- El papel de la religión en las aulas, las cuotas de la concertada y las subvenciones a los centros que segregan por sexo centrarán parte de la discusión
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La última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, celebrada entre el 21 y el 25 de noviembre. CEE |
Muy oportunamente, con un "pacto educativo" en ciernes y unas renovación de conciertos educativos a las puertas, InfoLibre dedica un espacio a repasar qué privilegios defenderá la Conferencia Episcopal y qué postura ante ello tomarán los grupos políticos.
Elena Herrera, 11 de diciembre de 2016
Las fuerzas políticas con representación en el Congreso –con las abstenciones de PNV, Bildu, la antigua Convergencia y Unidos Podemos– dieron luz verde hace apenas una semana a la creación de la subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo establecer un gran pacto político y social que dé estabilidad legal al sistema educativo, algo inédito en democracia. La voluntad de los grupos –incluido el PP– es que ese acuerdo sea la base de una nueva ley que sustituya a la reforma de 2013, que contó con una fuerte oposición de varios sectores, desde la comunidad educativa (especialmente en la escuela pública) a casi todo el arco político fuera de los conservadores.
Se abre así un período de negociación de contenidos en el que se debatirán cuestiones que generan cierto consenso como la financiación tras años de recortes, la formación del profesorado y su reconocimiento como elemento clave para mejorar el sistema, la necesidad de fomentar el sentido educativo de la etapa de infantil... pero también otras que tradicionalmente han generado posiciones más encontradas como el papel de la religión en las aulas, la financiación y los criterios de elección de la escuela concertada o las subvenciones públicas a los centros que separan en clase a niños y niñas.
Los últimos tres temas citados –religión confesional, concertada y colegios que segregan– son el paradigma de la influencia que la Iglesia católica sigue teniendo en la educación en España. De hecho, los obispos ya señalaron de forma reciente que no querían quedar al margen de estas negociaciones avisando de que tendrían "una voz única" en este proceso. Además, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el sacerdote José María Gil Tamayo, desveló en su última rueda de prensa que una delegación episcopal se había reunido el 18 de octubre con el ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, quien les convocó para que opinaran sobre la conveniencia de alcanzar un pacto.
El enorme peso que la Iglesia católica tiene en el sistema educativo español lo resumió en cifras el propio Gil Tamayo en su última convocatoria ante los medios: 2.600 centros específicamente católicos, con 1.468.000 alumnos; 2.500 centros concertados católicos; más de 25.500 profesores de religión y moral católica a sueldo del Estado; y más de 3,5 millones de alumnos inscritos en enseñanza religiosa. Por otro lado están los colegios que separan en clase a niños y niñas y que a pesar de ellos están subvencionados con dinero público, que defienden un ideario ultracatólico y en su mayoría son de la órbita del Opus Dei.
La asignatura de religión
En el fracasado intento de pacto del entonces ministro Ángel Gabilondo, una histórica diferencia ideológica entre el PP y el PSOE como es el laicismo quedó fuera de la negociación, lo que provocó la indignación de los sectores laicistas, que reclamaron que se saldara una deuda histórica y se sacara esta materia de las aulas. La derecha, espoleada por la Conferencia Episcopal, aboga por el mantenimiento del poder de la Iglesia católica en las aulas.
De hecho, con la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert, la nota de Religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas. Con esta decisión, el sistema educativo español regresó al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la LOGSE. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de Religión o su alternativa (Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria).
Modificar esta situación es ahora una prioridad para PSOE y Unidos Podemos. Lo confirman a infoLibre sus dos portavoces educativos. "Nos parece fundamental que la materia de Religión no pueda ser evaluable, es un punto de la LOMCE que no podemos aceptar de ninguna manera", señala el socialista Manuel Cruz. Su homólogo en Unidos Podemos, Javier Sánchez, asegura que su grupo también defenderá que esta materia no sea computable "con la voluntad posterior de acabar sacándola del currículo".
Para Ciudadanos esta "no es una cuestión prioritaria". Su portavoz, Marta Martín, asegura que la formación todavía no tiene una propuesta sobre cómo debe quedar esta asignatura en el currículo, pero que defenderá el modelo que sea "menos conflictivo". "Si surge el debate –que nosotros no promoveremos– optaremos por la fórmula que satisfaga el derecho a libertad de elección de los padres y que respete el marco de un Estado aconfesional", añade. Este diario también intentó, sin éxito, que un portavoz del PP participara en este reportaje y expresara la posición actual del partido de Mariano Rajoy sobre estas cuestiones.
El documento Papeles para un pacto educativo [ver en PDF], uno de cuyos autores es el filósofo José Antonio Marina, aboga por la inclusión de alguna asignatura en la que se estudie la experiencia religiosa y su importancia en la historia. Para atender las peticiones de los padres propone que el último curso de la ESO la asignatura Historia de la Cultura se dedique a una religión determinada. Y deja abierta la puerta a que los centros pudieran incluir dentro de sus proyectos educativos, a demanda de los padres, unas enseñanzas confesionales que serían voluntarias y no evaluables. Es decir, no aboga por sacar totalmente la materia confesional de las escuelas.
Educación concertada
La pugna entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos– ha sido otro de los puntos de conflicto tradicionales. Y eso a pesar de que fueron los socialistas los que, a través de la LODE (Ley Reguladora del Derecho a la Educación), aprobada en 1985 por el ministro José María Maravall, formalizaron el sistema de la escuela concertada para universalizar la educación básica. Sus ideólogos sostienen que la escuela privada sostenida con fondos públicos fue creada "para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública" y así prestar el mismo servicio a la sociedad.
Ese "espíritu" es el que el PSOE aboga por mantener. "No queremos plantear la relación entre pública y concertada en términos de antagonismo, ni el PSOE tiene una posición anti-concertada. La cuestión es que en los últimos años de Gobierno del PP se ha producido un retroceso de la escuela pública que debe ser corregido", señala el diputado socialista Manuel Cruz.
Lo cierto es que la reforma impulsada por el exministro Wert trajo buenas noticias para la concertada. Introdujo el concepto de "demanda social", que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos, al tiempo que estableció para las administraciones educativas la obligación de garantizar "la existencia de plazas suficientes" sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debería utilizarse para ello de forma preferente la red pública.
Para Sánchez, de Unidos Podemos, esa "demanda social" es una "construcción" creada por los propios "poderes" que no puede entenderse sin el contexto de recortes y desmantelamiento de la escuela pública. "El ejemplo más claro es el de la Comunidad de Madrid, donde se anuncia el cierre de líneas enteras de la enseñanza pública antes de iniciar el proceso de matriculación y luego, a posteriori, se justifica la concesión de conciertos. Es una demanda creada para favorecer al lobby de la concertada, que está muy ligado a la Iglesia", señala. Su propuesta es no hacer más conciertos y, en la medida en que se reviertan los recortes, ir sustituyendo o incorporando esos centros a la red pública.
Ciudadanos, por su parte, considera que la concertada tiene "sentido" porque ofrece un servicio allá donde la pública no llega, bien por modelo educativo o por cuestiones económicas. "No estamos en contra de la concertada, ni mucho menos, pero sí exigimos que no sea una privada encubierta, es decir, que estos centros se sometan a los mismos requisitos que las escuelas públicas para que ninguna familia tenga que renunciar a ellos por motivos económicos", señala su portavoz, Marta Martín.
Sí existe un consenso entre los tres portavoces consultados sobre que este pacto debería incluir, como primer paso, que se garantice el cumplimiento de lo que la ley establece respecto a la escuela concertada. Es decir, la eliminación de las cuotas y de otros criterios discrecionales que permitan segregar al alumnado, con el objetivo de que no sea la escuela de la clase media-alta, sino una opción más dentro del sistema. Además, sostienen que deberían garantizar que las actividades religiosas son de carácter voluntario. No hacerlo vulnera la ley al discriminar a las familias que no son católicas o que tienen rentas bajas.
La influencia de la Iglesia católica en la enseñanza concertada es incuestionable, pues la oferta sigue estando mayoritariamente controlada por organismos religiosos. Según un cálculo elaborado por infoLibre a partir de datos de la patronal CECE y de la Conferencia Episcopal, en 2015, el 68,5% de los alumnos de colegios concertados estaban matriculados en centros de ideario católico. En cifras absolutas eran 1,4 millones de un total de 2,05 millones de alumnos de centros concertados, confesionales o no. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones admiten que la presión de la Iglesia en la cuestión de la concertada es "muy fuerte", por lo que consideran muy difícil que se puedan llevar a cabo modificaciones de calado en cuestiones como la financiación o los criterios de elección.
Centros que segregan por sexo
Aunque con matices sobre la forma, los tres portavoces consultados también están de acuerdo en acabar con las subvenciones públicas a los centros que separan a chicas y chicos en clase. El PP blindó esta opción educativa en su polémica reforma de 2013. Antes de su aprobación, el Tribunal Supremo se había pronunciado en varias ocasiones señalado que esos conciertos vulneraban la Ley Orgánica de Educación (LOE) que aprobó el PSOE en 2006 y que quedó derogada con la LOMCE. El alto tribunal no cuestionó entonces el modelo, sino que fuera financiado con dinero público.
Tras el cuestionamiento que de este punto hizo el Consejo de Estado en un dictamen no vinculante, el Gobierno introdujo en el texto una cláusula por la que los centros educativos que segregan por sexo que soliciten financiación pública tienen que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. El órgano consultivo del Estado había reclamado que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación", a la vez que imponía a los centros medidas académicas a favor de la igualdad. No obstante, este punto fue duramente criticado por los defensores de la coeducación y laenseñanza pública.
Durante el curso 2013-2014, un total de 70 millones de euros salieron de las arcas del Estado para financiar los 48 centros educativos que segregaban a niños y niñas en clase en nueve autonomías. Pues bien, los portavoces de los partidos de la oposición consideran que esta es una cuestión que debe modificarse. De hecho, PSOE y Podemos han presentado sendas proposiciones no de ley al respecto. El PSOE pide que se modifique la LOMCE en este punto para poner fin a estos conciertos y Unidos Podemos reclama "llevar a cabo un plan consensuado con las comunidades autónomas y realizando todas las modificaciones necesarias para eliminarlos".
Ciudadanos, por su parte, dice no estar de acuerdo con este modelo que segrega a los alumnos y recuerda que "no existe ninguna evidencia científica" que lo justifique. No obstante, en la formación de Rivera apuestan por mantener los conciertos que ya están suscritos "para generar la menor disrupción curricular posible" y evitar crear a estos centros una situación de inseguridad jurídica, pero mantiene que su propuesta es que no se firmen nuevos acuerdos con este tipo de colegios.
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