lunes, 1 de abril de 2013

¿Por qué no queremos la Ley Wert?


Texto incluido en Contracorriente, nº26 (marzo de 2013), revista  de la Corriente Sindical de Izquierdas

El Movimiento Social por la Escuela Pública de Asturias, como colectivo ciudadano en el que se integran quienes defienden el derecho a una Educación Pública, Laica, Inclusiva y Gratuita para todas y todos, surge hace once años, cuando ya la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) había abierto una vía de privatización del Sistema Público a través de los Conciertos Educativos. Se ha mantenido en lucha contra ellos y contra las sucesivas leyes educativas en tanto que menoscababan su defensa de la Escuela Pública (la LOPEGCE de Pertierra en 1995, la LCE de Pilar del Castillo en 2002, la LOE de Mercedes Cabrera en 2006). Por ello, en estos momentos, no puede dejar de manifestar su absoluto rechazo ante, seguramente, la agresión más grave de los últimos tiempos al modelo de Educación que defendemos, resultado de las escandalosamente neoliberales actuaciones del ministro Wert y su Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

Esta ley, aprobada ya por todas las comunidades gobernadas por el PP, es una auténtica contrarreforma ideológica que nos acerca más al sistema educativo de los años 50-60, que a la educación de ciudadanas y ciudadanos del siglo XXI. 


Se trata de una ley profundamente ANTIDEMOCRÁTICA. Lo es en su elaboración, totalmente de espaldas a la Comunidad Educativa y a la ciudadanía, y lo es en su concepción de la Educación. Con la LOMCE desaparecen las escasas y precarias vías de participación en los Centros a través de los Consejos Escolares. En el anteproyecto, los Consejos Escolares, a los que leyes anteriores habían ido eliminando competencias, pierden toda su capacidad de decisión, pasando a ser un mero órgano consultivo. Sus competencias pasan directamente al Director/a, elegido prácticamente por la Administración, convertido ahora en “el gerente de la empresa educativa”, con capacidad de decidir sobre aspectos tan fundamentales como la admisión/selección del alumnado –en la que ahora participa y controla el Consejo Escolar-, o sobre el Proyecto de Calidad , novedad en la ley y que podrá suponer la especialización de los centros en el ámbito curricular, funcional o por tipología del alumnado, veda abierta al ranking, a la competitividad, a la lucha por obtener los mejores resultados porque de ello dependerán también los recursos que lleguen desde la Administración, y para los que el Director o Directora podrá seleccionar al profesorado interino y/o al funcionario de carrera. 

Es una ley planteada para favorecer a los MERCADOS, una ley que considera la Educación no como un derecho, sino como un servicio, como un producto con una clientela consumidora, la ciudadanía. Una ley que no tiene como objetivo educar para hacer ciudadanos y ciudadanas libres, críticos e iguales sino para obtener mano de obra para las exigencias de los mercados. En la introducción declara: "Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global" (Evidentemente lo de alta cualificación no es sino un fraude más, la LOMCE lo que hace es devaluar y degradar la Formación Profesional) 

Estamos ante una ley claramente PRIVATIZADORA. El Sistema Educativo viene definido como conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación, es decir, deja meridianamente claro el sentido de “servicio educativo” abierto no sólo a lo público sino también a agentes privados. ¿Cómo? Reduciendo el gasto público educativo y favoreciendo el negocio privado. Para ello, mientras sistemáticamente se le niegan recursos a la Educación Pública, se da mayor cabida a la concertación con empresas privadas: en el anteproyecto se recoge ahora que para establecer conciertos es suficiente “la demanda social”, aumenta el período de concertación a un mínimo de seis años en Primaria (ahora son 4), permite concertar e la Formación Profesional Básica y bendice, a pesar de las sentencias del Supremo, los conciertos con centros que separan por sexo, en su mayoría del OPUS o de otras organizaciones ultracatólicas. Por otra parte, abre también la posibilidad de que, las etapas no consideradas Educación Básica (Primaria y Secundaria), dejen de ser gratuitas. 

Es una ley profundamente SEGREGADORA Quienes tenemos ya una cierta edad, recordaremos que, hasta la ley del 70, con 10 años había que afrontar una prueba de ingreso, y que estas pruebas selectivas se repetían a lo largo de la vida escolar: una reválida en cuarto curso (el bachiller elemental) si se quería seguir hacia el bachiller superior, y una reválida en sexto si se quería continuar hacia la Universidad. Pues bien, la “arquitectura” que plantea la LOMCE vuelve a ese sistema de reválidas desaparecidas hace 42 años, convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos que permitirá llegar a la meta sólo a los más dotados académicamente y/o económicamente. 

No está de más recordar que el Libro Blanco de la Educación de Villar Palasí, de 1969, en el capítulo “Sistema Educativo actual”, señala, por ejemplo, que de cada 100 alumnos que iniciaron Primaria en 1951, llegaron a ingresar 27 en la Enseñanza Media, aprobaron la reválida de bachillerato elemental 18 y 10 el bachillerato superior. De estos, 5 aprobaron el Preuniversitario y sólo 3 culminaron estudios universitarios en 1967, porque es precisamente a este sistema al que quiere Wert que volvamos. Así 

En Primaria, la ley establece dos pruebas externas, una en Tercero y otra en Sexto, cuyos resultados se incluirán en el expediente del alumnado (aunque la ley aclara que no tienen valor académico). 
En Secundaria Obligatoria, hay ya una reválida, al acabar cuarto curso, necesaria no sólo para continuar estudios (hacia el bachiller o hacia la F.P.), sino también para obtener el título de Graduado en ESO (empeora incluso la ley del 50 en la que el título de Bachiller Elemental, o el de bachiller superior, se obtenía sin necesidad de aprobar la reválida). ¿Qué pasará con quienes no la superen? “recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados”. Punto. 
Al finalizar el Bachillerato, tanto para la obtención del título como para poder continuar hacia la Universidad, se necesitará aprobar una nueva reválida. Se señala que esta reválida sustituye a la actual prueba de acceso a la Universidad, pero cada Universidad podrá diseñar, si así lo considera, su prueba de acceso. 

Estas reválidas o pruebas externas, serán centralizadas, es decir, las pondrá la Administración, pero las podrán llevar a cabo empresas privadas, un nuevo negocio que supondrá, según la memoria económica que acaba de presentar el ministro, 1,5 millones de euros para las pruebas de Primaria y 2,3 para la reválida de Secundaria. 

No obstante, con ser las reválidas una de las características más evidentes de la segregación que persigue la ley, no es la única. Desde los 13 años la LOMCE planifica tres caminos o itinerarios selectivos para el alumnado (en esta etapa obligatoria en la que debería de primar la formación común), atentando, con ello, contra la igualdad real de oportunidades. En Tercero de Secundaria, a una edad en que el medio social pesa más que la auténtica capacidad de elegir, alumnos y alumnas se verán en la obligación de escoger su futuro: si van a dirigirse hacia la F.P. o el Bachillerato, seleccionado unas asignaturas u otras. Esta elección se hace definitiva en cuarto curso, sin posibilidad de marcha atrás. ¿Qué puede significar esto? Que el alumnado con familias de menor renta se decantará fácilmente hacia la opción de F.P. Por otra parte, quienes hayan repetido tendrán que encaminarse hacia la F.P. Básica (novedad en la LOMCE) y/o hacia un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento escolar, (los actualmente Programas de Diversificación), para los que la memoria económica ni siquiera contempla dotación económica especial. 

Para afirmar que se trata de una ley IDEOLÓGICA, CONTRARREFORMISTANEOCON-SERVADORA y ANTIPEDAGÓGICA basta revisar qué contenidos aparecen, desaparecen o cobran más peso. Se priorizan contenidos “instrumentales”, mientras pasan a segundo plano aquellos que son indispensables para una formación más general. Desaparecen asignaturas como Educación para la ciudadanía, Ética o Conocimiento del medio o Ciencias para el mundo contemporáneo… y asignaturas como Cultura Clásica, Educación Plástica, Música, Tecnología, Historia de la Filosofía, Griego, Economía, Historia del Mundo Contemporáneo… pasan a engrosar el paquete de asignaturas entre las que se tendrá que elegir según las que cada Centro oferte. Sin embargo la RELIGIÓN (con su obligada y evaluable alternativa, consensuada con el único colectivo al que sí escucha, los obispos) es de obligada oferta en todos los cursos de Primaria y Secundaria y se equipara al resto de las asignaturas específicas que pueden ser elegidas en Bachillerato. El afán centralizador de la ley, hace que los contenidos de las asignaturas troncales sean íntegramente decididos por el Estado. Sólo importa aquello que sea necesario para la formación de mano de obra y para mejorar los resultados del informa PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la biblia de Wert. 

Y es que Wert, (sin el más mínimo análisis de la situación educativa actual, ni de sus causas, ni de sus logros), aunque defienda la imperiosa necesidad de solucionar el problema educativo de este país y su elevado nivel de abandono escolar, leyendo sesgadamente datos que ofrece PISA, NO OFRECE SOLUCIÓN ALGUNA a los problemas reales. Una lectura menos interesada del informe, sin negar que cualquier sistema educativo es susceptible de mejora, y éste lo es, demuestra que no hay diferencias tan significativas entre la media de la OCDE y la nuestra (por ejemplo, en capacidad lectora la media se sitúa en 492 y España obtiene 481 puntos). Es más, se nos ocultan datos, que también recoge el informe PISA, que hacen referencia a que nuestro sistema educativo es uno de los mejores, el segundo tras Finlandia, a la hora de garantizar la equidad: PISA también estudia la relación entre los resultados y el estatus económico, social y cultural de las familias; y en este sentido, los resultados sitúan a España muy por encima de donde le correspondería por el nivel socioeconómico del alumnado (un 34% del alumnado español pertenece a familias con bajo nivel educativo, uno de los porcentajes más altos de la OCDE, lo que debería llevar a que entre ese alumnado se diera un 80% de fracaso escolar, mientras que, aún pareciéndonos elevado, el fracaso español se limita al 30%.) 

Pero es que entre los objetivos de la LOMCE no está la búsqueda de la equidad, ni de la cohesión social o la compensación de desigualdades; al contrario, con su implantación no solo se reproducirán, sino que aumentarán las desigualdades sociales. 

Por ello, la defensa de uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar ha de ser causa común de toda la ciudadanía, no solo de la Comunidad Educativa. Si queremos mantener y mejorar una Escuela Pública, Laica, Inclusiva y Gratuita, mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, estamos en la obligación de dar respuesta colectiva a las múltiples agresiones (en forma de recortes o de LOMCE) que la Educación Pública está sufriendo. 


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