Ley Wert: ¿Hay diferencias entre PP y PSOE en materia de educación?

Una de las formas de "archivar" textos interesantes (evitando así pérdidas de enlaces) es, naturalmente, el "corta y pega": lo que  se hace en esta entrada que recoge el artículo aparecido en el periódico Diagonal Asturies el 2 de julio de 2013.    [En PDF  /  En Prensa]

NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA, UN LARGO PEREGRINAR DESDE LOS AÑOS 80

Lay Wert: ¿Hay diferencias entre PPy PSOE en materia de educación?

BORJA LLORENTE ÁLVAREZ. Pedagogo. Profesor técnico de Servicios a la Comunidad.

Manifestación contra la Ley Wert en Uviéu el pasado 9 de Mayo / JORGE VALDÉS MONTES

Una idea ha calado hondo entre el conjunto de la población: la educación en nuestro país está casi peor que nuestra economía y esto se debe a la ausencia de consenso entre los grandes partidos y al gran número de leyes (reformas y contrarreformas) que han sido aprobadas tras la Transición. Justamente sucede lo contrario: existe un consenso entre las fuerzas del sistema en educación tan solvente como los que existen a nivel económico, judicial o sanitario. Sólo los matices ideológicos y los tiempos en la aplicación de las medidas mercantilizadoras diferencian la política educativa de PSOE y PP.

La génesis de los sistemas educativos modernos.

La extensión de los sistemas educativos modernos tiene como hito histórico la revolución francesa, donde la burguesía busca asegurar una mínima igualdad de oportunidades para todas las ciudadanas y ciudadanos. El título nobiliario de la organización social aristocrática anterior sería sustituido como pasaporte de movilidad social por el título académico. La escolarización pretende conseguir que la derrota del antiguo régimen en la esfera material lo sea también en el campo ideológico: “El lazo más fuerte que puede unir a todos los miembros de una sociedad es la semejanza de sus principios, y esta semejanza sólo puede existir como resultado de la enseñanza otorgada a todos los ciudadanos” (Saint-Simón). Además, se persigue crear cohesión social en torno no ya a una persona -el Rey- o un proyecto religioso -la iglesia católica- sino al proyecto de estado moderno de corte burgués y, para ello, debe asegurarse la configuración de un potente aparato ideológico a través de la escuela. En España, como las guillotinas no llegaron a palacio, las cosas fueron más despacio. La Ley Moyano (1857) que se mantuvo vigente con pequeños cambios hasta 1970, marcó la senda del devenir de la instrucción pública prácticamente hasta que el franquismo daba sus últimos coletazos, al menos, oficiosamente.

De cómo hemos llegado hasta aquí: 1985-2011.

El profesor Apple (1995) agrupa las tendencias de la derecha en educación en torno a dos tipos de medidas. De un lado, las de corte neoliberal, que persiguen la mercantilización de la enseñanza y, de otro, las de corte neoconservador, que tienen por objetivo asegurarse el control efectivo del sistema educativo a nivel ideológico. La espiral mercantilizadora en España comienza cuando el PSOE asume como mal menor la renuncia a la “escuela única” que había caracterizado su programa educativo desde los años 20 del siglo pasado. Así reconocen a la enseñanza concertada en pie de igualdad de la pública al hablar únicamente de “centros sostenidos con fondos públicos” en la LODE (1985). Esta renuncia, a cambio de “hacer más pública” la enseñanza concertada, al establecer la participación de las familias y alumnos en los órganos de gobierno de los centros concertados fue el pistoletazo de salida de lo que vendría después.

La LOGSE (1990), a su vez, consagra la doble red pública-privada y un modelo de currículum que responde a su visión más federalizante del estado respecto al PP al repartir la configuración del currículo en al menos, un 55% para el estado y un 45%, como máximo, para las comunidades autónomas. Entre los aspectos positivos figura la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, se consolidan los Consejos Escolares instaurados en la LODE e incluye algunos ribetes de comprehensividad en su modelo educativo. La LOPEGCE (1995), aprobada un año antes del fin del gobierno de Felipe González, resolvió la tesitura de dar más protagonismo a las familias y aumentar la “calidad” de la enseñanza desde unos postulados radicalmente neoliberales. Partió de tres premisas: a) crear distritos únicos para que las familias puedan elegir un centro de acuerdo a sus convicciones y deseos; b) dar autonomía a los centros para que se financien y organicen conforme a su modelo educativo y de funcionamiento de tal manera que ofrezcan “productos” diferenciados; y c) los centros deben esforzarse en mejorar para captar más clientes de modo que se consigue una mejora general de la “calidad” educativa. Frente a ese modelo, la propuesta desde la izquierda era más sencilla e igualitaria pero más tediosa para la administración: un modelo de proximidad. Cada alumno o alumna estudiaría en el centro de su barrio dando a las familias más protagonismo en los centros y también al alumnado. De este modo, la administración no tendría más remedio -si no quería padecer movilizaciones educativas- que dotar de recursos suficientes a todos y cada uno de los centros públicos que, funcionando de forma democrática, con la participación de madres y padres, alumnado y profesorado, perseguirían el bien común de cada centro.

Establecido este modelo de cuasimercado, el PP ya tenía el trabajo sucio realizado cuando llegó al poder en 1996. La LOCE (2002) únicamente aceleraba la configuración de los distritos únicos, otorgando una mayor libertad de elección a las familias y ahondando en una gestión más empresarial de los centros. El PP, asimismo, puso cierto énfasis en los componentes neoconservadores que diferencian a ambos partidos en el campo de la educación. La primera medida tenía que ver con el modelo de estado, -conscientes de lo que un día dijo Rousseau apropósito de que “la verdadera educación es la que debe dar a las almas la forma de la educación nacional y dirigir de tal modo sus opiniones y gustos, que sean patriotas por inclinación, por pasión, por necesidad.”- recentralizando en lo posible la educación. Para asegurarse el control ideológico del currículo se impulsó la creación de las conocidas reválidas. Además, pretendió contentar al sector más conservador del profesorado con bonitas y rimbombantes palabras acerca de la autoridad.

El PSOE lo tuvo fácil para diferenciarse del PP cuando volvió al poder en 2004. Renunció a corregir el disparate de equiparar pública y concertada y siguió hablando de “centros sostenidos con fondos públicos” pero derogó la LOCE del PP y aprobó una Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) que sólo retocaba algunos aspectos de la LOGSE y LOCE: dejó de hablar de integración (ahora inclusión) y contentó a las derechas nacionalistas catalanas y vascas volviendo a otorgarles el protagonismo que una vez el PP intentó arrebatarles en cuanto al control ideológico del currículo y la gestión del sistema educativo. No revisó los acuerdos con el Vaticano en cuanto a enseñanza de la religión –a pesar de una mayoría social que lo apoyaba- y la religión siguió en las escuelas públicas a cambio de la creación de una nueva asignatura, la educación para la ciudadanía, que además cumplió brillantemente con el cometido de diferenciar a los dos partidos mayoritarios en lo accesorio ocultando el consenso en lo fundamental.

La Ley Wert: neoliberalismo y neoconservadurismo.

La LOMCE, o Ley Wert, del actual gobierno de Mariano Rajoy es un ataque brutal a la enseñanza pública, a la participación democrática de la comunidad educativa en los centros y a la igualdad de oportunidades. Pretende profesionalizar la gestión del gobierno de los centros acabando con el poco margen de decisión que tenían los Consejos Escolares y potenciando la figura del director. Convierte de facto la enseñanza pública en subsidiaria de la concertada. Se trata de dar rango legal a lo que es un hecho -tres sistemas educativos para tres clases sociales-: una enseñanza privada para las élites, una enseñanza concertada para las denominadas “clases medias” y una enseñanza pública para las clases populares.

Llama la atención la supresión de la Prueba de Acceso a la Universidad y su sustitución por dos pruebas. La primera será una reválida al acabar el segundo curso de bachillerato que tendrá un peso del 40% sobre la nota final del bachillerato. Posteriormente, deberán superar las pruebas específicas que las universidades podrán incluir en determinados estudios. En la práctica podría suponer la expulsión de los estudiantes procedentes de la enseñanza pública de tales estudios, conocida la afición de determinados centros privados por inflar los expedientes de su alumnado para evitar que las pruebas generales -como la consabida reválida o la extinta PAU- jueguen malas pasadas a su alumnado. Y si aun así no se les logra siempre les quedará la universidad privada cuya principal prueba de acceso será la capacidad económica de las familias o tirar de otro de los criterios de admisión previstos en la ley: “la formación complementaria”, que seguramente los centros privados ofrecerán a sus bachilleres previo paso por caja.

En este mismo sentido, se pretende tomar medidas absolutamente aberrantes como la diferenciación curricular entre los centros desde primaria dividiendo el currículo en bloques de materias. Será un absurdo: habrá un mayor control de los contenidos por la administración central en todo el estado, mientras dos centros que se encuentren a escasa distancia física llegarán a ofertar asignaturas diferentes desde el primer curso de primaria. Como guinda, se re-instaura la doble vía al acabar la enseñanza obligatoria creando dos itinerarios en cuarto de ESO: uno dirigido a la FP y otro al bachillerato. Seguramente la más nociva de cuantas medidas propone la Ley Wert sea esta “especialización” de los centros, eufemística manera de ocultar la diferenciación de los mismos y su clasificación en rankings previas evaluaciones públicas auspiciadas por la administración. Sin lugar a dudas, dará lugar a centros de primera, de segunda y tercera categoría y surgirán, como no, centros-ghetto. Por ello, la Ley Wert supone la consagración del modelo neoliberal aplicado a la enseñanza. Un viaje que no comenzó el 20 de Noviembre de 2011 con la llegada del PP al poder sino mucho antes, cuando una parte de la izquierda decidió renunciar a sus supuestas señas de identidad en educación. Tristemente, para que el Partido Popular pueda construir semejante esperpento, alguien antes colocó los cimientos.