Por una Educación Pública y Laica

 

Javier Macho / Obdulia Díez (Marea Verde), Diario de León, 13 de noviembre de 2020

La educación en nuestro país va a tener una nueva ley de Educación que no es tal, ya que como su nombre indica, Lomloe, es una «coctel» de las dos últimas, la LOE y la Lomce. Pero lo que realmente necesitamos es un giro de 180 grados en la política educativa de este país si queremos una educación para el bien común.

Necesitamos un cambio de rumbo radical en tres aspectos clave: supresión de conciertos educativos; laicidad en la escuela y blindaje de la financiación de la educación pública por encima del 6% del PIB. Sobre estos ejes debemos girar si queremos aspirar a una educación pública de calidad, inclusiva, laica y gratuita.

Precisamente uno de los grandes problemas de la educación es la imposición de la religión en los centros escolares y en las facultades de Educación, herencia del nacionalcatolicismo. Esta anomalía histórica impide respetar la libertad de conciencia de los niños y las niñas, educar sin dogmas y eliminar toda forma de adoctrinamiento en el currículo escolar y en la escuela. Además, impide garantizar una convivencia plural en la que todas las personas sean acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones en función de sus particulares convicciones ideológicas.

Si nos atenemos al Artículo 16.3 de la Constitución, éste dice que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal.» Sin embargo añade a continuación que «Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás religiones».

Defendiendo la libertad de culto, resulta contradictorio que mencione explícitamente la cooperación con la Iglesia católica, lo que daría a pensar que mencionarla directamente tenga relación con darle algún tipo de tratamiento de privilegio.

Está claro que al redactar este artículo de la Carta Magna tenían muy presente el Concordato de 1953 y los Concordatos ya preparados para firmar con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, menos de un mes después de ser ratificada la Constitución el 6 de diciembre de. En estos concordatos, que tienen rango de tratado diplomático, se regula entre otros asuntos la asignatura de Religión en los centros educativos, el profesorado de religión católica y los centros educativos pertenecientes a la Iglesia Católica.

Esto permitió que en la última reforma educativa (la denostada Lomce o Ley Wert), y tras más de veinte años, la religión cuente como materia evaluable, no sólo la católica sino también otras que tengan acuerdos con el estado español como la islámica o la evangélica, con las que se firmaron los acuerdos el 10 de noviembre de 1992 para evitar demandas por discriminación de origen religioso. En la nueva Ley pasaría a ser como en la LOE se da religión: no habrá materia alternativa y no contará para la nota media de Bachillerato.

Uno de los aspectos más injustos relacionados con la asignatura de religión es precisamente el que concierne con su profesorado. Para ejercer como profesor o profesora de religión católica, aparte de los estudios universitarios pertinentes, sólo hay que obtener un certificado de idoneidad y el beneplácito de una diócesis. Estos docentes acceden por bolsa y tienen estatus similar al del personal docente no universitario.

El agravio comparativo es evidente al no pasar por ningún proceso selectivo en el que hayan tenido que demostrar sus conocimientos y su aptitud como los demás docentes de la pública.

Ni que decir tiene que la mayoría de los colegios privado-concertados del Estado pertenecen a colectivos religiosos. Este ha sido el gran logro de la Iglesia católica, puesto que le ha dado un estatus de preeminencia en la educación con el que jamás soñó. La concertación se planteó como una medida transitoria en los 80 durante la etapa socialista cuando se universalizó el derecho a la educación y no se disponía de logística suficiente. En la actualidad, se ha convertido en el arma ideológica del neoliberalismo para socavar la educación pública, con un estatus de privilegio al ser centros privados financiados con fondos públicos.

Es más, la mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que el mantenimiento de los concertados carezca de sentido ya que actualmente los centros públicos pueden atender la demanda, y aún más injustificable es alegando una supuesta de libertad de elección de centro que no aparece en la legislación vigente.

En una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre el factor social religioso, la 24/1982, este afirmó que el artículo 16.3 CE, al proclamar que ninguna religión tendrá carácter estatal: «impide… que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y los poderes públicos». Una consecuencia directa de estas afirmaciones del Tribunal es que el Estado no puede asumir como propios los valores o principios de una confesión religiosa concreta.

Si queremos que la educación pública sea laica tendríamos que ir retirando los conciertos educativos, pero también denunciar y derogar los acuerdos del gobierno español con el Vaticano y con el resto de religiones (en una PNL de febrero de 2019 aprobada por mayoría se instaba al gobierno a derogar estos acuerdos). Esto nos permitiría afrontar no sólo una reforma educativa en la que la enseñanza de las religiones desapareciera del currículo y pasaran a formar parte del ámbito privado, sino también afrontar una verdadera aconfesionalidad del estado.

Sería un gran paso adelante tener una red escolar de titularidad única donde no existiría una red de centros privilegiados con doble financiación pública y privada. Este paso, que los gobiernos socialistas han prometido en campaña en muchas ocasiones y luego no se han atrevido a realizar, tampoco lo harán en esta ocasión con la Lomloe que está en tramitación, con el agravante de ser la primera ley orgánica en la que la sociedad civil no es invitada a dar su opinión ante los debates de la comisión correspondiente.

La educación es un bien común y un derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas, no es ni una competición ni un privilegio de unos pocos, es una necesidad. Por una educación pública para todos y todas de calidad, laica, inclusiva y gratuita.