"La falta de inversión en infancia supone vulnerar los derechos de una persona durante toda su vida"

La adjunta del Defensor del Pueblo por los derechos de los Niños y Adolescentes, Maria Jesús Larios, considera que las políticas de atención y protección a la infancia son "cortoplacistas" y que los presupuestos no contemplan ayudas para garantizar los derechos recogidos en la Convención de Derechos de los Niños. Entrevista

María Jesús Larios, en la presentación de un Informe Sobre los Derechos de la Infancia del Síndic de Greuges

Sandra Vicente, el diari de l´educació, 25 de junio de 2018

Los presupuestos Generales del Estado, que fueron aprobados a finales de mayo, levantaron polémica por parte de diversas entidades y organizaciones para la defensa de los derechos de la infancia, como Save the Children, que denunció que, de los 1.560 millones comprometidos en el pacto de investidura para las familias, sólo se contemplan 346. Así, a pesar del discurso político que asegura que se está saliendo de la crisis, la pobreza infantil no para de crecer en Cataluña: según datos del IDESCAT, en 2016, 348.600 vivían bajo el umbral de la pobreza, dato que ha aumentado un 4% desde 2008.

Los que han sido llamados los "presupuestos más sociales de la historia" corren el riesgo de "condenar varias generaciones viviendo en la pobreza y demuestran que los niños quedan fuera de las prioridades políticas", según denunció la ONG. La cronificación de la pobreza infantil también ha sido seguida de cerca por el Síndic de Greuges, que ha elaborado varios informes analizando las políticas de protección a la infancia de los últimos años, unas medidas que "cada vez tienen unos umbrales más altos y que excluyen las familias que no están en pobreza severa ", afirma María Jesús Larios, adjunta del Defensor del Pueblo por los derechos de los Niños y Adolescentes. Estas medidas vulneran, según Larios, la convención de derechos de los niños, que estipula que todos deben tener un acceso equitativo a una buena calidad educativa.

Así, destaca el papel aglutinador de la escuela para la detección y la prevención de la pobreza, así como facilitadora de la acción de diversos servicios sociales. A las puertas del verano, cuando las escuelas cierran y la educación en el tiempo libre queda fuera del alcance de muchas familias, Larios aborda los retos para tratar y erradicar la pobreza infantil.

Se habla de retroceso de la crisis y de presupuestos sociales pero los informes del Síndic vemos que la pobreza infantil continúa creciendo

Hace muchos años que planteamos la necesidad de planes de choque ante las situaciones derivadas de la pérdida de ayudas y prestaciones, frutos de los recortes en los años más duros de la crisis. Desde 2012 constatamos en los informes que los que más han visto crecer exponencialmente su pobreza son los niños. Y lo que es peor: eso no entra en la agenda pública. Porque, a diferencia de otros colectivos también desprotegidos pero que tienen voz y son capaces de poner sus luchas en la agenda social, como han hecho los pensionistas, los niños, desgraciadamente no tienen ni voz ni voto, literalmente. Por tanto, el problema de la pobreza infantil no entra en la agenda, pero la realidad es muy tozuda y cada año vemos incrementos de entre el 20 y el 25% del riesgo de pobreza, datos que crecen y se estancan. Por mucho que nos digan que estamos saliendo de la crisis.

Tenemos grandes déficits de inversión en políticas sociales en general y de protección a la infancia y atención a la familia específicamente, tanto desde el Estado como desde Cataluña, en relación a la media europea. Este es un problema estructural que nos impide avanzar.

Cómo han evolucionado las prestaciones desde el comienzo de la crisis?

Hemos visto que las prestaciones económicas, aunque son diversas, suelen no llegar a todos los niños en situación de pobreza, porque tienen unos índices de elegibilidad muy bajos y excluyen aquellos que están en situaciones de riesgo de pobreza. Es lo mismo que ocurre con las becas comedor, que dejan fuera muchas familias que la necesitan, simplemente porque se miran sólo los ingresos y no los gastos. Si tenemos una familia con un sueldo que supera los umbrales de pobreza, pero que tiene que afrontar un alquiler en una ciudad como Barcelona, ​​seguramente tendrá necesidad de una beca comedor.

Esto no quita que se hayan hecho esfuerzos para implementar las políticas dirigidas a la infancia, pero estos esfuerzos se han dirigido sólo a los más vulnerables. Dejemos de lado toda una franja de personas que sufren precariedad y pobreza, pero que no entran a los estándares y esto vulnera el derecho que tienen todos los niños de recibir una educación de calidad en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa con el material escolar y las extraescolares? Se suspendieron las becas de material del Ministerio de Educación y todavía no las han volver a reimplantar.

Nos encontramos ante un problema estructural y de definición de la pobreza, que no significa sólo no tener dinero para pagar el alquiler o la comida. Así, como se ayuda a las familias que están por encima de los umbrales?

Evidentemente que hay situaciones de pobreza extrema, que son las más vulneradoras, y que deben abordarse desde la vivienda, los servicios sanitarios, las carencias severas de alimentación. Pero en cuanto a los déficits de la pobreza relativa debemos partir del reconocimiento de los derechos: los niños, estén en la situación que estén, tienen unos derechos que están reconocidos y que deben ser garantizados por las administraciones.

Se estipula el derecho a la educación plena en condiciones de igualdad, por lo tanto, no puede ser que un niño tenga menos oportunidades para que no pueda acceder a los libros, no pueda ir de colonias o pagar la sexta hora. Y en este sentido, hay que recordar que también se reconoce el derecho al ocio, que a menudo se ve como un capricho o, como mucho, como un complemento educativo.

El campo de la salud también presenta déficits : consideramos que está cubierto porque contamos con una prestación universal para los niños, pero hay aspectos que no están en la cartera de servicios. Desde medicamentos que no están subvencionados al 100%, hasta la odontología o las gafas. Se considera que el hecho de que un niño no pueda leer bien no es una necesidad básica y, en algunos casos, quien se hace cargo son los Servicios Sociales, tapando lo que las administraciones públicas no garantizan. Siguiendo este hilo, tampoco se puede dejar de lado la salud mental y emocional. Y así, derecho por derecho.

Hacen falta pues más políticas redistributivas, como es el caso de las tarifación Sociales en las guarderías?

La educación infantil de primer ciclo tiene un efecto directo en la evolución educativa, la adquisición de conocimientos y el rendimiento escolar en la vida futura. La no gratuidad de esta etapa hace que, por razones económicas, las familias que más uso deberían hacer no puedan pagarla y terminen asistiendo niños de familias en las que, probablemente, no les habría tanto porque ya tienen en el ámbito familiar unas condiciones más estimulantes y motivadoras.

La tarificación Social aplicada a ciudades como Barcelona es una opción redistributiva eficiente, pero se debería conseguir la financiación municipal de este servicio educativo por parte del Departamento de Enseñanza, teniendo en cuenta las desigualdades territoriales.

El jardín de infancia, así como las extraescolares o la educación en el tiempo libre, más allá de ser un aliado pedagógico también tienen un papel en la conciliación familiar. Así, a menudo nos encontramos con que las familias que más necesidad tienen de estos servicios, sobre todo en verano, con el cierre de los centros escolares, son las que más lo necesitan. 

Es un pez que se muerde la cola: a menudo los servicios gratuitos están destinados a las familias que están en paro. En este sentido hemos pedido muchas veces un umbral más bajo para conseguir las becas totales o una clasificación por puntos que dé más peso a las familias que trabajan pero en condiciones precarias para favorecer la conciliación laboral.

El ocio es un derecho, por eso pedimos políticas públicas de acompañamiento de todo tipo, no sólo económicas, sino de reconocimiento de la importancia del ocio como herramienta para la mejora de las capacidades cognitivas, relacionales y para el incremento del capital social y cultural de los niños. A menudo la percepción de la importancia de estas actividades varía según el nivel socioeconómico de las familias, por ello consideramos también que es importante que las escuelas hagan difusión de los servicios municipales como los centros cívicos o los cassals que proveen actividades sin barreras económicas.

Pero también se debería regular la presencia de espacios de ocio integradores, como los centros recreativos o los grupos scouts, porque no están presentes en todos los barrios; los hay con mucha concentración y algunas zonas periféricas que necesitarían más planes territoriales coordinados no tienen movimientos de ocio . A veces nos encontramos con impedimentos absurdos para que las familias accedan a esta educación. Es por ello que es necesario eliminar la frontera entre las actividades de ocio educativo y la educación formal.

¿Cuál es el papel de la escuela a la hora de detectar y gestionar estas necesidades?

La escuela es un nexo muy integrador para servicios a los que muchas familias no acceden con facilidad. Los centros educativos deberían ser un conectar las familias con la red de ocio comunitaria. Pero esto también es un pez que se muerde la cola para que las escuelas con una distribución del alumnado equilibrada y una situación socioeconómica estable tienen AMPAs fuertes capaces de organizar actividades muy potentes. Pero las escuelas donde las AMPAs son prácticamente inexistentes necesitan de la administración como dinamizadora.

El papel de nexo de la escuela no es sólo importante en temas de ocio; es muy clave también en los recursos de atención a la salud mental. Muchas veces desde el CESMIJ se nos ha pedido tener presencia en las escuelas porque hay muchas familias que tienen reticencias a llevar a los niños a este tipo de servicios. No es necesario que la atención se realice en los centros, pero sí que los recursos tengan acceso para poder hacer detección y prevención.

Las escuelas son un observador privilegiado de la realidad de los niños y deben tener una relación muy estrecha con Servicios Sociales para identificar situaciones de riesgo. Pero no debemos olvidar que es un servicio que no siempre tiene la capacidad ni los recursos para atender todas las casuísticas que lo necesitan. Como derivado de la crisis, se están derivando las capacidades atender casos de necesidad extrema y no tienen recursos para hacer prevención.

Tenemos que ser muy conscientes de que la falta de inversión en la infancia supone vulnerar derechos de manera intensa: las carencias en la infancia suponen falta de oportunidades durante toda la vida. En cambio, invertir en infancia supone garantizar plenamente los derechos y también tendrá efectos positivos a nivel económico, ya que todo lo que se pueda garantizar en la infancia, supone menos gasto público en un futuro. Pero esto no se suele contemplar porque tenemos políticas muy a corto plazo.