Pedro López López, Público, 9 de diciembre de 2023
El 9 de diciembre es una fecha destacable para el laicismo. En ella, en 1905 el Estado francés promulgó una ley de laicidad cuyo primer artículo dice que la República garantizará la libertad de conciencia. Igualmente, el primer artículo de su Constitución define a Francia como una república laica.
La fecha es también significativa en tanto que el 9 de diciembre de 1931 el Estado español aprobó la Constitución de la Segunda República, reconociendo la laicidad del Estado. Por último, el 9 de diciembre también es el Día Internacional Contra el Genocidio. No pocas masacres en la historia se han llevado a cabo con bandera religiosa. En nuestros días, se está llevando a cabo un genocidio por parte de Israel, un Estado fundado sobre raíces religiosas. Cuando se utiliza un argumento religioso, es decir, dogmático, la discusión racional se vuelve muy difícil.
Dejando de lado tergiversaciones interesadas, la laicidad es un principio democrático que persigue el establecimiento de condiciones que permitan la libertad de conciencia de las personas. Desde este punto de vista, desde este principio, no hay laicidad negativa ni positiva, la laicidad es facilitar que los ciudadanos tengan autonomía moral para elegir los principios políticos y morales que consideren justos.
Para hacer posible la autonomía moral de las personas hay que empezar por excluir del sistema educativo los dogmas, mayormente religiosos, que con frecuencia aquellas que han sido adoctrinadas desde su niñez conservan toda su vida. En la etapa infantil el individuo todavía no tiene criterios para distinguir lo justo de lo injusto, lo racional de lo irracional, ni para combatir el adoctrinamiento. Con la madurez contará con herramientas si su formación es adecuada.
Una visión interesada y ampliamente difundida ataca al laicismo (movimiento social por la laicidad del estado) presentándolo como enemigo de la religión. Desde esos mismos sectores, se acusa de adoctrinamiento a la exposición y difusión de las ideas laicistas. No se puede ignorar el peso que todavía conservan los sectores católicos integristas, herederos de un nacionalcatolicismo impuesto por el régimen franquista y todavía apoyado económica, mediática y políticamente por todos los gobiernos que hemos tenido. Así, no es de recibo que en ayuntamientos gobernados por la derecha, e incluso por una sedicente izquierda, se cedan terrenos gratuitamente para colegios religiosos concertados, es decir, pagados con el erario público.
El laicismo persigue la laicidad del estado, su neutralidad frente a cualquier opción de conciencia (especialmente en el terreno religioso), lo que supone que ninguna religión esté inserta en el sistema educativo. Puede estarlo como objeto de estudio, pero no desde el proselitismo y el adoctrinamiento.
El sistema educativo debe perseguir el interés superior del niño y de la niña, que no es propiedad de los padres, que no tiene por qué ser una copia de estos ni pensar y sentir como ellos. El interés superior de los niños está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, y aunque no lo estuviera debería ser de sentido común en una democracia.
Se da la circunstancia de que sectores ultracatólicos acusan y denuncian a quienes promovemos la laicidad y los derechos humanos, que son condiciones y objetivos para todas las personas sin ningún tipo de discriminación (según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
La principal institución religiosa de nuestro país, la Iglesia Católica, cuyo fin declarado no puede ser otro que la evangelización, o sea, el adoctrinamiento religioso —dejando aparte sus fines crematísticos y de poder, estos no declarados—, secunda este ataque hacia los promotores de principios democráticos y universales, es decir, dirigidos a toda la población, no a un sector específico, llámese rebaño, parroquia, feligresía o cualquier otro término.
La función de la educación es formar ciudadanos, no feligreses. El rezo y la catequesis tienen su lugar en las iglesias; no será por falta de locales, cuando la Iglesia Católica es el máximo propietario privado de inmuebles, gracias al extendido escándalo de las inmatriculaciones.
El laicismo no es una ideología más que tenga que competir en el "mercado" de las ideologías, es un principio democrático, una condición básica de la democracia. No es correcto plantear la elección entre religión o laicidad, en el estado laico cabemos todos: creyentes y no creyentes, agnósticos y ateos, católicos y musulmanes, budistas y evangélicos... Todas las sensibilidades, religiosas o no religiosas, caben en la democracia, que si no es laica no es plena.
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