El 0-3 en Asturias, un rompecabezas que no encaja

Reportaje de La Voz de Asturias, 29 de mayo de 2017

Protesta de las educadoras infantiles en Oviedo. Foto AEIPA 0-3 / La voz de Asturias

Susana D. Machargo. Redacción

Las escuelas públicas del primer ciclo de Infantil tienen horarios, precios y personal con condiciones diferentes en función del Ayuntamiento al que pertenecen.

El objetivo de este reportaje era hacer una radiografía de las escuelas de 0 a 3 años en Asturias. Contar cuántas escuelas, trabajadores y alumnos hay, sus condiciones económicas, los plazos de matriculación, los bolsas de empleo, las listas de acceso, el modelo pedagógico, los precios... Ha sido misión casi imposible. Hay prácticamente tanta variedad de modelos como ayuntamientos con centros públicos que imparten el primer ciclo de Infantil. El rompecabezas es tan denso que a los propios trabajadores les cuesta bucear en el maremágnum. «Creamos la asociación cuando nos dimos cuenta de que hablábamos entre nosotros y no nos entendíamos», señalan las directivas de Aeipa, el colectivo que aglutina a la escuelas y en el que tratan de organizarse los técnicos educadores.

Organización

Hay algunos datos globales que sí parecen claros. El Principado cuenta con 68 escuelas públicas de 0 a 3 años -en realidad 65 escuelas infantiles y tres guarderías laborales-, repartidas en 38 concejos, que cuentan con alrededor de 530 profesionales, entre técnicos educativos y maestros de Infantil, las dos categorías profesionales habilitadas. La matrícula supera los 3.100 alumnos organizados en 250 unidades diferentes. El presupuesto global establecido por la Administración del Principado es de 9,64 millones de euros, un 18% más que en el curso anterior. La administración regional concede 31.245 euros por unidad, además de cuatro euros al día por alumno, un complemento para la dirección y otro por gastos extras de funcionamiento.

Todas las escuelas están sujetas a un decreto de 2015 que regula la organización y el funcionamiento. El Gobierno del Principado decide dónde se abren centros y con qué personal. Pone, incluso, a la Inspección Educativa a controlarlos y los inscribe en un registro conectado al Ministerio de Educación. Incluso hay en vigor un decreto de diciembre de 2014 con los contenidos que se tienen que impartir. Pero las escuelas no le pertenecen. La Administración regional lo marca todo pero endosa la titularidad a los ayuntamientos. Lo hace mediante una serie de convenios o adendas. Así que son las administraciones locales las que se encargan de todo lo demás, desde contratar al personal hasta marca los precios públicos, los horarios, el mantenimiento de los edificios,... La consecuencia es que quince años después de su implantación -las primeras datan del 2002- el modelo se ha diversificado tanto que existen diferencias sustanciales en función del municipio.

La administración

El Gobierno asturiano es consciente de que el modelo se ha estirado tanto que algo hay que hacer. En la legislatura anterior, la entonces consejera de Educación, Ana González, propuso un modelo de consorcio que indignó a todas las partes, educadores, padres y ayuntamientos. La mayor parte de los integrantes de esta comunidad quieren la integración plena en el sistema de enseñanza, tal y como sucede con el resto de los ciclos. Si la consejería marca las normas y paga, también debe asumir la gestión. Reclaman que la etapa sea pública y que las familias no tengan que pagar ni un euro. No les sirve la excusa de que esta etapa no es obligatoria. Tampoco lo es el segundo ciclo de Infantil y es gratuito.

El actual consejero Genaro Alonso no ha dejado entrever sus intenciones. En su última intervención en la Junta General del Principado, aseguró que el estudio de situación que ha encargado estará listo antes de que termine el primer semestre del año. Le quedan, por tanto, semanas. Pero no ha avanzado nada sobre el modelo que propondrá. Sabe que no va a ser una negociación fácil ni rápida. 

Educadoras mileuristas

La gestión de personal es el ejemplo más claro del caos. Nadie tienen las mismas condiciones que nadie. La Asociación de Escuelas Infantiles Públicas (Aeipa) trata de unificar. A su presidenta y vicepresidenta, Henar García y María Xesús López, les cuesta poner orden pero denuncian con rotundidad los agravios comparativos que se producen y la discriminación a la que están sometidos los profesionales. Ponen decenas de ejemplos. Uno de los más curiosos, el sueldo. Muchos de los técnicos de las escuelas de 0 a 3 años son mileuristas. La propia Henar García, con varios trienios a cuestas, no llega a los 1.100 euros.

La explicación es compleja pero necesaria. Cuando se abrieron las escuelas en el año 2002 se firmó un convenio laboral que establecía las condiciones del personal de los centros, que todos los municipios acataron. Así que el punto de partida fue común. Todos comenzaron con el mismo salario. Pero pasó el tiempo, el convenio expiró, no se negoció uno nuevo y, como cada escuela pertenecía a un ayuntamiento diferente, comenzaron a canalizar sus reivindicaciones a través de los delegados sindicales. Algunos, pocos, lograron mejoras salariales y socioeconómicas con aquellas negociaciones. Otros pasaron a la vía judicial y pleitearon para conseguir su inclusión en la relación de puestos de trabajo (RPT) de su ayuntamiento. Tienen sentencias favorables en Oviedo, Langreo, Villaviciosa, Llanes y Gijón,... Otros no han conseguido nada de nada y siguen con el salario y las condiciones congeladas desde hace quince años.

Entre los que recuperaron derechos en los tribunales también hay diferencias abismales. Así, algunos disfrutan de los beneficios sociales pero no de los salariales y han tenido que emprender nuevos procesos. Otros sí tienen reconocidas ambas partes pero los ayuntamientos dicen que no tienen dinero para pagarles. Como la financiación para mantener las escuelas procede del Principado y es la misma para todas, la diferencia al alza tendrían que asumirla las arcas municipales y los consistorios aseguran que no tienen dinero. Eso es, por ejemplo, lo que sucede en Llanes, donde se les ha reconocido el derecho con carácter retroactivo. En el caso de Avilés, con las escuelas de El Quirinal, La Toba y La Magdalena, el personal figura en un anexo del convenio cuando cree que tendría que formar parte directamente de la RPT.

Ni contratos ni directores iguales

Ni siquiera los tipos de contrato son iguales. Henar García y María Xesús López explican que para evitar repercusiones legales, por el encadenamiento de contratos, algunos ayuntamientos hicieron indefinidos a los técnicos educadores. Otros, en cambio, siguen siendo eventuales y esperan a que la Consejería de Educación confirme cada verano la plantilla antes de renovar. Tiran de bolsas municipales que han habilitado y que, en muchas, ocasiones hasta se agotan.

Las diferencias llegan a tal extremo que las portavoces de Aeipa hablan de un trato discriminatorio. El caso de las direcciones es el mejor ejemplo. En origen, se estableció que los directores de las escuelas públicas de 0 a 3 años fuesen maestros de Primaria funcionarios, con plaza propia, que solicitasen una comisión de servicio. Con este sistema se cubrieron los primeros cargos. Pero, a medida, que la red fue creciendo comenzaron a hacerse excepciones. Designaron a personal del centro con el título de maestro pero no funcionario. Se les paga un complemento pero no se les exime del tiempo del aula. Es decir, que con el complemento logran un dos por uno. Lo más curioso es que cuando la Consejería de Educación organiza sesiones de coordinación solo llama a los maestros en comisión de servicio, al resto no, denuncian.

Precios y horarios 

El colectivo Aeipa afirma que las escuelas no funcionan como una auténtica red educativa, pese al carácter pedagógico de las clases, algo que queda reconocido en el decreto 113/2014, de 3 de diciembre, por el que se regula la ordenación de los contenidos educativos del primer ciclo de educación Infantil. En primer lugar, porque los padres pagan. El consejero Genaro Alonso respondió hace unas semanas a una pregunta del PP sobre el tema en la Junta General. Aseguró que el 70% de las familias tienen bonificaciones, es decir, ayudas y que no pagan la matrícula íntegra. El portavoz del PP en esta materia, David González Medina, le dijo que había padres que llegaban a pagar hasta 330 euros al mes.

Las bonificaciones existen. Se han creado en función de los tramos de renta de las familias y en determinados casos pueden llegar hasta el 100%. Aún así, también es cierto que las que se quedan sin ayudas pueden pagar más de 300 euros. Solo dos ejemplos, en Gijón el máximo es este curso de 333,60 y en Cudillero de 323,55. La tarifa no coincide porque cada ayuntamiento la fija en sus ordenanzas municipales y precios públicos. Son similares pero no idénticas. Tampoco cuadran los horarios, ya que también son de competencia local.

«Ni siquiera coincide el periodo de matriculación cuando es algo que establece la propia consejería», denuncian Henar García María Xesús López. Aunque hay unos plazos oficiales que se deberían respetar, los consistorios hacen la vista gorda y los amplían si creen que así pueden mejorar sus matrículas. Del mismo modo, señalan que tampoco se siguen al pie de la letra los criterios para las inscripciones y que hay un auténtico caos con las plazas que habría que reservar para los niños derivados por los Servicios Sociales. Denuncian que muchas veces se llena la matrícula y no se les deja hueco.