar a tu hijo o hija, aunque sea al otro lado de la ciudad –si tienes recursos y medios para desplazarte diariamente-, en aquel centro privado en el que te han asegurado que estará con los que son de su clase social o, al menos, que no se mezclará con los que no lo son. Recordemos que los centros privados-concertados solo escolarizan a menos del 20% de la población migrante, de minorías o con necesidades educativas.
El otro gran agujero negro de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación de todo el Estado, herencia nacionalcatólica aún de la dictadura fascista. Esta segunda anomalía histórica, que todavía sujeta con mano de hierro la influencia inexplicable de la jerarquía católica en España, impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide igualmente garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas, posibilitando la convivencia entre quienes no tienen las mismas convicciones.
El tercer agujero negro es la financiación de la educación pública. Elemento clave para sentar las bases y los medios para dotar de recursos una educación inclusiva que atienda realmente la diversidad en las aulas y los centros, que permita reducir el número de alumnado por aula en función de las recomendaciones de la UNESCO, que elimine la precariedad del profesorado interino y estabilice plantillas docentes para desarrollar proyectos educativos que necesitan tiempo y persistencia, que impida que 50.000 escolares empiecen el curso en barracones, que se pueda implementar una formación inicial y permanente más práctica, que se potencie una Formación Profesional con recursos y medios, etc., etc.
Si proclamamos que la educación es el futuro de un país, si mantenemos que una sociedad educada es base de la democracia y el desarrollo social y comunitario de la humanidad, si aseguramos incluso que el desarrollo tecnológico y productivo sostenible y respetuoso con el entorno se asegura con más y mejor educación, invirtamos en ella. No hay excusa. No puede haber dilación. En vez de rescatar a bancos, y destinar 60.000 millones de nuestros impuestos a los responsables en buena parte de la crisis, o rescatar autopistas de las grandes empresas y los empresarios de siempre o el Castor…, o tantas barbaridades, destinemos el dinero público a la educación pública. Ha sido voluntad política rescatar a los bancos. Se sacó dinero para ello. Que no nos digan que no se puede blindar la financiación de la educación pública para que, como mínim,o se invierta el 6% del Producto Interior Bruto que producimos anualmente. Y que se blinde constitucionalmente para que ningún gobierno lo pueda modificar. Es cuestión de voluntad política, porque dinero, como se dice tradicionalmente, “haberlo haylo” (si lo hay para rescates o para armamento, no va a haberlo para educación).
Dejemos por tanto de marear la perdiz. Es hora de abordar el futuro educativo en España. Y afrontar de forma clara y decidida el modelo de educación que queremos: pública, laica e inclusiva al servicio del bien común y considerada como un derecho para todos y todas; o concertada y privada, confesional y segregadora al servicio del interés privado y el negocio educativo, al servicio de la selección.
Tras el trabajo de varios años, amplios sectores del mundo de la educación (asociaciones, colectivos y movimientos de renovación pedagógica, sindicatos, organizaciones estudiantiles, confederaciones de asociaciones de familias y partidos políticos), han conseguido consensuar un Acuerdo Social y Político, surgido de la propia comunidad educativa, plasmando en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación una alternativa que sirva de base para un Pacto por una Educación Pública, Laica e Inclusiva que dé estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que necesitamos para el siglo XXI.
Solo es necesaria voluntad política para que se lleve a la práctica en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas en y por la educación pública, laica e inclusiva.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León
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