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| La inclusión en centros ordinarios es un derecho reconocido en las leyes españolas. Fotografía: Nathan Legakis / Pixabay
El Diario de la Educación, 21 de octubre de 2019
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«La segregación escolar es el proceso que más influye en el fracaso y el abandono educativo temprano», decía Carmen Rodríguez, profesora de la universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla, organizadora de la mesa redonda “¿Qué hacemos con las políticas de segregación escolar?”, celebrada el pasado viernes en Madrid para analizar la situación de la segregación escolar en España. Junto a ella, Javier Murillo, profesor e investigador de la Universidad Auónoma de Madrid y Jose Miguel Martín, docente de primaria en la Comunidad de Madrid miembro del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos que consiguió elevar hasta la Asamblea de Madrid un proyecto de ley para reducir de la segregación escolares y generar un sistema educativo más inclusivo.
Entre los tres compusieron la imagen del proceso segregador, de más a menos. Mientras Carmen Rodríguez construía el marco conceptual en el que se pueden dar los importantes procesos de separación del alumnado según su capacidad adquisitiva (que no solo), Javier Murillo dedicó más tiempo a poner sobre la mesa algunas de las posibles soluciones a unas políticas que están causando graves diferencias entre la población. José Miguel Martín se centró en explicar el proceso que llevó hasta la iniciativa de los ayuntamientos y sobre la base jurídica que sustenta el derecho a la inclusión.
En un contexto de economía globalizada, la educación, sostuvo Carmen Rodríguez, se convierte en un «instrumnto para el desarrollo económico, motor de riqueza, dirigida al mundo del trabajo». Esto ha supuesto la simplificación de conceptos en lo educativo confundiendo, por ejemplo, innovación con tecnología, o el hecho de que lo más importante sea aquello que puede medirse en evaluaciones estandarizadas.
La educación, como un elemento más dentro de la sociedad neoliberal tiende a la competitividad y la escuela «deja de encargarse del éxito para hacerlo sólo del rendimiento».
Una de las consecuencias de esta situación es el aumento de la segregación por situación socioeconómica del alumnado, «el aspecto que más contribuye al fracaso y a abandono escolar temprano». Una segregación que, además, se alimenta, según la docente de la Universidad de Málaga de la privatización. Un proceso que pasa por el trasvase de financiación de la escuela pública a la pivada concertada vía cheques escolares, desgravaciones fiscales, etc, con la desregulación de los distritos escolares la publicación de rankings,… Estos proceso empujan a las familias de clase media a una competición en la que lo importante es que sus hijos mantengan el estatus conseguido, o lo mejoren. Eso pasa por tener libertad de elegir centro educativo, con lo que puedan huir de centros con alumnado demasiado heterogéneo o que pueda suponer un freno en esta carrera.
Murillo señaló tres elementos que están apoyando estos procesos segregadores: las políticas de cuasi mercado, la diferenciación de los centros para que entren en competición y la existencia de la escuela concertada.
De las diferentes formas de segregació que se dan en el sistema educativo (por género, por origen cultural o nacional…) Murillo cree que la que más impacta es la segregación socioeconómica.
El investigador de la Autónoma puso sobre la mesa algunas posibles soluciones, empezando por tratar a las escuelas según sus necesidades, y no a todas igual. «Las escuelas en peor situación deben recibir una atención preferencial». También señaló la necesidad de que en los centros con mayores dificultades dejen de ir de manera masiva profesorado interino o con oca experiencia. Algo queno ocurriría en otras profesiones, explicava Murillo»¿Quién hace el trabajo más complicado en medicina? Quien más sabe y más gana». A esto, claro, se une el poner más recursos en la educación, reducir los grupos, aumentar el personal de apoyo, reconocer el difícil desempeño…
«Si queremos una sociedad justa, sin exclusión, tenemos que hacer lo mismo en el sistema educativo», terminó Murillo quien también habló de la necesidad de que los datos que no se facilitan desde las administraciones se publiquen.
José Miguel Martín insitió, como miembro del grupo motor de la ILA sobre escuela inclusiva en la Comunidad de Madrid, en la necesidad, primero, de reconocer la educación inclusiva como un derecho recogido en nuestro ordenamiento jurídico desde que se suscribió la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde ahí, el viaje tiene que realizarse pensando en un cambio de paradigma que deje de abordar la cuestión de la discapacidad desde un paradigma médico hacia uno social. Desde ese punto de vista, no es el niño o la niña con necesidades educativas quien ha de adaptarse al sistema educativo, sino ese a quellos.
Es necesario que el sistema deje de generar grupos homogéneos de alumnos, que los divida en aulas en función de su rendimiento, dejar de utilizar «prácticas de talla única» o abandone su «obsesión por clasificar». Frente a esto, Martín defendiól reconocimiento de la diversidad, las metodologías activas y flexibles o la puesta en marcha del diseño universal para el aprendizaje.
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