Educación concertada: una anomalía española que debe terminar · Enrique J. Díez

El Gobierno prevé destinar más dinero público a instituciones privadas (de la jerarquía católica en la mayor parte) con el ánimo de que dejen de segregar tanto. Lo que se necesita es valentía política para dejar de ser una anomalía en Europa

Un padre y su hija un centro escolar, en una imagen de archivo / Eduardo Sanz/Europa Press

Enrique Javier Díez Gutiérrez, El Diario, 24 de octubre de 2024

Un adagio atribuido a muy diferentes voces dice que “o vives como piensas, o acabarás pensando como vives”. Este es el problema de fondo al que nos enfrentamos en la educación y en la política educativa actual en España.

Se constata en la última propuesta del Gobierno actual. Plantea aumentar la financiación pública a la educación concertada en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Es decir, destinar más dinero de los impuestos de toda la población a instituciones privadas (de la jerarquía católica en la mayor parte) con el ánimo de que, dado que se les aumenta la financiación pública, dejen de segregar tanto.

Esta privatización de la educación pública, destinando más dinero público a conciertos, mientras se reduce el número de aulas y centros públicos, se disfraza con la consabida estrategia del “malmenorismo”. El mal menor.

Dado que los conciertos están utilizando el cobro de cuotas ilegales y criterios discriminadores para segregar a una parte de la población por razones de clase social y económica o por ser migrantes, minorías o tener necesidades educativas especiales (el 80% están escolarizados en la educación pública), en vez de aplicar la legislación vigente y sancionar a aquellos centros que discriminan o directamente suspenderles el concierto, lo que se hace es incentivarles con más dinero público para que dejen de hacerlo… tanto.

Esto es la consecuencia de esta deriva del “pensamiento débil” que acaba justificando las posiciones más conservadoras y retrógradas con el argumento del “mal menor” o la coletilla de “qué hacer mientras tanto”, que siempre se utiliza en estas ocasiones. Dado que los conciertos están ahí, consagrados en las diferentes leyes educativas del PSOE, y dado que el PP los fortalece y prioriza en las comunidades autónomas donde gobierna, tendremos que hacer algo para reducir un tanto o maquillar un poco la realidad de que los conciertos son el mayor factor de segregación escolar en este país.

Por lo que, en vez de garantizar el derecho a una educación en igualdad y calidad a las futuras generaciones, al margen de sus condiciones económicas y sociales, mediante una red pública única y avanzar en la supresión progresiva de todos los conciertos educativos, lo que se hace desde el Gobierno es buscar la benevolencia y connivencia de estas empresas educativas para que no discriminen tanto, pagándoles más por ello.

Haciendo un símil exagerado pero muy claro al respecto podríamos decir que lo que propone el Gobierno es “pagar a un maltratador para que maltrate menos a su pareja”. Esto es lo que se ha puesto en práctica en Cataluña y ahora en el País Vasco con el eufemismo de “pacto contra la segregación”, que no es más que un pacto para maquillar los números y mantener la segregación de fondo: los propios conciertos educativos. Se aduce que, si se paga más a los centros concertados que segregan para que lo hagan un poco menos, conseguiremos una menor segregación.

El problema es que esta aberración se apoya incluso por parte de sectores académicos, políticos y sindicales o del tercer sector. El informe 'Por una escuela concertada inclusiva' de la ONG Save the Children, que señala que España es el país de la OCDE que más segrega al alumnado entre escuela pública y concertada según su situación socioeconómica, y sus propuestas parten de aceptar este modelo de conciertos y recetan más educación concertada, aumentando más su financiación. Es decir, estamos comprando el marco neoliberal del modelo privatizador de la educación.

Lo sorprendente es que, con la caída demográfica, lo que debería haber desde hace tiempo es un plan para suprimir progresivamente conciertos (negociando la salida del profesorado, nacionalizando cuando sea necesario...), como ya se ha hecho en Cataluña o Castilla y León. Pero, al contrario, se están cerrando colegios públicos y se mantienen los privados o se incrementan, como están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y parece que esto va a ser una tendencia que aumentará cada año, si no hay voluntad política suficiente para cambiar el modelo educativo.

Porque la educación de titularidad y gestión pública es la única que garantiza el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia, la que más y mejor asegura la igualdad y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales; y por ello, la que mejor contribuye a la equidad y la cohesión social.

En los 80, cuando había una avalancha demográfica y no había plazas públicas suficientes, pudo haber tenido algún sentido hacer conciertos con entidades privadas, pero ahora no tiene ningún sentido. Actualmente, lo que respalda la investigación es que la demanda de conciertos se mantiene por la creencia de las familias en que los “contactos” sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas. Los hallazgos confirman que detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase y que los conciertos están sirviendo a las clases medias y altas para alejarse del alumnado extranjero y de las clases bajas. Es decir, acudiendo a la escuela concertada, las familias se garantizan que sus hijos e hijas estén lejos del alumnado más diverso y vulnerable y se escolaricen en aquellos centros en donde se concentran la clase social a la que aspiran a llegar.

Ni siquiera la Constitución ampara los conciertos. El artículo 27 da la posibilidad de crear centros privados, pero en modo alguno da la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “(...) siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”

En definitiva lo que se necesita es valentía y voluntad política para dejar de ser una anomalía en Europa donde la educación es fundamentalmente pública y avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI, como reclaman las mareas verdes, el profesorado y los sindicatos, los movimientos sociales y las comunidades educativas progresistas, superando así la herencia de la dictadura que dejó en manos de la jerarquía católica la educación de este país y que ahora se quiere reforzar como nicho de mercado para fondos buitre y empresas de negocios con el fin de convertir la educación en un nicho de extracción de beneficios y no en un derecho en igualdad que debemos garantizar a las futuras generaciones.