Distrito escolar único y cohesión social

Enrique Díez

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Enrique Díez, El Diario de la Educación, 23 de junio de 2019

La educación es un derecho básico. Por eso el Estado está obligado a garantizar que todo niño y toda niña tenga acceso al mejor colegio público al lado de su casa.

Pero la ideología neoliberal pretende convertir los derechos, que ha de garantizar la comunidad social, en “elecciones”, como si fueran inversiones individuales. Plantea a las familias (a aquellas que tienen tiempo, recursos y disposición para ello) que se dediquen a buscar y seleccionar un centro educativo determinado, en un listado (en breve con puntuaciones en TripAdvisor y valoraciones de los usuarios), como si las familias fueran clientes y la educación un producto a la carta.

Las políticas educativas que apuestan por este modelo neoliberal de selección “a la carta” de centros, no confían en los profesionales de la educación pública, no confían en el sistema educativo público. En vez de apoyar la labor educativa que hacen los profesionales en todos los centros educativos, y dotarles de los recursos y medios necesarios para que mejoren constantemente, les ofrecen “competir” para ser “seleccionados”, en función de los intereses o las preferencias individuales de los consumidores/clientes. Como si el sistema educativo debiera organizarse según la demanda de los clientes y las leyes de mercado, como si la educación fuera un producto que se compra y se vende en un gran supermercado, y como si los clientes, por supuesto, “siempre tuvieran razón”. Es la lógica del mercado, aplicada a la educación.

Quienes defienden este modelo de selección piensan en la prioridad del interés particular de quien lo puede ejercer: “lo mejor para mi hijo o hija”, no en el interés colectivo y el bien común: “Lo mejor para todos los niños y niñas” y no solo el mío. Sin embargo, el derecho a una buena educación es un derecho del niño y de la niña, de todos los niños y niñas. No podemos convertir en un supuesto “derecho” la preferencia de selección, el interés individual y la ventaja competitiva. La “libertad de elección” apuesta por la lógica individualista y egoísta de la “ética del más fuerte” (quien tiene recursos y medios para ejercerla) y no por la lógica solidaria de la pluralidad, la convivencia y el bien común para todos y todas.

Esto es, ni más ni menos, que lo que se debate detrás del modelo neoliberal de “libre selección” que propone el “distrito único”.

Mientras que el modelo de organización territorial por distritos escolares parte de un enfoque solidario, que apuesta por la convivencia plural y la cohesión social, con “comisiones de escolarización”, en las que participan todos los sectores de la comunidad educativa, que se encargan de garantizar una distribución racional y equitativa de todo el alumnado en los centros educativos próximos a sus lugares de residencia.

Los estudios e investigaciones demuestran reiteradamente que el sistema de “selección de centro de distrito único” potencia la segregación y la desigualdad. Y que detrás de la mayor parte de las invocaciones a la “libertad de elección” de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase (Gimeno, 2010). La evidencia estadística (Fernández y Muñiz, 2012; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014;Rogero y Andrés, 2016) confirma que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”. El informe de la OCDE denominado Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.

De hecho, el distrito único no se plantea con la finalidad de mejorar el sistema educativo. Sino como una estrategia largamente añorada por la patronal de la enseñanza privada y concertada, dado que tienen sus colegios en zonas urbanas con numerosa población (pues en las zonas rurales el retorno del alto coste de inversión que supone un centro privado hace inviable el negocio), como forma de conseguir que sea la población la que se desplace a sus centros, pudiendo así filtrar y seleccionar la demanda.

Además, el distrito único empeora el sistema educativo y acaba justificando los recortes en educación. Las familias y el entorno social ya no se ven involucrados para reclamar la mejora del centro público de su barrio o zona, sino que cada uno buscará otro centro “mejor”, si pueden pagarse el desplazamiento y los costes añadidos. Si a esto sumamos la propuesta neoliberal de hacer rankings públicos de los centros educativos, como si de una liga de fútbol se tratara, se acaba generando un polarización cada vez mayor entre centros gueto sin recursos y centros élite con alta demanda, reproduciendo educativamente las diferencias socioeconómicas.

Sin olvidar que el distrito único supone un desarraigo de la infancia respecto al lugar donde vive, provocando que los niños y niñas tengan más dificultades para tener amigos en sus barrios, para poder jugar en la calle y relacionarse fuera del horario lectivo. Además, aumenta su dependencia para desplazarse al centro.

Por el contrario, la zonificación en distritos escolares facilita la coordinación entre profesorado y centros de una misma zona, vincula con el entorno y enseña a convivir en y con la diversidad en una sociedad mestiza y plural, que es un elemento esencial en la sociedad del siglo XXI. E, incluso, desde un punto de vista ecológico, reduce la necesidad de transporte, disminuyendo los problemas de movilidad urbana y de contaminación en las grandes ciudades.

En síntesis, el distrito único propicia una polarización social y sirve realmente para que sean los centros educativos (especialmente los concertados) quienes seleccionen al alumnado y para avanzar en el modelo mercantil de oferta-demanda entre centros educativos, que compiten por una clientela “selecta”, potenciando estrategias de marketing y competencia, en vez de colaboración y apoyo mutuo entre centros.

El Estado debe velar por el bien común y para que todos los centros atiendan al alumnado en condiciones de igualdad. No fomentar un mercado educativo competitivo, alentando una pedagogía del egoísmo y la insolidaridad.