Manifiesto

DEL MOVIMIENTO SOCIAL POR LA ESCUELA

PÚBLICA DE ASTURIAS (MSEPA)

ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA

Son éstos, tiempos de discursos vacuos y taimados intereses... El poder, todo poder, simple forma encubridora de intereses bastardos, presta cobertura legal a la codicia de unos pocos... Y, mientras llena su boca de bellas palabras que perfilan la educación como una suerte de Bálsamo de Fierabrás sanadora de todos los males de nuestra sociedad, va cocinando la letal sopa de letras en la que se ahoga cualquier atisbo de la verdadera educación como derecho universal, es decir como servicio público.

Desde que, en el tardofranquismo (4 de Agosto de 1970), José Luis Villar Palasí auspiciara la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, cinco Leyes Orgánicas estatales han jalonado la maltrecha democracia (LODE; LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE) para, unidas a multitud de Órdenes y Decretos, así como a innumerables disposiciones autonómicas de distinto rango, agitar las aguas del mundo educativo y amenazar a sus navegantes (alumnado, profesorado, familias) con la zozobra.

Y es que, en efecto, el proceso que lleva de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (1985) de José María Maravall a la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) de Javier Solana Madariaga, de ésta a la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (1995) de Gustavo Suárez Pertierra, de ésta a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (2002) de Pilar del Castillo, y de ésta a la actual Ley Orgánica de Educación (2006) , cuya torpe tramitación costara el puesto a la ministra María Jesús San Segundo, no hace sino profundizar el deterioro del funcionamiento de una escuela publica arribada por las sucesivas administraciones al rincón de los contenedores sociales, cada día más alejada incluso de cualquier función de reciclaje humano... Un proceso, en suma, que ha supuesto la desaparición de los verdaderos equipos de trabajo docente, tan esenciales en el “despegue educativo” basado en la innovación y la experimentación de los años setenta y ochenta del pasado siglo, aplastados bajo la creciente carga de ritualización burocrática que ha invadido los espacios y tiempos escolares. Un proceso que, sobre todo, ha ido frustrando cualquier esperanza de constituir la escuela como instrumento de emancipación al servicio de la justicia social. Un proceso que, en fin, ha supuesto el desvío de la educación hacia un derecho particular de los menos, condenando a los más a la inmersión inercial en precarias y asépticas ceremonias sin sentido.

Como ciudadanía consciente debemos denunciar, pues, a quienes tanto hablan de calidad educativa, mientras limitan los presupuestos dedicados a la escuela pública, convirtiendo la educación en simple mercancía sometida a las leyes del mercado, desatendiendo las necesidades sociales de toda la población...

Y ello es así porque las sucesivas administraciones han mantenido y consolidado dos redes educativas paralelas: la una pública, de todas y todos; privada y selectiva la otra, pero pagada por toda la ciudadanía. Al mismo tiempo se reducía, hasta su práctica anulación, la democracia en la gestión de los centros educativos, diluyendo el papel de los Consejos Escolares, en favor de las atribuciones personales de una Dirección reconfigurada como “cargo de confianza” de la administración educativa de turno. Y, ¿qué decir del fortalecimiento inducido, con dinero público, de una red privada concertada extendida a niveles de enseñanza no obligatoria (0 a 6 años, Bachillerato, Formación Profesional) con franco privilegio de una Iglesia Católica que controla más del 80% de la enseñanza privada, recibiendo además carta blanca para adoctrinar también en la red pública mediante la asignatura de Religión?

Debemos denunciar, en suma, un proceso de privatización de la oferta educativa, cada día menos encubierto, que transfiere recursos públicos al sector privado sin limite alguno ya de etapas o niveles, distorsionando la planificación escolar pública hasta casi imposibilitarla. Este proceso, por ende, al consolidar la doble red escolar, supone una apuesta que, bajo la añagaza de la “libertad de elección”, deriva una concreción antisocial del derecho a la educación, que segrega los colectivos más desfavorecidos, rechazando las prácticas de una enseñanza integradora y compensadora de las desigualdades sociales y culturales.

Queremos y debemos defender, así, la escuela como servicio público garante del derecho universal a la educación de forma gratuita y en condiciones equitativas de calidad. Y, consecuentemente, reivindicamos el reconocimiento del carácter prioritario de la red pública y subsidiario de la red privada concertada, lo que implica el establecimiento de normativas que no discriminen a la enseñanza pública, y la anulación de los conciertos educativos cuando y donde la oferta pública sea suficiente, así como en todas las etapas educativas no obligatorias... Porque, en definitiva, la educación es un problema de orden social y político que afecta a toda la ciudadanía y sólo desde un sistema público potenciado se puede avanzar realmente hacia la igualdad de oportunidades.

Nos encontramos, sin embargo, en tiempos de recortes de la educación pública, precisamente cuando, como respuesta a la crisis, sería necesario afianzarla dotando los centros con suficientes servicios complementarios, extendiendo y mejorando su oferta en todos los ámbitos, y asegurando el respeto máximo a los derechos de todos los sectores de la sociedad que forman parte, en definitiva, de la comunidad educativa.

Pero los más o menos sutiles ataques a la escuela pública (disminuyendo la dotación de profesorado en los centros, favoreciendo la segregación del alumnado en función de su rendimiento escolar o imponiendo modelos empresariales de gestión de personal que rechazamos) amenazan, desde el discurso ideológico y la práctica política de un neoconservadurismo con barnices liberales, con su desmantelamiento... Ante quienes tratan de vender que los beneficios fiscales por el pago de centros privados o la compra de uniformes escolares son un instrumento favorecedor de la libertad, frente a quienes propugnan el establecimiento de clasificaciones de centros educativos (con consecuencias en su financiación) como un acicate de la “sana competencia”, la ciudadanía crítica debe mantenerse activa y vigilante, debe presionar a las organizaciones sociales y políticas con capacidad de negociación para que defiendan en sus ámbitos correspondientes el modelo público de enseñanza cooperativo y solidario, debe exigir la desaparición de los negocios educativos sostenidos con fondos públicos...

Por eso, cuando España ocupa el vigésimosexto puesto en desarrollo educativo, por debajo de la práctica totalidad de la Unión Europea, según el informe Educación para todos de la Unesco; cuando Asturias, tras años de “malas experiencias pioneras” en la organización del sistema educativo, mantiene un profesorado con uno de los salarios más bajos de todo el Estado que, sin embargo, demuestra día a día niveles de implicación dignos de reconocimiento; cuando las amenazas de deterioro de la escuela pública se anuncian crecientes en el futuro inmediato, debemos unirnos más que nunca para decir y hacer que

¡LA EDUCACIÓN SEA UN BIEN Y UN DERECHO UNIVERSAL!

¡LA ENSEÑANZA NO PUEDA SER UN NEGOCIO!

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA, LAICA, COEDUCATIVA ... 
 ¡¡REFLEXIONA, ORGANÍZATE, MOVILÍZATE!!

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