jueves, 20 de junio de 2013

Argumentos para contestar a un defensor de la LOMCE





Silvino Lantero publicaba, en La Nueva España del 25 de mayo, un artículo que tituló La reforma educativa de la LOMCE, Luces y sombras de la nueva ley de enseñanza.

Naturalmente entre las luces, las reválidas, la centralidad de la religión en el currículum (aunque no es obligatoria como quisiera) o los conciertos educativos con centros que segregan por sexo, y las sombras, que se "queda corta". Algunos ejemplos:

No se resuelve el problema del atropello lingüístico en Cataluña y en otras regiones que impiden estudiar en nuestra excelente lengua española.
La LOMCE consolida, con tímidos retoques, la escuela comprensiva unificada, que llega hasta los 16 años
La libertad de enseñanza queda en el olvido más absoluto
.......
Desde el Movimiento Social por la Escuela Pública se planteó la necesidad de dar cumplida respuesta a las opiniones del señor Lantero. El resultado este texto que transcribimos en su totalidad, dado que para su publicación en prensa necesariamente tuvo que ser recortado (La Nueva España, 15 de mayo,  La reforma educativa del señor Lantero. Argumentos para contestar a un defensor de la LOMCE.




TEXTO completo:

Nos alegramos de que encuentre usted algunas normas positivas en el proyecto de Ley Orgánica  para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, y pendiente de discusión parlamentaria. Decimos que nos alegramos porque ni nosotros ni la inmensa mayoría de docentes, madres y padres, alumnado y ciudadanía en general somos capaces de vislumbrarlas. Prueba de ello es la amplísima contestación social que esta ley está provocando. Prueba de ello es la convocatoria de la huelga educativa general del pasado 9 de mayo y el amplísimo seguimiento que tuvo. Y cabe recordar que estuvo convocada en todo el Estado y para todos los niveles educativos, desde educación infantil a universidad, cosa insólita en la historia educativa de este país.  En todo caso, y con la mejor voluntad de hacernos permeables a su optimismo, intentaremos esforzarnos en entrever, al menos, esas normas positivas que menciona en su artículo. Veamos:

Considera usted positivas las evaluaciones finales individualizadas externas como condición de titulación. Como seguramente recordará, quienes tenemos ya cierta edad y estudiamos en la década de los 60 tuvimos que sufrir la existencia de muchas evaluaciones de este tipo: un examen de ingreso a los 10 años para poder acceder a los estudios de bachiller elemental; una reválida de 4º a los 14 años para poder acceder a los estudios de bachiller superior; una reválidad de 6º a los 16 años para poder acceder a los estudios de PREU o COU y, por último, una prueba de acceso a la universidad. En los estudios de oficialía y maestría ocurría otro tanto. Las pruebas que ahora se proponen son, si cabe, muchísimo más restrictivas puesto que no solo limitan el acceso a la continuación de los estudios, sino que condicionan la titulación de los estudios ya cursados.

Aunque quizás no recuerde usted tan bien que tales evaluaciones o reválidas nada aportaron a la mejora del sistema educativo, sino que se limitaron a configurarlo como altamente selectivo y clasista. Tal y como se reconoce en el propio “Libro Blanco” de la educación en España de 1969, diagnóstico previo a la elaboración de la Ley General de Educación de 1970: “las cifras actuales son francamente desconsoladoras, por debajo de otros países europeos: de cada 100 alumnos que iniciaron la enseñanza primaria en 1951, 27 ingresaron en la enseñanza media, 18 aprobaron examen de estado del bachillerato elemental, 10 el de superior, 5 las pruebas de madurez del curso preuniversitario y sólo 3 llegaron a terminar sus estudios universitarios en 1967”. Puede que lo que alguna gente añore y eche en falta sea precisamente eso: un sistema segregador y clasista que abandone a los más y se centre en los menos. Total, para el mercado de trabajo que tenemos...

Considera usted de elemental derecho en un ámbito democrático el que las administraciones se encuentren obligadas por ley a establecer conciertos con centros educativos que segregen por sexo como los del Opus Dei. Lo cual, a nuestro entender, genera por lo menos dos problemas. Primero, esa concepción de la educación: coeducación y educación diferenciada/segregada no son opciones equiparables ni mucho menos. Parecería un sinsentido gastar tiempo, esfuerzo y dinero público en favorecer programas de igualdad, mientras que pagamos, con el mismo dinero público, centros segregados por sexo. Y segundo, esa concepción del derecho que entendemos que debería comenzar por el cumplimiento de las sentencias firmes del Tribunal Supremo al respecto. A lo mejor, el derecho de los padres (¿y madres?) sobre la educación de sus hijos no puede ser ilimitado y, en todo caso, no puede ser sufragado con fondos públicos.

Considera usted una muy buena noticia para la libertad la desaparición de la Educación para la Ciudadanía, propia del leninismo soviético. Nuestras disculpas; nos habían engañado; no nos habíamos dado cuenta. Nosotros, que trabajamos en los centros educativos, que conocemos los libros de texto, que estamos en contacto con el profesorado de la asignatura pensábamos que se trataba de formar de futuros ciudadanos críticos, libres y responsables. Pero quizás estábamos equivocados, y eso se hace en clase de religión católica.

Considera usted que ya era hora de que se diera cumplimiento al «Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 sobre la enseñanza». Nosotros creemos, en cambio, que los Acuerdos Estado-Santa Sede son unos acuerdos preconstitucionales (en tanto que fueron negociados con anterioridad a la promulgación de la Constitución Española de 1978), herederos del Concordato de 1953 y del acuerdo de 1976 para la revisión del mismo. Y que estos acuerdos no hacen sino mantener una situación de privilegio para la iglesia católica, absolutamente fuera de lugar en un estado aconfesional, y que ninguna administración política de la democracia se ha atrevido a denunciar. Esta es una situación absolutamente anacrónica, unica en Europa y ha tenido que ser la propia Unión Europea quien la denunciara en varias ocasiones. En todo caso, si tanto le preocupa el cumplimiento de dichos Acuerdos, podría comenzar denunciando el incumplimiento del artículo II.5 “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Vamos ya para 35 años desde entonces y la iglesia católica de este país sigue siendo sufragada con el dinero de toda la ciudadanía; no con el de sus fieles mediante algún impuesto religiosos como en Alemania, por ejemplo.

Considera usted un problema el atropello lingüístico en Cataluña y en otras regiones que impiden estudiar en nuestra excelente lengua española. Pero no se preocupe. Las pruebas Pisa y otras tantas que tan presentes tienen los desarrolladores de la LOMCE (y que tan descaradamente manipulan) muestran con claridad que en Cataluña y otras regiones los resultados obtenidos en nuestra excelente lengua española son mejores que los obtenidos en otras regiones de la península e insulares. Creemos posible garantizar la pervivencia de la citada lengua, incluso sin la implantación de esta nefasta ley.

Considera usted que la LOMCE consolida, con tímidos retoques, la escuela comprensiva unificada, que llega hasta los 16 años. Y aquí nuestro estupor se dispara. ¿De verdad que se ha leido usted la ley? Y continúa defendiendo que, como mínimo, deberían existir tres opciones básicas. Una, la actual, llamada escuela unificada, hasta los dieciséis años, otra de carácter preprofesional y una tercera de un Bachillerato de alto nivel académico. Pues habría que cambiarle el nombre a la primera opción porque de escuela unificada, nada de nada.

Considera usted preocupante el desarrollo integral de la personalidad y la necesidad de virtudes. Compartimos su preocupación. Precisamente por ello defendemos el mantenimiento de asignaturas minusvaloradas como la filosofía y la educación para la ciudadanía. Porque el desarrollo de la personalidad se construye en sociedad y los valores que defendemos son los comunes propios de la ciudadanía de esa sociedad y no los de una determinada confesión religiosa.

Considera usted que las consejerías de educación no deberían tener atribución alguna sobre centros privados, que estarían, en cuanto a conciertos y a la regulación general, en relación con del Gobierno de España. En la actualidad, el sistema de conciertos educativos supone, de facto, una auténtica fuente de segregación social. Se mire como se mire, la composición social del alumnado y de las familias de los centros privados concertados es sustancialmente diferente de la de los centros públicos. Disminuir la regulación provoca, necesariamente, un incremento de esa segregación.

Considera usted que no es de recibo que el coste medio de un puesto escolar de la mal llamada escuela pública duplique prácticamente el de un centro privado concertado. Y es que eso no es así. Las últimas afirmaciones en ese sentido incluian las asignaciones directas a conciertos educativos en el coste de los centros privados-concertados y todo el resto del gasto de ministerio y consejerías autónomas en el coste de los centros públicos; incluidos los salarios de toda la inspección educativa, por ejemplo. Y tampoco se consideran dos cosas más: las aportaciones “voluntarias” de las familias y la distribución geográfica de los centros, dada la curiosa inexistencia de escuelas rurales privadas-concertadas.

Cabe recordar que el nuestro es un país con un elevadísimo nivel de privatización del sistema educativo (solo dos países nos superan en el ámbito europeo, Irlanda y Países Bajos, y uno en el ámbito iberoamericano, Chile). Sin embargo, países en los que nos miramos cuando alabamos ciertos resultados académicos tienen una escuela pública muy mayoritaria (Finlandia  95%). Cabe recordar, también, que nuestra enseñanza privada es, además, confesional, dado que se encuentra en su gran mayoría en manos de la iglesia católica, cosa inusual en otros países.

Y cabe señalar, por último, que no existen evidencias empíricas que demuestren que a mayores niveles de privatización  (la LOMCE incrementa la duración de los conciertos educativos en primaria de 4 a un mínimo de 6 años) mejoren los resultados académicos ni disminuyan los costes educativos. Si los hay, en cambio, que avalan la relación existente entre mayores niveles de privatización y mayor desigualdad y segregación social. Pero bueno, a lo mejor es el precio que algunos están dispuestos a pagar con tal de privatizarlo todo. Todo, todo.
Movimiento Social por la Escuela Pública – Asturias
26 de mayo de 2013




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