Debemos tejer una alianza para conseguir una educación transformadora, comunitaria, democrática, equitativa, laica, inclusiva, coeducativa y de calidad
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| Alumnos en un colegio público de Madrid en 2023. A. Pérez Meca / Europa Press (Europa Press) ____________________ |
Teresa Esperabé, El País, 1 de julio de 2025
¿Está garantizado el derecho a la educación en España? En un primer momento podríamos pensar que sí, porque se nos facilita una plaza escolar en las etapas obligatorias, pero esto por sí solo no garantiza el derecho a la educación a lo largo de la vida. Hoy no tenemos asegurado ni el acceso a todas las etapas y espacios educativos, ni un proceso educativo con calidad, ni los resultados educativos. Es de extrema gravedad que las administraciones educativas desprotejan a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes al vulnerar estos tres derechos educativos.
Empecemos por el primer derecho vulnerado, el acceso. Como decíamos anteriormente, en las etapas obligatorias se nos facilita una plaza escolar. Pero en las etapas no obligatorias y en la educación no formal, la privatización está ocupando un espacio que no le corresponde, impidiendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades. En el primer ciclo de educación infantil, el 0-3, muchas familias no tienen acceso a una plaza pública y han de recurrir a las escuelas infantiles privadas con un sobrecoste añadido. En la Formación Profesional, la oferta privada está creciendo exponencialmente sin ningún pudor, ante la inacción, en muchos casos, de las administraciones educativas. Un tercio de esta oferta ya se encuentra en manos de empresas privadas, mientras que las plazas públicas sólo han aumentado un 7%. También la universidad pública está sufriendo esta ola privatizadora, en muy poco tiempo habrá más universidades privadas que públicas. Además, sufre una infrafinanciación estructural y sólo un 14% del gasto que dedican las familias a la universidad llega por el sistema de becas. El ocio educativo es inalcanzable para muchos niños y niñas, impidiendo así desarrollar todas las potencialidades que aportan estos espacios educativos.
El segundo derecho vulnerado es el del proceso educativo. En España, el 28% de la infancia sufre pobreza infantil, algo que debería abochornarnos como sociedad. Además, existen cerca de 2.000 centros segregados, el alumnado de los cuales no tiene presentes compartidos con sus iguales, ni experiencias educativas diversas. De nuevo las administraciones educativas dejan a su suerte a estos centros, y son sus profesionales y la comunidad educativa que con su sobreesfuerzo, se ven obligados a compensar lo que no hace el sistema.
