El gran misterio de la concertada asturiana

Un reportaje de Ismael Juárez Pérez

Publicidad de los colegios asturianos del Opus Dei
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Ismael Juárez Pérez, Nortes, 6 de septiembre de 2026

En las redes sociales, la respuesta parecía sencilla. “Cero euros”, escribieron varios antiguos alumnos y familias cuando NORTES preguntó cuánto cuesta estudiar en un colegio concertado asturiano. Otros recordaban pequeñas cantidades por material, aportaciones mensuales o gastos de comedor, transporte y actividades. Todos parecían hablar de la misma enseñanza y, sin embargo, describían realidades distintas. Había opiniones, recuerdos y acusaciones cruzadas, pero casi nunca un recibo, una circular o una relación completa de precios.

La misma pregunta, trasladada directamente a los colegios, tampoco obtuvo una cifra. El 2 de septiembre de 2026, NORTES solicitó información al Colegio San Ignacio de Oviedo, el Colegio de la Inmaculada de Gijón, el Colegio de Fomento Los Robles-Peñamayor y el CODEMA-Corazón de María de Gijón. Se les preguntó por las aportaciones voluntarias, el uniforme, los libros, el material, los dispositivos digitales, las actividades y los servicios; también por el porcentaje de familias que colabora y, sobre todo, por lo que ocurre cuando una decide pagar cero euros. Ninguno respondió antes del cierre de este reportaje.

Los cuatro forman parte de una red mucho más amplia. El directorio oficial de Educastur, actualizado el 15 de abril de 2026, registra 64 centros privados concertados en Asturias. La selección no pretende representar estadísticamente al conjunto. La investigación se concentró en cuatro centros de especial notoriedad para seguir una pista concreta sobre sus costes y el grado de información que ofrecen a las familias.

Una familia que consulte los datos disponibles sobre los cuatro centros no puede reconstruir de forma completa y actualizada cuánto le costará escolarizar a su hijo. Los colegios privados-concertados se niegan a facilitar información sobre las llamadas cuotas voluntarias.

La peligrosa trampa de la "neutralidad" en la Escuela Pública | Manuel Marrero - Colectivo Prometeo

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Manuel Marrero

Manuel Marrero, Colectivo Prometeo, 1 de junio de 2026

La Resolución 73/2026 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos de Canarias incorpora una disposición que debería preocupar a cualquier persona comprometida con la educación democrática. En su apartado 3.4 se establece que no podrán autorizarse actividades impulsadas por colectivos “caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”. A primera vista, la medida podría parecer razonable. ¿Quién podría oponerse a la neutralidad? Sin embargo, basta detenerse unos instantes en el significado de esa palabra para comprender la gravedad de lo que se pretende introducir. 

La primera pregunta es tan sencilla como decisiva: ¿qué significa exactamente ser neutral? ¿Quién determina qué organizaciones son neutrales y cuáles no lo son? ¿Con arreglo a qué criterios? La resolución no ofrece respuestas. Y precisamente ahí reside el problema.

La neutralidad absoluta es, en buena medida, una ficción. Toda institución, toda organización social e incluso toda política pública se fundamenta en determinados valores, principios y concepciones del mundo. Defender la igualdad entre hombres y mujeres, promover la inclusión de las personas con discapacidad, impulsar la sostenibilidad ambiental o reivindicar los derechos laborales implica asumir posiciones éticas y sociales concretas. También las administraciones públicas actúan desde determinados marcos ideológicos cuando priorizan unas políticas sobre otras.

Por ello, la apelación a la neutralidad suele esconder una paradoja: quienes se presentan como neutrales no dejan de defender una determinada visión de la realidad; simplemente la presentan como si fuera la única legítima o como si estuviera por encima de cualquier debate. La neutralidad, utilizada de esta manera, deja de ser una garantía de imparcialidad para convertirse en un mecanismo de exclusión y abrir la puerta a dinámicas incompatibles con una cultura democrática pluralista.

Campaña unitaria 2026 “POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA. RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA”

 Hacia la plena laicidad del Estado y de la Escuela

Una de las imágenes de la campaña creada por Aranjuez por la Pública
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Coordinación Campaña «Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela», 24 de febrero de 2026

Las organizaciones sociales, políticas y sindicales^[1]que suscriben esta declaración hacen un llamamiento a los partidos políticos, al Poder Ejecutivo y Legislativo, al Ministerio de Educación, a las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, a la comunidad educativa y a la sociedad en general, en orden a hacer efectivo el objetivo democrático de lograr la plena implantación del principio de laicidad en el sistema educativo, a fin de preservar la libertad de conciencia del alumnado y la no segregación por motivos ideológicos o culturales en el ámbito escolar.

En el marco de esta campaña, que tiene ya más de 20 años de recorrido, se han llevado a cabo múltiples iniciativas, interpelaciones políticas y propuestas legislativas ante cada uno de los gobiernos de turno y ante el propio Congreso de los Diputados, sin que las coincidencias de planteamiento hayan culminado –hasta ahora- en normas legales capaces de garantizar la plena laicidad del sistema educativo.

En un contexto marcado por la violación del derecho internacional y el genocidio, el rearme y el auge de los discursos de odio, una educación laica, pública e inclusiva es más necesaria que nunca de cara a la construcción de una sociedad que tenga entre sus principios la convivencia pacífica, la justicia social y la libertad de conciencia.

Vox acusa a la escuela pública asturiana de “pervertir” menores y la Junta tumba, con votos de PSOE, Asturies-IU y Covadonga Tomé, su ofensiva ideológica

El diputado de la ultraderecha Javier Jové acusó al Gobierno autonómico de crear “borregos que repiten consignas ideológicas y seres femeninos, pero con pene”

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  Imagen de archivo de un aula en un colegio público. EFE/Raquel Manzanares
  
  
  

  Raquel L. Murias, El Diario, 6 de noviembre de 2025

Vox no ha conseguido el apoyo de la cámara asturiana y se queda con la ganas de poder meter mano a los contenidos curriculares con los que se trabaja en los colegios de Asturias. Dice Vox que se están creando borregos en las aulas asturianas y que se “adoctrina a los menores”.


El pleno de la Junta General del Principado, con los votos de PSOE, Asturies-IU y Covadonga Tomé, ha rechazado este miércoles la proposición de la ultraderecha que exigía al Gobierno asturiano revisar los currículos educativos y retirar libros y materiales escolares que, a su juicio, afecten a “la inocencia de los menores”.


La iniciativa, que pretendía también imponer el control parental sobre cualquier contenido afectivo-sexual en las aulas, ha contado con el apoyo del PP y del diputado de Foro, Adrián Pumares, pero no ha prosperado por el voto en contra del PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y la diputada Covadonga Tomé.



“Adoctrinar y pervertir”


Vox perseguía que el Ejecutivo asumiera un “compromiso inequívoco” de respetar el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos y que estos conocieran y aprobaran cualquier contenido “ideológico o afectivo-sexual”. 


En la defensa de la proposición, el diputado de la ultraderecha Javier Jové acusó al Gobierno autonómico de “adoctrinar y pervertir a los niños”, cargó contra contenidos de igualdad y diversidad y afirmó que el sistema educativo “crea borregos que repiten consignas ideológicas”. Sus palabras provocaron el malestar en la cámara asturiana.

Por la escuela pública · Carlos López-Colina

 Sobre el futuro del colegio Los Campos de Gijón

C.P. Los Campos (Gijón)
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Carlos López-Colina, La Nueva España, 3 de noviembre de 2025

6,6 millones de euros (tres de ellos de fondos europeos). Ese parece ser el coste de la reforma en curso del Colegio Público Los Campos. Importante inversión para reformar un gran edificio al que, tras las obras, apenas volverán 100 alumnos.

Conocí bien Los Campos hasta los 13 años. Éramos más de mil estudiando en un colegio público de los grandes. Incluso nos tocó estrenar un edificio anexo al original, que ya se había quedado pequeño. Tras varias décadas, Los Campos tiene hoy una décima parte de los escolares que había en los años 80-90. Pero en este cambio radical no solo influye la demografía, sino también la injusta competencia que sufre un colegio público rodeado de grandes concertados con primaria y secundaria. El mayor coste (comedor, extraescolares, cuotas…) que supone la escuela privada concertada termina concentrando notablemente al alumnado de las familias con menos recursos en la escuela pública. Esto pone en marcha un círculo vicioso de segregación socioeconómica y, asociada a esta, segregación por origen. Algunos centros públicos de los más afectados hacen de la necesidad virtud y celebran sus logros en integración y multiculturalidad. Es lógico ese planteamiento adaptativo entre quienes viven el día a día del colegio, pero ¿es una visión general adecuada para planificar el sistema educativo? ¿Debemos admitir los viciados resultados de la doble red pública-concertada? ¿Es un sistema segregador el objetivo? La respuesta negativa a todo esto parece evidente.

“Si no paga la actividad complementaria, el niño se irá a un aula aparte”: hasta 11.000 euros de cuota al año en los colegios concertados

Una investigación de la patronal de enseñanza privada CICAE, para la que examinó 338 centros subvencionados con fondos públicos, concluye que la práctica de cobrar aportaciones obligatorias es generalizada

Alumnos de un colegio concertado de Valencia, el curso pasado |Mónica Torres

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Carolina De Lima, El País

Para matricular a un niño, la mayoría de colegios concertados en España cobran una cuota base, la cual, en algunos casos, puede llegar a los 11.000 euros anuales. Así lo ha vuelto a denunciar este miércoles la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que, basándose en una muestra de 338 colegios seleccionados al azar en ocho comunidades autónomas, estima que esta práctica alcanza a ocho de cada diez de estos centros. El informe denuncia que, de los centros que cobran a las familias, los pagos no son realmente voluntarios en el 69% de los casos. La ley educativa vigente desde 2021 (Lomloe) prohíbe las aportaciones obligatorias y exige que las actividades extraescolares, que sí pueden tener coste, se realicen fuera del horario escolar. Elena Cid, portavoz de CICAE, sostiene que “se ha generalizado un copago en la educación concertada, lo que vulnera el principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias y fomenta la segregación escolar”.

El trabajo, elaborado con la metodología mystery shopper, simuló familias interesadas en matricular a sus hijos en el segundo ciclo de infantil para el curso 2025/26. El informe señala que todos los colegios visitados en la Comunidad de Madrid (101), Cataluña (71) y País Vasco (20) cobran cuotas fijas. Las familias que pagan las cifras más altas son las catalanas y las madrileñas, con medias anuales de 2.197 y 1.359 euros, respectivamente. Y cada año pagan más: el incremento respecto al curso anterior fue de 420 euros en Cataluña y de 102 en Madrid.

En Cataluña se encuentra el caso más extremo: la cuota máxima anual puede alcanzar los 11.000 euros —el informe reporta el caso del colegio Sant Paul’s School, que cobra una cuota de 1.100 euros al mes que incluyen comedor y material escolar; este periódico ha pedido al centro su versión, pero de momento no la ha recibido—. Mientras que en Madrid llega a los 5.745 euros, según el informe de CICAE. Las diferencias entre centros y comunidades son notables. El 61% de los colegios concertados catalanes cobra más de 1.500 euros anuales, frente al 66% de los madrileños. En contraste, la media en Andalucía no alcanza los 30 euros, y en Aragón y Comunidad Valenciana ronda los 45.

¿Está garantizado el derecho a la educación en España?

Debemos tejer una alianza para conseguir una educación transformadora, comunitaria, democrática, equitativa, laica, inclusiva, coeducativa y de calidad

Alumnos en un colegio público de Madrid en 2023. A. Pérez Meca / Europa Press (Europa Press)
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Teresa Esperabé, El País, 1 de julio de 2025

¿Está garantizado el derecho a la educación en España? En un primer momento podríamos pensar que sí, porque se nos facilita una plaza escolar en las etapas obligatorias, pero esto por sí solo no garantiza el derecho a la educación a lo largo de la vida. Hoy no tenemos asegurado ni el acceso a todas las etapas y espacios educativos, ni un proceso educativo con calidad, ni los resultados educativos. Es de extrema gravedad que las administraciones educativas desprotejan a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes al vulnerar estos tres derechos educativos.

Empecemos por el primer derecho vulnerado, el acceso. Como decíamos anteriormente, en las etapas obligatorias se nos facilita una plaza escolar. Pero en las etapas no obligatorias y en la educación no formal, la privatización está ocupando un espacio que no le corresponde, impidiendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades. En el primer ciclo de educación infantil, el 0-3, muchas familias no tienen acceso a una plaza pública y han de recurrir a las escuelas infantiles privadas con un sobrecoste añadido. En la Formación Profesional, la oferta privada está creciendo exponencialmente sin ningún pudor, ante la inacción, en muchos casos, de las administraciones educativas. Un tercio de esta oferta ya se encuentra en manos de empresas privadas, mientras que las plazas públicas sólo han aumentado un 7%. También la universidad pública está sufriendo esta ola privatizadora, en muy poco tiempo habrá más universidades privadas que públicas. Además, sufre una infrafinanciación estructural y sólo un 14% del gasto que dedican las familias a la universidad llega por el sistema de becas. El ocio educativo es inalcanzable para muchos niños y niñas, impidiendo así desarrollar todas las potencialidades que aportan estos espacios educativos.

El segundo derecho vulnerado es el del proceso educativo. En España, el 28% de la infancia sufre pobreza infantil, algo que debería abochornarnos como sociedad. Además, existen cerca de 2.000 centros segregados, el alumnado de los cuales no tiene presentes compartidos con sus iguales, ni experiencias educativas diversas. De nuevo las administraciones educativas dejan a su suerte a estos centros, y son sus profesionales y la comunidad educativa que con su sobreesfuerzo, se ven obligados a compensar lo que no hace el sistema.