El ministro José Ignacio Wert,
desde el primer día de su nombramiento, no ha parado de hacer declaraciones
apresuradas sobre los propósitos (y despropósitos) del gobierno del PP en
materia educativa. En una primera impresión, las medidas anunciadas en cascada
pudieran parecer improvisadas y faltas de racionalidad. Pero, tal vez, esa
puesta en escena -como la representada por el conjunto del gobierno y, en
particular, por los ministros económicos- tengan una intención premeditada.
Pretenden, ante todo, producir miedo y desconcierto en el “enemigo” (los
simples ciudadanos), crear un cierto estado de shock -como lo describe Naomi Klein
en su conocido libro-, que logre paralizar cualquier tipo de respuesta y
preparar el terreno para encajar golpes que, uno a uno o en condiciones
normales, levantarían fuertes resistencias.
En el
caso de la enseñanza, se trata de desarmar ideológica y moralmente al conjunto
de la sociedad, y en particular al profesorado, respecto a las demandas, largo
tiempo asentadas, acerca de una educación pública, gratuita y accesible para
todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante. Quieren
transmitir la idea de que se impone y se impondrá (“haremos lo que hay que
hacer”) un cambio profundo de todo el sistema educativo, dando por sentado que
el actual es obsoleto, ineficaz de cara a las exigencias del mercado laboral y,
sobre todo, insostenible en tiempos de “crisis”, austeridad y recorte
“obligado” del gasto público: cualquier situación presente, garantías y
derechos, pueden ser sometidos a revisión y revocados de la noche a la mañana.
1.
En continuidad con una orientación que viene de lejos
Los
proyectos, todavía apenas desvelados, no son tan novedosos como para cogernos
desprevenidos: están en continuidad con los principios que inspiran desde hace
décadas la ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, incluidas la
sanidad y la educación. Su “liberalización” -a la par de otros sectores que ya
han puesto en circulación en el “mercado”- implica el recorte del gasto público, su desregulación y progresiva privatización . La denuncia de ese proceso,
no siempre lineal (porque la movilización y las demandas sociales también
entran en juego y han logrado frenarlo en más de una ocasión), ha sido el eje
del análisis que ha venido realizando nuestro Colectivo.
Todas
las pretendidas “reformas democráticas” de la enseñanza, en lo esencial, han
ido en esa dirección. Poco a poco, se han introducido los referentes
ideológicos y pautas de actuación de la OCDE y la UE, cuyas directrices,
siempre en función de los intereses patronales, han terminado por aceptar
sumisamente la mayoría de los países. En el nuestro, con desiguales ritmos y
resultados, los distintos gobiernos centrales y autonómicos han ido avanzando
en el retroceso y degradación de la enseñanza pública, favoreciendo la
expansión de los centros privados y concertados. Bien es cierto que hasta el
presente, y gracias a la constante movilización social, no se habían atrevido a
tocar seriamente las partidas destinadas a educación, la regulación del sistema
educativo y el status de la función docente.
2.
Aprovechar la “crisis” para dar un salto cualitativo
Sería,
sin embargo, un error de bulto pensar que tampoco ahora piensan llegar mucho
más allá, que sólo habrá “algo más de lo mismo”. Por el contrario, algunos
pensamos que lo que se va a poner sobre la mesa no es “otra reforma” educativa,
con sesgos más conservadores (tipo LOCE), sino un avance decisivo en el
desmantelamiento directo del sistema público de educación.
Bueno
será tomar conciencia del momento trascendental que estamos viviendo. El
espantajo de la “crisis” de nunca acabar se está utilizando para imponer un
retroceso social inédito en los países europeos desde finales de la Segunda
Guerra Mundial. Pero no incide de igual manera en todos los países. Para
algunos, como Grecia, Irlanda, Portugal y también España o Italia, los planes
de Bruselas y del FMI (junto con los ataques de los capitales especulativos)
pueden suponer la ruina y empobrecimiento generalizado de la mayoría de la
población. En nuestro caso, como hace de forma palmaria la reforma laboral, la
eliminación de derechos democráticos y constitucionales nos retrotrae a
situaciones de precariedad y desprotección de muchas décadas atrás.
Aparte
de las convicciones ideológicas del gobierno del PP y sus fieles seguidores, los
contenidos filtrados de la famosa “carta” del BCE en el pasado septiembre al
gobierno español (nunca hecha pública ni por Zapatero ni por Rajoy) parecen
tajantes: el apoyo financiero para capear los problemas de liquidez y de la
deuda está condicionado a “reformas” que precipiten: a) un trasvase de rentas
salariales a rentas del capital del orden del 15% al 20% (“reforma laboral”);
b) acometer un plan serio de privatización de los sectores públicos y, muy en
concreto, de la sanidad y la educación (reformas pendientes de precisar). La
Comisión de la UE y agencias de calificación crediticia, como Moody's
Corporation, acaban de insistir en lo mismo. Así de graves son los planes,
ligados al objetivo de reducir el déficit público al 3% en dos años, con los que
el gobierno español se ha comprometido.
3.
Las previsibles líneas de ataque
Olvidado
el discurso anterior sobre el avance hacia un “nuevo modelo productivo” y la
“sociedad del conocimiento”, y metidos en una recesión sin fondo ni fecha de
salida, la “adecuación” del sistema educativo a las “necesidades de la
economía”, asume nuevos imperativos. De una parte, un recorte sin precedentes
del gasto público (el ministro ya ha anunciado que la responsabilidad del gasto
educativo debe ser compartida con la familias). De otra, y siguiendo los dogmas
neoliberales sobre la educación, una mayor vinculación de ésta a un mercado
laboral, ahora más precario que nunca (insisten en que sobra formación que no
se va a utilizar y califican de despilfarro crear titulados que tienen que
emigrar fuera para buscarse la vida).
Aunque
todavía se está en periodo de tanteo sobre las medidas más efectivas, el
gobierno y nuestro locuaz ministro no han ocultado que Madrid es guía y modelo
de por dónde avanzar en todas partes, sin despreciar otras iniciativas de
CC.AA. prestas a competir en ocurrencias y desmanes (Cataluña, Valencia,…). Ese
“modelo”, muy parecido a lo que se está haciendo en otro servicio básico como
la sanidad, se plantea como horizonte:
a) En primer lugar, y de forma perentoria, recortes presupuestarios muy superiores
a los conocidos en el presente curso. Tarea encomendada, sobre todo, a
gobiernos autonómicos y municipales por tener transferidas las competencias.
Aparte de una reducción severa de efectivos (menos profesores con más horas y
más alumnos) y eliminar recursos habituales y compensatorios en la Escuela
Pública, su degradación y encogimiento deben ir paralelas a la promoción de las
fórmulas de “copago”.
Efectivamente,
como insisten los anuncios publicitarios puestos en marcha, “un puesto escolar
privado es más barato que uno público”, porque, aparte de no atender zonas y
pueblos no rentables, lo pagan en su totalidad o en parte las familias
(mediante cuotas y “donaciones” complementarias e ilegales en el caso de los
concertados). La patronal privada propone pasar directamente a la fórmula del
“cheque escolar” en todos los niveles y redes de centros: una subvención igual
e individual para todos los alumnos, que las familias se verían obligadas a
complementar de acuerdo con el nivel de calidad y costes de cada centro. Un
primer paso en esa dirección es la desgravación en la declaración de la renta
por el gasto educativo de las familias que escolarizan a sus hijos en centros
privados.
b) En
segundo lugar, y vinculado a lo anterior: puesto que la escolarización en
centros privados sale más barato al estado, el objetivo será extender los
procesos de privatización hasta dejar la enseñanza
pública gratuita en situación marginal y mínima calidad, a modo de beneficencia
para los sectores más depauperados. Ya lo es en buena parte de la Comunidad de
Madrid, donde la privada suma el 48%, y aún más en Madrid capital donde llega
al 67%. Avanzar hacia esos porcentajes a escala estatal supondría,
efectivamente, cambiar de modelo y un buen ahorro de gasto público (y mayor
coste para las familias), sin descartar otras formas de copago en los propios
centros públicos (la eliminación de becas de comedor, libros, matrícula,... ya
son un anticipo).
La
concertación de todo el Bachillerato, al iniciarse dentro de la etapa
obligatoria, y la reducción paralela de los grupos que lo cursen en los IES
puede ser una de las primeras decisiones. La progresiva implantación de la
“formación dual” (pese al débil tejido industrial español), con incentivos a
las empresas y facilitando un tipo de contrato aún más precario que los ya
decretados, puede llevar a un desmantelamiento acelerado de la FP pública y del
costoso mantenimiento de sus instalaciones.
Tampoco
hay que descartar que, ante la incapacidad de ayuntamientos y CC.AA. de
mantener siquiera los centros públicos, no se limiten a facilitar terrenos
gratis a los privados y priorizar su construcción, sino que cedan algunos
colegios públicos a entidades privadas, como se está haciendo con los hospitales
(y ya se intentó con el CEIP de El Álamo, siguiendo un ejemplo extendido en
Gran Bretaña).
c) En
tercer lugar, el avance hacia distintas formas de privatización del grueso del
sistema educativo exige la desregulación del propio sistema. Se trata de
romper las fronteras entre lo público y lo privado, favoreciendo su
interpenetración y confusión: un sistema público, regido y regulado por sus
propias normas y leyes (y, por tanto, poco “flexible”), es inasumible por las
empresas privadas que, como han hecho en la apropiación de otros servicios
públicos, exigen su previa “liberalización” y rentabilidad, de acuerdo con las
leyes del mercado.
Se
empezó por “externalizar” servicios como limpieza y comedores. Se ha continuado
con encomendar a entidades privadas (con o sin “ánimo de lucro”) programas de
refuerzo y actividades extraescolares. Ahora se va más allá, introduciendo
dentro del currículo académico y del horario lectivo personal privado y ajeno a
los requisitos de acceso a la función docente (nuevo tipo de contratos a
“irlandeses”, fundación Botín “Empieza por educar”, etc.). También se deriva
hacia entidades privadas funciones de control y evaluación del sistema
(formación del profesorado, evaluación de centros,…).
Se
trata, en definitiva, de desestructurar la función pública, empezando por el
propio cuerpo de funcionarios públicos y sus “privilegios”. No sólo la
organización y gobernanza de los centros públicos han de asimilarse al “modelo
de gestión privada”, como se viene postulando, sino que también lo han de ser
las condiciones del profesorado. Así, además de configurar un personal docente
más flexible y precario, podrá ser fácilmente intercambiable y reconvertible a
las condiciones que rigen, por ejemplo, en un centro concertado. Para empezar:
¿Por qué no una bolsa común de profesores en paro administrada por ETTs -ahora
autorizadas para gestionar empleo público- para ofrecer indistintamente puestos
de trabajo para unos y otros centros?
4.
Una formación precaria para un mercado laboral precario
Como se
ha dicho más arriba, el discurso políticamente correcto hasta hace poco vigente
hablaba de buscar salida a la crisis ganando en “competitividad” sobre la base
de un “nuevo modelo productivo”, orientado hacia sectores de “alto valor
añadido”, que exigen más formación y cualificación, en el marco de una
“sociedad del conocimiento y la información”, con un desarrollo significativo
en I+D, y bla, bla, bla. Ese discurso ha quedado arrumbado, empezando porque no
hay impulso sino reducción o desmantelamiento de las escasas infraestructuras
de investigación; no hay nuevo modelo productivo sino cierres de empresas y
recesión, pérdida masiva de empleos en todos los sectores y en todos los
niveles de cualificación.
Ahora la
competitividad estriba exclusivamente en recortar gasto e inversiones por
doquier y rebajar las condiciones laborales hasta emular “la cultura del
esfuerzo del pueblo chino”, según propone uno de los prohombres de la patronal.
Esto es: incrementar hasta límites insospechados los niveles de explotación y
desprotección.
En las
condiciones presentes, hay que abandonar definitivamente los postulados de
igualdad y acceso generalizado a la formación, como bien social y derecho
democrático de todos los ciudadanos a la educación, tal como se ha mantenido
siquiera formalmente. Los mensajes actuales, y con todo descaro, van en sentido
contrario:
- La
Educación Superior quedará reservada sólo para una élite “excelente”, académica
y económicamente (el frágil y contraído mercado español no necesita tantos
titulados superiores), sobre la base de encarecer mucho más las matrículas
(especialmente los másters) y reducir becas. De otro lado, el recorte en la
oferta de títulos -con la reconversión anunciada de universidades, facultades y
escuelas- y su desigual validez en el mercado según el ranking de “excelencia”,
son medidas añadidas para lograr en poco tiempo un freno serio al acceso
“masificado” a los estudios superiores.
-
También se piensa en establecer, de forma más clara y eficaz, la
orientación/selección de los flujos de alumnos en la Secundaria, adelantando la
diversificación de itinerarios a partir de 3º de la ESO (algo parecido se
planteaba en la LOE). Se refuerza, así, nuevamente un sistema ramificado y sin
fácil retorno, desviando a la mayoría de forma definitiva hacia niveles de
escasa formación y multiplicando los obstáculos para reincorporarse en los
caminos “excelentes”.
- En la
Educación Infantil, dejada en su mayor parte en manos de la iniciativa privada,
se propicia que, desde el comienzo, se alimente la vía privada, sin solución de
continuidad en los siguientes niveles, para aquellas familias que puedan
pagarla, lo que a la vez redundará inevitablemente en mayor desigualdad en
educación y expectativas desde la base.
- La
formación ha de ajustarse (tanto por costes como por rentabilidad) a las
necesidades de las empresas; y las empresas españolas que sobreviven a la
crisis sólo necesitan mano de obra barata y flexible. La FP de grado medio, el
menor nivel de cualificación, es más que suficiente para la mayoría de los puestos
de trabajo que se van a ofertar (hacia ella debe encauzarse el mayor flujo de
alumnos y, de paso, “solucionar” con menores exigencias, y sólo a efectos de
estadística, el fracaso escolar). Es el tipo de formación que genera menos
expectativas salariales y se adecúa mejor a aquello de “formarse a lo largo de
la vida”, es decir, plegarse a las tareas cambiantes que exige cada uno de los
trabajos eventuales sobre los que el joven trabajador irá saltando cada poco
(en el mejor de los casos). Si esa FP se inserta, de forma “dual”, en las
empresas (según el propósito declarado por el nuevo ministro), será el modo más
eficaz de acomodarse a las concretas “competencias” que el mercado laboral le
exige al joven en cada momento. Es el propio empresario (que tutelará hasta el
60% del currículo de dicha formación) el que, en definitiva, certificará su
aptitud y le facilitará el título. Otra forma no sólo de privatización del
sistema público de enseñanza, sino también de su desregulación.
De esta
manera, la excusa de la “crisis” no quedará en simple argumento para un recorte
“temporal” de los recursos destinados a la educación (y a otros servicios
públicos). Más bien, se convierte en la oportunidad para asentar de forma
definitiva la eliminación del concepto de educación como derecho ciudadano y
responsabilidad de las administraciones públicas, para vincularlo directamente
a las exigencias del mercado laboral y a la responsabilidad del individuo (y,
antes, de su familia). Al futuro trabajador no le queda otra opción personal
que la de adaptar su itinerario formativo a la de su presunta empleabilidad en un mercado inestable y
depauperado, en condiciones nuevas y más precarias, que le vienen impuestas
desde fuera y sin ningún tipo de regulación.
5.
La resistencia ante la destrucción de la Escuela Pública y de todo derecho
ciudadano
Como
siempre, una cosa son los planes de los de arriba y otra su capacidad de
imponerlos, como ellos quisieran, a quienes toca sufrir sus inaceptables
consecuencias.
La
masiva y prolongada movilización de la “marea verde” (y no sólo en la Comunidad
de Madrid), de la que muchos somos partícipes y testigos, ha puesto de
manifiesto la disposición del profesorado y de amplias capas de la ciudadanía a
oponerse a cada una de las medidas dirigidas a la degradación y
desmantelamiento de la enseñanza pública. A pesar de los altibajos propios de
cualquier proceso de movilización extendido en el tiempo, ha cundido la
conciencia del peligro que se cierne sobre conquistas democráticas
fundamentales en el terreno de la educación (universalidad, gratuidad,
calidad,…).
Nadie
ignora las limitaciones en el grado de organización, democracia interna y
contundencia de las acciones desarrolladas hasta ahora, que han impedido el
éxito deseado del amplio movimiento levantado en defensa de la Escuela Pública
( la de todos y para todos ). Pero también son ciertas las
debilidades de un gobierno que, alardeando de mayorías absolutas, se ve
obligado a dar marcha atrás en su política de provocación e intimidación ante
la protesta en la calle de un puñado de chavales de un instituto de Valencia y
la respuesta ciudadana desencadenada en su defensa.
Poco
ayudan a desbloquear la situación la actitud suicida de los dirigentes
sindicales, empecinados en pactos imposibles y en supuestas negociaciones con
quienes exhiben de continuo una inusitada prepotencia para imponer por las
bravas medidas de hondo calado antisocial y antidemocrático. Los obstáculos con
que se ha encontrado hasta ahora la movilización social -el único medio para
frenar planes tan devastadores- no pueden perpetuarse so pena de llevarnos al
descalabro que los poderes reaccionarios están orquestando.
La
convocatoria de Huelga General, a la que se han visto obligados los mismos
aparatos sindicales puestos en la picota, debe ser aprovechada como punto de
apoyo y un primer paso para organizar, desde todos los ámbitos, la respuesta a
los ataques generalizados a las condiciones más elementales de vida y trabajo,
a todos los derechos conquistados a lo largo de muchos años de lucha.
La
gravedad del momento plantea que esta huelga y las que probablemente la han de
seguir, deben ir más allá de una simple huelga laboral, convirtiéndola en una
movilización social y política en su más amplio sentido. Social, porque ha de
organizarse desde pueblos y barrios en conexión con los centros de trabajo y
estudio; con la participación de parados y jóvenes a los que se niega todo
futuro. Política, porque ha de dirigirse a quienes dicen representar la
voluntad de los ciudadanos para plegarse a renglón seguido a las imposiciones
de poderes ajenos a la democracia. Los gobiernos en todos sus niveles (central,
autonómico, municipal) y los parlamentarios, que pretenden ser depositarios de
la soberanía popular, están obligados –hay que obligarles- a hacer ley de los
intereses y reivindicaciones de la mayoría de la población.
Ese
proceso constituyente, que empieza a tomar forma en asambleas populares, en los
centros de trabajo y a distintos niveles territoriales, es el que puede unir
todas las fuerzas en una sola dirección: echar abajo las contrarreformas en
marcha, blindar de forma constitucional no prebendas de corruptos y
especuladores sino leyes que nos hacen y defienden como ciudadanos iguales,
recuperar y hacer efectivos los derechos que nos otorga la consideración de
seres humanos y nos permiten vivir en sociedad: trabajo digno, vivienda,
prestaciones sociales universales como la sanidad y educación, protección
contra el desempleo, etc.
Tenemos mucho camino por andar,
por discutir y hacer. Todo menos entregarnos de antemano y dar por perdida una
lucha que, en el nuevo marco político y en las nuevas formas de responder, no
ha hecho sino empezar.
Concentración contra recortes en Escuelas 0-3, Gijón 23 de marzo 2012
