Información proporcionada por la Subsecretaría de Propaganda para la población civil. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA | CC BY-NC-SA / El diario.es
En el Día del Libro, El Diario.es nos ofrece un artículo de Jordi Cornellà-Detrell, profesora titular de Estudios Hispánicos en la Universidad de Glasgow, en el que se advierte de que muchas de las traducciones de los clásicos de la literatura actualmente en circulación son aún las versiones aprobadas por los censores, por lo que resulta urgente "sensibilizar a los lectores y al sector cultural respecto a los efectos a largo plazo de la censura"
El Diario.es, 23 de abril de 2019
Hace 80 años que terminó la guerra civil, un conflicto que sigue generando debate y opiniones encontradas. No hay duda de que, décadas después de la muerte del general Franco, la dictadura continúa proyectando una larga sombra sobre la sociedad española. Los aspectos del pasado aún sin resolver abarcan desde la existencia de cientos de fosas comunes todavía sin exhumar a la frecuente publicación de libros que fueron censurados durante la dictadura.
En efecto, pocos lectores son conscientes del hecho de que uno de los legados más importantes del franquismo es el impacto continuado de los libros expurgados hace décadas por los censores, tanto en España como en el mundo hispanohablante en general. Estos textos manipulados incluyen, por ejemplo, a autores como Ira Levin, George Orwell, Ian Fleming, Muriel Spark, Ernest Hemingway, James M. Cain, Bill S. Ballinger, Henry Miller y James Baldwin.
Los textos censurados
Muchas de las traducciones de los clásicos de la literatura actualmente en circulación son aún las versiones aprobadas por los censores, con frecuencia sin el conocimiento de los editores ni de los lectores. Este hecho supone un ataque a la libertad de expresión y debería abordarse de manera urgente, particularmente ahora que Vox amenaza con derogar la Ley de la Memoria Histórica.
Entre 1936 y 1966, cualquier libro que se quisiera publicar era inspeccionado por los censores del régimen, que decidían si el texto se prohibía en su totalidad o podía publicarse con cortes. En 1966 la consulta se convirtió en voluntaria, pero las autoridades podían retirar de la circulación cualquier libro considerado inaceptable, lo que estimuló la autocensura de autores, editores y traductores.
El régimen reguló de manera estricta la publicación, traducción y circulación de textos con el fin de reforzar un conjunto de valores morales, sociales y religiosos conservadores, promover la uniformidad ideológica y cultural y manipular la historia, especialmente la memoria de la guerra civil.
