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El Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su debate en la Comisión de Educación y Deporte una Proposición no de ley a favor de los conciertos educativos equiparando libertad de elección y educación concertada: PNL relativa a garantizar una oferta educativa plural
Ante este nuevo ataque del PP a la Escuela Pública que pretende marcar una linea roja en el futuro pacto educativo, el Foro de Sevilla ha elaborado un manifiesto al que se han adherido, hasta ahora, Europa Laica, MCEP, Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, y la Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, y en el que se aboga como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados
Manifiesto
Por otra política educativa, 31 de julio de 2017
El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.
Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague.
En un primer momento, se subvencionan centros privados a través de los conciertos educativos como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del número de unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no se puedan justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones particulares privadas.
A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas ha aumentado año tras año, de la mano del PP y del PSOE. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a su red de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos (conciertos escolares). Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
La PNL que ha presentado el PP argumenta que pretende “garantizar una oferta educativa plural” exigiendo al gobierno que siga financiando los conciertos en aras de lo que denominan “libertad de elección”. Pero la pretendida “libertad de elección de centro escolar” realmente es preferencia de selección escolar. Algunas familias muestran una cierta predilección por los centros concertados a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas, frente a la opción de los centros públicos, aun cuando estos últimos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de calidad (por ejemplo, contando con aulas menos masificadas o con profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad). Pero los datos no respaldan que esa demanda sea porque los centros concertados ofrezcan una mayor calidad en la educación académica, o una mejor formación en comportamientos sociales, ni siquiera porque el factor religioso sea determinante en la elección de centro.
Lo que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados (Fernández y Muñiz, 2012; Rogero y Andrés, 2014;Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014; Rogero y Andrés, 2016), donde las características socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias parecen proporcionarles más ventajas en las relaciones futuras. Lo cierto es que las investigaciones demuestran reiteradamente que, como dice Gimeno Sacristán (1998), detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. El informe de la OCDE denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.
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En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo razonable que las familias que puedan accedan al centro educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de selección de colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tienen que pagar cada uno, como antes se hacía en España. Si la Educación es un bien público no puede mantenerse como un negocio privado. El Estado debe velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compiten para conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara.
Es más, el carácter de empresa privada de los centros concertados también sirve de excusa para la selección/discriminación ideológica (“carácter propio” o ideario, en su mayoría de carácter religioso confesional), por más que la libertad de conciencia (y más de un alumnado en periodo de formación) es un derecho universal a respetar en todo centro educativo que imparte enseñanza reglada y oficial.
La lucha por una educación pública para todos y todas está estrechamente ligada a la lucha contra la pobreza, el racismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la desigualdad, la ausencia de respuestas al drama migratorio y otra serie de injusticias que nos devuelven una imagen decepcionante de nuestro país. Una realidad legislativa y de prácticas políticas, económicas y culturales que, en lo referente a la regulación del derecho a la educación, no soportaría un juicio moral, ni responde a las promesas de una democracia sustantiva. Promover y afianzar la educación pública es una de las luchas con más sentido en nuestro siglo, por ser una de las pocas esferas en la que es posible desarrollar culturas formativas de pensamiento crítico, disidencia, alfabetización cívica y de promoción de movimientos sociales capaces de luchar contra las fuerzas antidemocráticas que nos van trasladando a tiempos oscuros y salvajemente egoístas.
Estas razones, entre otras, nos llevan a ser críticos con el encubrimiento de este tipo de intereses particulares que defiende el PP en la PNL, tratando, además, de amparar su defensa en la Constitución. Pero la Constitución no ampara los conciertos. La Constitución establece que la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no prescribe que el Estado esté obligado a garantizar esa gratuidad en colegios privados, por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos. Si el artículo 27 consiguió un claro consenso con respecto al derecho a la educación, gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, ha generado ambigüedad en la interpretación al plantear una disyuntiva entre el derecho a la educación y la elección de centro que en una reforma constitucional tendría que ser revisada.
Esto estableció la posibilidad de construir dos redes financiadas con fondos públicos, una privada y otra pública, y posteriormente a confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, como extensión del derecho de las familias a la elección de centro y como consecuencia de las sucesivas modificaciones que se han hecho a la LODE para facilitar que la planificación educativa incluyera a la vez centros públicos y privados con financiación pública que han ido en contra de la pluralidad y la equidad. El Estado no está obligado a otorgar gratuidad a la educación en aquellos centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos.
Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”
Por lo que los gobiernos de la Comunidad Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura o Asturias están actuando correctamente y en la dirección educativa adecuada al ir suprimiendo progresivamente la financiación de los centros privados concertados, supeditándolos a una planificación pública del sistema educativo, eliminando las unidades concertadas no necesarias para asegurar la escolarización, priorizando los centros públicos e implantando de nuevo la zonificación escolar para que los niños y niñas puedan estar escolarizados en su entorno social y vecinal.
De ahí, que el Foro de Sevilla aplauda las iniciativas emprendidas por estas comunidades autónomas que el PP denuncia y que inste a todos los grupos políticos que no tengan una ideología claramente neoliberal y no consideren la educación como un negocio o un mercado, que velen para que las administraciones educativas garanticen una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas sin segregación, como pretende mantener el PP.
Apoyamos la propuesta consensuada por las Redes por una Nueva Política Educativa que plantean en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo como solución establecer en todo posible acuerdo que se articule para una nueva ley de educación, como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados.
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