En estos últimos años se han venido aplicando políticas educativas neoliberales o, lo que se ha venido a denominar, la modernización conservadora. La mirada de esa modernización está puesta, más bien, en la obtención de beneficios privados y en desviar los fondos públicos a favor de un modelo de escuela que beneficia a quienes más tienen y al servicio de los intereses de sectores ultraconservadores.
Por otra política educativa
El Diario de la Educación
En estos momentos, en que hay de nuevo un gran debate sobre los cambios que hacer en la educación y la comunidad educativa pide eliminar los embates y recortes a la educación pública que se hicieron en la etapa gubernamental anterior y que actualmente se aplican por gobiernos conservadores en alguna comunidad autónoma, es importante preguntarse ¿qué es la educación pública?
Si analizamos el nacimiento de la educación pública y nos centramos en Europa, encontramos un francés, Condorcet, que, en 1792, escribió Informe y proyecto de decreto para la organización general de la instrucción pública. En Condorcet encontramos los principios iniciales de la educación pública que todavía, siglos después, son muy actuales:
- La laicidad del currículum.
- Educar ciudadanos autónomos.
- Educar a todos y en todas las edades.
- La separación escuela-iglesia-poderes.
- La igualdad en el acceso en la educación de hombres y mujeres.
- El no sectarismo de las minorías.
Y también una educación pública comportaba que la enseñanza no estuviera en manos de la Iglesia, y que la infancia debía ser educada por profesionales laicos, no religiosos. También que era necesario que el Estado se ocupara de la educación creando un Ministerio. Empezaba lo que se ha denominado una educación pública y general, o sea, para todos y todas. En contra del absolutismo y a favor de las repúblicas (siempre ha existido relación entre educación pública-república y democracia). Defendiendo lo que es público, lo que es de todos y para todos, abogando por una educación pública no clasista ni segregadora, para promocionar y defender la democracia de los pueblos.
¿Y estos principios de la educación pública se están cumpliendo en la escuela pública actual? En estos últimos años se han venido aplicando políticas educativas neoliberales o, lo que se ha venido a denominar, la modernización conservadora. Políticas que más bien se imponen, sin aceptar negociaciones y no precisamente con el enfoque de cohesión social democratizador de la educación pública. La mirada de esa modernización conservadora está puesta, más bien, en la obtención de beneficios privados, y en desviar los fondos públicos a favor de un modelo de escuela que beneficia a quienes más tienen y que está al servicio de los intereses de los sectores más ultraconservadores, pretendiendo una vuelta atrás en cuestiones ya superadas socialmente como la segregación por sexo o la imposición de ideologías religiosas. Y esto puede ir hundiendo, poco a poco, la educación pública.
Por eso es comprensible y necesaria la construcción de barreras, de reivindicaciones educativas sobre lo público, puesto que nos jugamos un futuro democrático y participativo de hombres y mujeres libres. En lugar de aceptar las viejas ideas y concepciones del pasado, como si fueran actuales, tenemos que luchar para comprender, interpretar y construir, desde nuestro lugar, sea el que sea, una educación pública diferente y que permita avanzar hacia una verdadera escuela pública.
Hay que revisar los viejos referentes y buscar nuevos que nos permitan apuntalar alternativas. Una nueva visión de la educación pública, que también recupere los ideales y principios básicos de los grandes referentes pedagógicos, es necesaria para ir construyendo una auténtica escuela pública que proporcione a los ciudadanos y ciudadanas las capacidades que les permitan comprender e interpretar la realidad, hacer una lectura crítica de los acontecimientos y del entorno comunitario y contribuir a la construcción de una sociedad más centrada en el bien común y menos en el enriquecimiento individual.
La educación pública, mediante la escuela pública, la de todos y todas, tiene que ser capaz de proporcionar elementos para lograr una mayor independencia de juicio, de deliberación y de diálogo constructivo. Tiene que ser capaz de ayudar a transformar las relaciones de las personas con la sociedad a la busca de procesos de justicia.
Tenemos que continuar reivindicando una educación pública para aprender a vivir juntos, para la construcción de una verdadera democracia. Ser ciudadano o ciudadana es un proceso donde la educación y la cultura tienen un papel clave. A ser ciudadano o ciudadana se aprende y, por lo tanto, puede ser enseñado. El derecho a la ciudadanía representa el derecho a la libertad, a la democracia, a una nueva manera de vivir el sistema social. Y esto solo hace la educación pública, una educación sin adoctrinamiento partidista, sin exclusión ni segregación, porque es la única que garantiza la cohesión social y el derecho a la educación de todos y todas sin exclusiones de clase social, etnia o sexo.
Por eso, para desarrollar todo esto, los gobiernos tienen que ser garantes de lo que es público y de todos y todas. Esto solo es posible si se invierte más, mucho más, en la educación pública (de ahí una demanda de aumento del PIB en educación para alcanzar a los países de la UE), puesto que es el futuro de una sociedad justa, una ciudadanía responsable y democrática.
Quienes creemos en los principios de la educación pública, tenemos la obligación de continuar trabajando y luchando para que la escuela sea verdaderamente pública. Esta es la única que garantiza el derecho de la educación de todos y todas, para que todo el mundo pueda recibir el máximo de oportunidades en todas las facetas de su vida. O sea, una educación pública que prepare ciudadanos y ciudadanas para luchar y defender una verdadera democracia justa y participativa
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