Según recoge hoy el diario El País, el Supremo ha fallado en contra de las solicitudes de suspensión cautelar presentadas por Andalucía y Cataluña. Ambas comunidades solicitaban la suspensión cautelar de la aplicación de las disposiciones de la ley Wert que fijaban que los cambios deben empezar a aplicarse a partir del curso 2014-2015.
Falta de tiempo para la implantación: Entre la aprobación de la ley a finales de 2013 y el inicio del curso sólo hay nueve meses para la adaptación. Cuando en 2006 se ratificó la anterior ley educativa, las comunidades tuvieron 16 meses de plazo,
entre otros, fueron aceptados por el Supremo.O los problemas derivados de la implantación de la FP Básica argumentados por la Junta de Andalucía: “unos 10.000 alumnos” se quedarán sin los cursos de cualificación profesional, y que “unos 500 docentes” deben ser “reubicados o, en su caso, despedidos”.... el diseño ideado por el ministerio supone que “las dos primeras promociones de la nueva Formación Profesional Básica no puedan obtener la titulación de ESO hasta el curso 2017-2018”, un año después de haber terminado.
Según señala El País, el Supremo, sin entrar en el fondo de la cuestión, rechaza la suspensión, obliga a pagar las costas a las Comunidades y apunta en uno de los autos sobre su falta de competencia que “... si se accediese a su petición... se trataría de una inaplicación en vía cautelar de una norma con rango de ley. Y esto, como es perfectamente sabido, queda fuera de la potestad de esta sala”
Después de la negativa del Tribunal Supremo, el recurso está en manos del Tribunal Constitucional a quien han recurrido las dos administraciones, según señala la Cadena SER
20minutos.es
europa press
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Cataluña y Andalucía, junto con el Principado de Asturias tienen también presentado recurso contra la Ley Wert.
(Imagen base en Galde) |
#SigamosResistiendo
No olvidemos que en nuestras manos está no solo seguir manifestando públicamente nuestro rechazo a la ley sino también trabajar tanto para su derogación como para minimizar, en lo posible, sus efectos negativos sobre la educación pública:
1.- Desde Mareas por la Educación Pública está la propuesta de movilizaciones conjunta: 12 meses, doce luchas por la Escuela Pública
2.- Distintos colectivos y organizaciones, han elaborado propuestas concretas que podrían minimizar el efecto de la aplicación de la ley.
Aunque se puede acceder a ellas desde el enlace anterior, dejamos en Scribd las propuestas del Movimiento Social por la Escuela Pública, fruto del trabajo desarrollado en la Jornada LOMCE NO. Cómo organizar la resistencia, celebrada en Gijón en el mes de febrero.
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