La aprobación del TTIP implicaría el desmantelamiento programado de los sistemas públicos de educación y la instauración de un mercado educativo global abierto a una mayor privatización.
Desde el verano de 2013 las más altas instancias político-financieras de la Unión Europea y de los Estados Unidos gestan la aprobación del TTIP (siglas en inglés del Tratado transatlántico de comercio e inversiones UE-EEUU), con el objetivo de eliminar las barreras al comercio de bienes y servicios y proteger los derechos de los inversores, concretamente de las grandes corporaciones transnacionales.
Esto se realizará a través de la eliminación de aranceles a la importación, la armonización reglamentaria y la instauración de mecanismos ISDS (siglas en inglés del Mecanismo de solución de controversias Inversores-Estado), tribunales privados situados fuera de los sistemas de justicia estatales y supraestatales, creados con el objetivo de resolver los conflictos de intereses entre empresas y estados, por ejemplo, cuando las empresas consideren que las leyes relacionadas con los servicios públicos de salud, medio ambiente o protección social interfieren en sus beneficios presentes o futuros.
De aprobarse, el tratado sentenciaría el secuestro de la soberanía en manos de empresas transnacionales. Bajo el pretexto de estimular el crecimiento económico y con el objetivo de una supuesta creación de puestos de trabajo, el TTIP supondría la destrucción de la protección social, los servicios básicos, la destrucción del medio ambiente y el desvío de los derechos legales, jurídicos, sociales y políticos de la ciudadanía a las corporaciones.
¿Y qué pasará concretamente con la educación?
Si la educación fuera entendida como un proyecto social que forma parte del bien común de una sociedad y que no debe estar sujeta a las reglas de la economía, de la especulación o relacionada con el lucro, el TTIP no debería tener repercusiones sobre ella.
Pero contrariamente, detrás de la retórica apologética del libre comercio, la aprobación del tratado implicaría el desmantelamiento programado de los sistemas públicos de educación y la instauración de un mercado educativo global, abierto a una mayor privatización y en el que resultaría imposible para cualquier gobierno regular la actividad de las compañías privadas. En definitiva, la educación se vería relegada a los intereses económicos de las transnacionales que sólo buscan su beneficio, todo lo contrario de lo que reclamamos desde diversas instancias sociales, como la Campaña No al TTIP : el indispensable cambio del paradigma economicista de la rentabilidad, la productividad y la competitividad en el paradigma del post-desarrollo, de la colaboración y del sentido común.
Todos los servicios públicos - y en particular la educación - deben ser protegidos de cualquier tratado comercial. Aunque el Ttipia tendrá amplias consecuencias sobre la vida de las personas, su aprobación se está realizando en secreto, sin informar correctamente a la población de los riesgos que este cambio produciría. Por este motivo tenemos que hacer crecer la campaña contra el TTIP.
Recordemos, por último, las palabras de la Susan George en las Jornadas TTIP: Soberanía secuestrada, derechos en peligro y celebradas en Barcelona el pasado mes de octubre: "Ganaremos esta lucha. Y para conseguir la victoria debemos utilizar la estrategia del vampiro: si sacamos el vampiro a la luz, el vampiro muere ".
Silvia Grünig Iribarren
Miembro de la Plataforma Cataluña No al TTIP, del GRIEGOS - Grupo de investigación sobre exclusión y control social de la UB y de la Asociación de Estudios de Post-Desarrollo La ligne d'horizon-Las amigos de François parte (Francia)
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