La enseñanza concertada asume menos de la mitad del alumnado africano del que le toca por porcentaje

La educación privada financiada con dinero público (en récord de financiación con casi 7.000 millones en un año), en su mayoría en manos de la Iglesia, escolariza a un 25,17% de los estudiantes, dato que cae al 14,7% entre los extranjeros y al 9,38% en el caso de los africanos

Manifestación contra la Lomloe o 'Ley Celaá' de la Plataforma Más Plurales, en diciembre de 2020 / Europa Press

Ángel Munárriz, InfoLibre, 25 de septiembre de 2022

"Más Plurales" se llamó la campaña contra la Lomloe lanzada por el sector más beligerante de la educación concertada, fundamentalmente católica. Pero los datos de escolarización de alumnado extranjero –especialmente africano– y gitano del Ministerio de Educación y de la Fundación Secretariado Gitano, analizados por infoLibre, ponen en seria duda la pluralidad y la inclusión en esta red privada, que bate año tras año su récord de financiación pública hasta rozar ya los 7.000 millones en un año.

La brecha del alumnado inmigrante

En total hay en las enseñanzas no universitarias 8,23 millones de alumnos, con datos del Ministerio de Educación del curso 2020-2021, los últimos publicados que permiten ver en detalle el reparto según la titularidad de los centros. A la concertada van 2,07 millones, el 25,17%, contando Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Sólo contando Primaria y ESO, la concertada se queda con un 28,91% de los estudiantes.

¿Qué ocurre con el alumnado extranjero? Es interesante saberlo dado que por regla general tiene mayores dificultades de aprendizaje y exige mayor esfuerzo del centro. El porcentaje de extranjeros que van a la concertada es menor que el que le correspondería por el trozo de la tarta del alumnado global que se lleva. En realidad, mucho menor: sólo asume al 14,7% del alumnado extranjero, 10,47 puntos menos de lo que le toca. En Primaria y ESO los foráneos en la concertada son el 15,65%, con lo que la brecha es de 13,26 puntos.

Una lógica y unos beneficiarios

Sobre el papel, no debería haber esta diferencia. La ley que establece el actual sistema de conciertos afirma que la educación obligatoria ha de ser gratuita, tanto en la red pública como en la concertada. La idea de la ley, de las políticas públicas y del propio discurso oficial es que haya un reparto homogéneo en las redes pública y concertada del alumnado socialmente desfavorecido.

Hay toda una lógica empujando para que tal reparto óptimo no se dé. No es un fenómeno casual. La evidencia en el campo de la sociología de la educación y los propios datos recabados por las instituciones muestran una serie de causas, que en el fondo se resumirían en una: un porcentaje difícil de precisar de la escuela concertada, pero en cualquier caso significativo, levanta barreras.

¿Cuáles son esas barreras? En primer lugar, la ubicación de los colegios. "Los concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe Mapa escolar, publicado en 2019 por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento. A esto se suma la llamada "matrícula viva", es decir, las matriculaciones durante el curso, a través de las cuales entra buena parte del alumnado inmigrante. El informe Diversidad y libertad, del think tank Esade Ecpol, detalla que en el curso 2018-2019, mientras la matrícula viva en toda Primaria en Cataluña era un 2,3%, en los centros de "alta complejidad", donde suele haber mayor cantidad de inmigrantes, era más del doble, un 5,3%. Además, es usual la práctica del cobro de cuotas disfrazadas de donativos, lo que elimina la gratuidad. A ello se suma el ideario católico de la mayoría de los centros, una posible barrera para familias de otras creencias.

El sociólogo Xavier Bonal ha descrito un círculo vicioso, por el que "la concertada mantiene el discurso de que hasta que no le suban la financiación pública, no puede asumir a alumnos que no pagan" y "las administraciones miran para otro lado", porque les cuesta menos una plaza concertada que una privada. Por último, las familias pobres, conocedoras de que "escolarizar a la concertada tiene coste", hacen lo que Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, ha llamado "autodescartes": as propias familias de renta baja se autoexcluyen.

A su vez, las organizaciones en defensa de la concertada y la propia Conferencia Episcopal presumen de que en sus centros se dan mejores resultados y sus alumnos obtienen mejores posiciones profesionales, presentándolo como el resultado de la educación que ofrecen, y no del sesgo social de su alumnado, que tiene unas mejores condiciones de partida.

África y el resto del mundo

Álvaro Ferrer, especialista en educación de Save the Children, explica a infoLibre que los datos demuestran que el modelo "es disfuncional y tiene problemas de equidad". "Hay dos redes que están sometidas a las mismas reglas y deberían ser corresponsables en la escolarización inclusiva. Pero no lo son", señala.

Ferrer pone el énfasis en los datos de alumnado africano. En toda la educación no universitaria hay en la red concertada 24.584 alumnos de África, lo que supone un 9,38% del total. Esto supone una brecha de 15,79 puntos con respecto al 25,17% de alumnado total que hay en los centros de titularidad privada financiados por el Estado. "[Con el alumnado africano] las dificultades suelen ser mayores. Sus condiciones son en muchas ocasiones más precarias y hay importantes diferencias culturales. A ello se suma el idioma, que hace menos accesible a las familias la comprensión del sistema", explica Ferrer.

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El africano es el alumnado extranjero que menos acude a la educación concertada: 9,38%, dato que baja hasta el 8,45% en el caso de los alumnos considerados del "Norte de África": Marruecos, Argelia, Egipto, Libia y Mauritania. Todos los demás grupos están por encima: 12,66% de la UE, 12,22% del resto de Europa, 16,78% de Oceanía, 18,25% de América del Norte, 18,97% de América Central, 19,12% de América del Sur, 25,78% de Asia.

Al dividir el porcentaje global de alumnado en la concertada entre el porcentaje de africanos en este tipo de educación (25,17 entre 9,38), el índice resultante es 2,68. Es más del doble. La red concertada se queda con menos de la mitad del alumnado africano que le corresponde por su peso en el sistema. Estos índices son algo menores en el caso de los extranjeros en general: 1,7 en toda la educación no universitaria y un 1,84 tomando sólo Primaria y ESO. Los porcentajes de alumnado global no llegan aquí a doblar los porcentajes de alumnado extranjero, límite que sí se alcanza –y se supera– con África.

Mikel Araguás ofrece la perspectiva que le dan años en el movimiento por los derechos de los inmigrantes. ¿Su conclusión principal? Las familias llegadas de fuera tienden a agruparse y a buscar los colegios más cercanos a sus casas, que es donde tejen sus frágiles redes de apoyo, explica. No suele ser en las zonas ricas de las ciudades, sino en las pobres, allí donde hay menos o no hay concertada. Resultado: en determinados centros se produce una "concentración" de alumnado inmigrante, que a su vez es percibida de forma desfavorable por una parte de las familias locales, lo que provoca un "efecto huida", retroalimentando la dinámica. Esa "huida" deja más huecos libres, que serán ocupados a través de la "matrícula viva" por los alumnos inmigrantes que vayan llegando. La máxima expresión del fenómeno es la "guetificación", explica Araguás, de SOS Racismo, para quien la situación es más o menos grave según las comunidades pero en cualquier caso se complica con las políticas de "distrito único" y otras fórmulas de "libertad de elección", como Madrid.

Los datos de reparto del alumnado inmigrante son ilustrativos de un grave problema de fondo, la segregación, es decir, la agrupación homogénea de alumnos por clase social. España es el 22º país con más segregación en Primaria de los 24 de la OCDE analizados en el informe Diversidad y libertad de Esade Ecpol. Madrid empeora los resultados del país en Primaria y ofrece el peor dato en Secundaria, donde España se sitúa en la media de la OCDE.

Gitanos y segregación

También cuestiona la inclusión en la concertada el Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado gitano, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano y financiado por el Ministerio de Educación. El estudio ha sido realizado a partir de datos recogidos entre enero de 2020 y julio de 2021 en 138 centros en los que estudian 6.563 gitanos de un total de 75.804 alumnos. La conclusión principal es que la mitad de los alumnos gitanos están escolarizados en centros "segregados", es decir, en aquellos en que más de un 30% del alumnado es gitano. ¿Qué pasa, mientras tanto, en la concertada? Ninguno de los centros de educación Infantil y Primaria concertados que se incluyen en el estudio "tienen porcentajes de alumnado gitano por debajo del 15%".

Mónica Chamorro, directora de educación de Secretariado Gitano, ofrece a infoLibre tres razones: 1) "En muchos centros concertados, según nuestra experiencia, se orienta a muchas familias para que se dirijan a centros públicos". 2) "El pago de 'cuotas', uniformes y actividades extraescolares o complementarias que se ofertan en centros concertados es algo que muchas familias gitanas no se pueden permitir". 3) "Si los hermanos, vecinos o familiares van a centros públicos, hay vinculación y una red de apoyo relevante para estas familias. Van a una lugar conocido, al que van personas conocidas y con cuyas familias pueden acordar cuestiones como la recogida de los menores".

Una tarea pendiente

El Ministerio de Educación, consultado por este periódico, se muestra consciente del problema de la segregación, recuerda que las competencias en materia de escolarización son autonómicas y se remite a lo recogido en la Lomloe. Dicha norma recalca la prohibición de las cuotas obligatorias y recoge que hay que garantizar el acceso a centros públicos y concertados sin discriminación.

A juicio de Ferrer (Save the Children), de momento esto son "palabras en el BOE". "Aunque la Lomloe dice que hay que tomar medidas, este tema está en manos de las comunidades. Unas están tomando medidas, como Cataluña, Euskadi y Navarra, pero la tendencia general es a que todo siga igual. No basta con ponerlo en la ley", afirma. El posible impacto de la Lomloe, que los especialistas prevén inapreciable o limitado en este terreno, se empezará a ver con los datos del curso 2021-2022 y siguientes.

La voz de Escuelas Católicas

Álvaro Ferrer, de Save the Children, recalca que no toda la segregación es responsabilidad de la concertada, una realidad que también puede observarse en el seno de la propia red pública. Lo evidente es que los datos pueden erosionar el discurso de las organizaciones pro-concertada, como Escuelas Católicas, la Plataforma Concertada y Más Plurales.

infoLibre reclamó a estas tres entidades su versión sobre las brechas entre alumnado general y alumnado extranjero. Sólo hubo contestación de Escuelas Católicas [ver aquí la respuesta completa], que recalca que "los criterios de admisión y el propio procedimiento vienen establecidos por la Administración y son iguales para centros públicos y concertados. "Los titulares de los centros no pueden establecer criterios o requisitos diferentes, ni pueden excluir solicitudes", señala. Y añade: "Los centros no son responsables de los porcentajes del alumnado que escolarizan".

Escuelas Católicas señala que los datos "se pueden deber a múltiples factores, pero no a la discriminación o exclusión por parte de las titularidades de los centros". La entidad, cuyos centros suman más de 1,2 millones de alumnos, sostiene que hay colegios concertados con "20 o 25 nacionalidades diferentes en Carabanchel, Vallecas, Villaverde", en Madrid. En Almería, añade, hay un centro con más del 90% de alumnado gitano.

En cuanto a la posible disuasión que el ideario católico puede provocar en familias de otras creencias, señala: "Los centros católicos no exigen que sus familias sean católicas (sería ilegal), pero sí es cierto que hay familias que no desean ese ideario católico si es distinto al familiar. Esto puede pasar con algunos alumnos africanos".

La respuesta recalca que los extranjeros no son "un mal que hay que repartir" y critica el criterio de la Lomloe. "Mientras el concierto no cubra el coste real de impartición de la enseñanza –concluye–, existirán colectivos que achaquen como causa de todos los males la existencia de aportaciones voluntarias que las familias realizan a algunos centros concertados para paliar el déficit estructural.