Las comunidades autónomas aumentaron un 20% las transferencias a los centros concertados hasta sumar 7.100 millones de euros; el sector privado no universitario en su conjunto ganó 408 millones de euros el curso 2020-21
Victòria Oliveres, Carmen Martínez, Daniel Sánchez Caballero, El Diario, 30 de noviembre de 2022
Cada vez más dinero en la educación privada. El sector educativo particular registró el pasado curso 2020-2021 en conjunto, desde Infantil hasta la Universidad, unos resultados de explotación (beneficios antes de impuestos) de 756 millones de euros. Esta cifra supone una mejora del 27% desde el curso 2014-15, según la encuesta de financiación y gasto de la enseñanza privada del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento en las ganancias del sector suceden mientras en ciertas etapas –en la Universidad no sucede– el Estado incrementa con fuerza las subvenciones públicas al negocio privado.
Como se observa en el gráfico, las etapas no universitarias –incluyendo todas las obligatorias– aportan más de la mitad de los beneficios obtenidos por las empresas privadas: un 54,2% y 408 millones de euros del dinero que ganaron las empresas educativas en el curso 2020-21 van a parar a colegios e institutos frente al 46,2% y 348 millones que se embolsan las universidades. El saldo se está equilibrando en los últimos años a favor de estas últimas: hace seis años los campus privados eran de responsables un 27% de las ganancias del sector, hoy rozan la mitad.
La enseñanza privada concertada –subvencionada por el Estado– cobra en España al 25% del alumnado. Pese a que este número se ha mantenido invariable en los últimos diez años, la financiación que recibe ha alcanzado un 22% en la última década, pasando de suponer el 10,1% del gasto educativo total al 12,8% por el estancamiento de la financiación pública, que acaba de recuperar diez años después del nivel de inversión de 2010.
Pese a que estos centros están integrados en el sistema público por recibir financiación de la administración, diferentes investigaciones señalan que los sistemas en los que conviven la escuela pública con la concertada, como el español, “tienden a aumentar la segregación escolar y las desigualdades educativas ”, según concluye la Fundación Bofill en un informe presentado esta misma semana.
El estudio sostiene que la escuela privada subvencionada no acoge la proporción de estudiantes humildes ni extranjeros –que son los que presentan con carácter general más dificultades de aprendizaje– que les correspondían: “Los centros públicos españoles escolarizarían un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2 ,2 veces superior a los centros concertados y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante”, reza el informe. El problema que detecta la Fundación es normativo: “La regulación actual en España convierte los conciertos en una subvención sin definir claramente sus deberes”.
El sistema de cuotas mensuales que pagan las familias para colaborar con la financiación de los centros –porque el módulo que paga el Estado es insuficiente, según los titulares de colegios e institutos: 25% de alumnado, 13% de fondos– es en parte responsable de esta segregación. Cuando se requieren en obligatorias (algo que sucede en un 90% de los casos, según un informe de centros privados y asociaciones de familias ) por un lado son ilegales, porque al ser educación financiada por el estado debería ser gratuita, y por otro expulsan de facto a aquellas familias que no se pueden pagar, como ya han concluido otros estudios .
La Lomloe o ley Celaá ha intentado poner coto a esta situación con medidas como la supresión de la “demanda social” –un término que introdujo el PP en su Lomce– y priorizando la escuela pública sobre la privada concertada en la provisión de plazas escolares y obligando –intentando al menos– a los centros a admitir alumnado más diverso. Está por ver si funciona, aunque la Fundación Bofill advierte en su informe de que “es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado y que se enmarquen en una clara apuesta por una mayor corresponsabilización del sector concertado en la escolarización del alumnado más desfavorecido desde el punto de vista social y educativo”.
Un 6,5% mejor
La diferencia entre un indicador (una menor financiación pública) y el otro (el mayor beneficio) la solventan las familias: las madrileñas pagaron el curso 2020-21 un total de 2.720 euros por cada hijo que estudiara en un centro privado. Le supera Catalunya, sin embargo, con 2.832 euros al año por estudiante. Las cuotas más bajas en educación no universitaria se abonaron en Extremadura (481 euros) y en las ciudades autónomas de Melilla (288) y Ceuta (66).
En conjunto, las familias de la educación privada no pagan universidad de media en cuotas 1.421 euros por alumno en el curso 2020-21, mientras que el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 5.604 euros anuales.
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