Renuéveme otra vez, señor Consejero

La política del Principado respecto a la educación concertada, por Pablo Martínez Corral

Pablo Martínez Corral, La Nueva España, 28/04/2017

Este año toca renovar conciertos educativos en Asturias, una de las piedras angulares del sistema educativo español. El régimen de conciertos en educación fue sancionado por ley en el año 85 y era defendido de aquella por el PSOE como una medida transitoria para abordar el gran número de alumnos y alumnas al que el Estado no podía hacer frente. Para ello, se necesitaba una red subsidiaria que completase las deficiencias del momento. Tras el paso de los años, esta red concertada ha ido no solo ganando espacio dentro del sistema sino que, en algunas comunidades como Madrid, se han ido invirtiendo las tornas hacia este modelo. 

En Asturias, el señor consejero ha declarado que va a suprimir 32 unidades en la concertada. ¡Todo un triunfo! El Gobierno socialista argumenta que es la red pública quien vertebra la enseñanza frente a una red subsidiaria concertada que representaría un 29%. Datos que parecen muy contundentes, a primera vista, pero que haciendo un análisis más detallado nos muestran los grandes desequilibrios de la educación concertada en Asturias. La red concertada se posiciona con fuerza en las zonas más pobladas de Asturias. Gijón, Oviedo y Avilés aglutinan más del 70% de los centros. Y es en la etapa de Secundaria Obligatoria donde está el "business", con valores del 50% en Oviedo, del 45% en Avilés, o del 35% en Gijón. 

A todo esto, hay que sumar un contexto de crisis económica donde los gobiernos, desde la última legislatura de Zapatero, empezaron a recortar en la red pública, recortando plantillas, aumentando ratios y cargando con más horas lectivas al profesorado. A ello, hay que añadir una nueva ley, la LOMCE, promulgada por el Gobierno del PP, que abría la posibilidad de blindar los conciertos y aumentar su duración, así como proponer la concertación de centros que segregan al alumnado por su sexo. 

La educación debe ser pública en su totalidad porque es ahí donde se garantizan los plenos derechos del alumnado. La calidad educativa no hay que buscarla en los centros concertados, donde las ratios son mucho mayores, donde el profesorado está sujeto a una relación de contrato al servicio de una empresa privada sin pasar por pruebas como las y los docentes de la pública. La escuela concertada responde a la lógica de las empresas privadas, donde el máximo objetivo es acumular beneficios; por eso, su discurso se centra en el coste para el estado. Tampoco hay que olvidarse de que estas empresas privadas en una gran mayoría se mueven en la esfera del lobby católico. 

Si el Consejero verdaderamente apostase por la escuela pública, tendría que centrar en ella todo su interés mejorando las condiciones del alumnado, apostando por una calidad educativa que se traduzca en la inversión en las infraestructuras, en el aumento de las plantillas y asegurando una educación plural y verdaderamente aconfesional a todo el alumnado asturiano. 

Este año toca renovar y con la nueva ley se blindarán otra vez los contratos con la escuela concertada, sus unidades estarán otra vez protegidas de los recortes durante al menos cuatro años y en caso de pérdidas, movilizarán todo su arsenal mediático y jurídico. Mientras, la escuela pública es otra vez presa de reajustes. 

El señor consejero ya anuncia tijera, ni más ni menos que 44 unidades. La partida sigue ganándola la escuela concertada. En una región donde la falta de nacimientos augura un reajuste en la red educativa, el Gobierno socialista ya ha elegido quién va a ser otra vez la víctima, el alumnado que nutre las aulas de la escuela pública.

Pablo Martínez Corral, historiador, profesor de Secundaria