Decálogo para una Nueva Ley Universitaria Consensuada con la Comunidad Universitaria

L’étourderie. Levalet

Por otra política educativa. Foro de Sevilla, junio 2018

Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

1.- GRATUITA: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas y la equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2.- PLANIFICADA PÚBLICAMENTE: Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado. La creación de universidades privadas debe ser aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, y evaluarán su continuidad en función del respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos que garanticen una formación equilibrada en Ciencias y Letras y completa de grados y unas infraestructuras dignas.

3.- ACCESO LIBRE: a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros educativos públicos.

4.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y GLOBAL: Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas, y garantizando también una formación global, polivalente, crítica, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la sociedad. Formando ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en el mundo y transformarlo. Con tiempos de formación y estudio que permitan compatibilizar estudiar una carrera con trabajar simultáneamente.

5.- BECAS-SALARIO: Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica, que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.

6.- AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…

7.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN: Supresión de la contratación precaria (especialmente la figura de profesorado asociado y la doble vía de contratación laboral con menos derechos y mayor precariedad) y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico, así como poder realizar una investigación rigurosa. Carrera docente e investigadora que valore la docencia y la renovación pedagógica tanto como la capacidad investigadora, y establezca un sistema, consensuado con los representantes del personal universitario, accesible y equitativo para acceder a la estabilización en el trabajo, así como las condiciones para la promoción. No utilizando la docencia para penalizar al profesorado que no promociona en investigación.

8.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Formación didáctica inicial obligatoria, vinculada a la práctica en el aula, para el profesorado universitario novel de al menos 100 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Así como formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas, que se debe valorar y tener en cuenta en los procesos de promoción al mismo nivel que la actividad investigadora. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa y efectiva de la ratioalumnado-profesorado (no superando los 20 estudiantes por gran grupo-clase).

9.- EVALUACIÓN PARA LA MEJORA: Evaluación que englobe todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo “Horizonte 2020” y posibilite que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y la vinculación del proceso de formación universitaria con el componente de compromiso social con el entorno social en el que se desarrolla su labor.

10.- FINANCIACIÓN PÚBLICA: Garantizar un blindaje de la financiación pública de las Universidades Públicas de un suelo mínimo del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor. Garantizar también financiación, con porcentajes del PIB similares a la UE, de la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, las cuales generan las bases del conocimiento de una sociedad, aunque no sean inmediatamente aplicables o rentables para el mercado.