Educación y derecho de elección

La 'libre elección' o el 'derecho a decidir' está instalando cada vez más en el ámbito educativo. Este curso todavía han aparecido más supuestos derechos. Y la pregunta es: ¿todo esta avalancha de nuevos 'derechos' implica más democracia?

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Rosa Cañadell, El diari de l´educació, 26 de octubre de 2020

Desde hace ya mucho tiempo el derecho a elección de centro se ha utilizado para justificar la doble red educativa y la obligatoriedad del Estado de subvencionar las escuelas privadas. De hecho, nunca ha sido así, no hay ninguna ley que obligue a subvencionar los centros privados. Pero el derecho a elegir centro se ha convertido en la obligación del Estado subvencionar los centros que las familias elijan, independientemente de si son públicos o si son privados.

Después, esto se ha ido ampliando y ha llegado ya dentro de la misma red de centros públicos. Al haber promocionado la diferenciación de los centros y los proyectos singulares que se supone tienen todos y cada uno de los centros, la elección ahora es también entre centros públicos (a secas) y centros públicos innovadores. Ya no es sólo que las familias elijan entre pública o concertada, sino que teóricamente ahora eligen "el proyecto" que quieren para sus hijos e hijas (educación a la carta, como aquel que va al supermercado y escoge la marca que más gozo le hace).

Hace poco, con la excusa de que la ley así lo mandaba, el Departamento de Educación ha introducido la religión musulmana en los centros públicos. Así, se ha ampliado también el derecho a elegir entre religión católica, religión musulmana y no religión. En vez de sacar todas las religiones de la escuela, hemos añadido más para que las familias puedan elegir . Este derecho, sin embargo, sólo se da en los centros públicos, pues la mayoría de privados pertenecen a la patronal católica y por tanto hay religión católica sí o sí.

Con la pandemia, este inicio de curso ha emergido un nuevo derecho. Así, la falta de planificación del Departamento de Educación, la falta de recursos, de espacios y, sobre todo de profesorado, ha hecho que muchas familias consideren que la escuela no es segura y estén reivindicando "el derecho" de no llevar los sus hijos e hijas a la escuela. Estas familias se han reunido en una Plataforma que, en principio se llamaba Así No Volvemos y ahora se ha transformado en Familias por la Revuelta Educativa, y forman parte de una plataforma estatal que se llama de ERP (Plataforma Derecho a la Enseñanza sin Riesgo en Pandemia). Esta plataforma, si bien describe todas las carencias en las que casi todo el mundo está de acuerdo, plantean básicamente "el derecho" que sus hijos e hijas reciban educación telemática en casa, si así lo necesitan o quieren.

Por el lado opuesto, en Cataluña hay otra Plataforma que reivindica justo lo contrario. Estos padres y madres creen "que las medidas propuestas por las consejerías son suficientes, aunque no ideales". Sin embargo, opinan que "no se puede pretender que haya más recursos, ya que estamos en una crisis económica importante". Así pues, hay que trabajar con las medidas y los recursos que se tengan, porque "sin los recursos ideales hemos trabajado siempre". O sea, de alguna manera, resignación ante la falta de inversión. Curiosamente, su portavoz es la reponsable de Investigación de la Obra Social La Caixa. Esta Plataforma, conjuntamente con la Asociación Rosa Sensat, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica y la Fundación Bofill, presentaron un manifiesto en el que se pide "un retorno a los centros con todas las garantías de seguridad sanitaria y de calidad educativa, y con un 100% de presencialidad".

Últimamente, otro grupo de familias se han reunido en una plataforma para reivindicar el "derecho a elegir" el horario escolar. La discusión está entre si continua o partida: "Desde Cataluña, queremos reivindicar el derecho a la libre elección del horario escolar, en este caso, la Jornada Continua" es el texto de un Change.org que ya tiene 63.670 firmas . Paralelamente, Ciudadanos ha presentado una moción en los ayuntamientos en la que solicitan al Departamento de Educación ya su consejero que "establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua ya abrir el debate con todos los agentes implicados ".

A nivel interno de los centros, también ha aparecido un nuevo derecho: desde el Decreto de Plantillas y Provisión de puestos de Trabajo, las direcciones de los centros públicos (en los privados concertados siempre ha sido así), tienen "el derecho a elegir el profesorado" , o al menos, una parte importante, sobre todo de las personas interinas y sustitutas. Lo cual está creando un gran malestar en los centros.

En definitiva, estamos ante una avalancha de nuevos derechos en nuestro sistema educativo. Y la pregunta es: esto implica más democracia? Para responder a esta pregunta, haré algunas consideraciones.

• En una sociedad tan desigual, cultural y económicamente hablando, el derecho de elección no es más que el privilegio de los que pueden ejercerlo. Así, los que no tienen suficiente dinero para pagar las cuotas de un centro privado concertado, no pueden elegir. Las familias que no tienen suficiente información sobre los diferentes proyectos de centro tampoco pueden elegir qué quieren. Las familias que tienen que ir a trabajar sí o sí, tampoco pueden elegir no llevar a sus hijos e hijas a la escuela. Los padres y madres que tienen un trabajo precario y unos horarios abusivos tampoco pueden elegir una jornada escolar que les complique aún más la conciliación familiar. Resumiendo, el derecho a elección no llega nunca a todos.
  
  
• Por otra parte, cuál es el objetivo de la educación pública (pagada con dinero de todos y todas)? ¿Quién es el responsable de decidir cuánto dinero se destinan a los centros concertados? ¿Quién es el responsable de decidir qué currículum, qué metodología y qué evaluación se debe emplear en los centros del sistema público? Quien debe decidir los horarios o la obligatoriedad de ir o no a la escuela? Debemos dejar todas estas decisiones en manos de los diferentes, diversos y desiguales intereses de cada una de las familias? Debemos tener escuelas diferentes al gusto y preferencia de cada una de las familias? O, al contrario, es la Administración (elegida democráticamente) conjuntamente con la comunidad educativa (asociaciones de familias, sindicatos de profesorado, organizaciones ciudadanas) quien debe decidir el modelo educativo a implementar de manera igual para todos?

• Por otra parte, si las familias pueden decidir sobre la educación de sus hijos e hijas, donde quedan los derechos de los niños? Porque, incluso en la escuela, deben recibir una educación exactamente igual a la que reciben en su casa? No tienen también los chicos y chicas, el derecho a recibir una educación igualitaria, laica, con valores democráticos y lejos de apriorismos ideológicos de su familia, sean estos libertarios, conservadores, del Opus, católicos o musulmanes? No tienen los niños y jóvenes el derecho a socializarse con compañeros y compañeras que no son del su mundo familiar? No es la socialización en la diversidad, una de las funciones más importantes de un sistema educativo público?
  
  
• Una educación a la carta no es más que una forma encubierta de poner la educación en el mercado, lo cual, como ya se ha demostrado, el único que garantiza es consolidar las desigualdades y aumentar la segregación. Y, finalmente, dejar la educación al mercado tiene como consecuencia que, cada vez más, quien decide qué y cómo se enseña, ya no son ni las familias, ni el profesorado, ni siquiera del Departamento de Educación, sino los Bancos, la Caja y las grandes multinacionales de las nuevas tecnologías.
  
  

La verdadera democracia no es ensanchar los derechos de elección , sino asegurar una educación igual para todos, en servicios, calidad y cantidad. Y son las instituciones democráticamente elegidas a las que les toca consensuar con las familias, los docentes y la sociedad en general, qué educación es mejor para todo el alumnado. El sistema de acceso, los contenidos, las metodologías, las instalaciones, los recursos y los horarios serán los mismos para todos los niños y niñas, sean ricos o pobres, progres o carcas, cristianos o musulmanes, nacionales o inmigrantes, porque este es justamente el objetivo de un sistema público de educación en un país democrático. Porque la educación es un derecho para todos.

Rosa Cañadell, es Licenciada en Psicología, profesora, articulista. Miembro del SIEC (Seminario Ítaca de Educación Crítica)