Carta a las autoridades educativas: racismo, ignorancia, bulos y desinformación…

El colectivo de profesionales de la enseñanza Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla insta a las administraciones a actuar frente a los discursos de odio

Patio de un colegio público / Paco Fuentes

Rodrigo J. García, Enrique J. Díez Gutiérrez, Francisco Imbernón, El País, 27 de agosto de 2024

El colectivo de profesionales de la enseñanza “Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla” insta a las autoridades educativas a asumir, sin titubeos ni ambigüedades, su responsabilidad de impulsar de manera decidida prácticas educativas que combatan la desinformación y los bulos tan corrosivos como los conocidos recientemente, que incitan a la xenofobia.

La proliferación de bulos xenófobos en redes sociales, propagados entre jóvenes y la población en general, es intolerable y exige que las autoridades educativas adopten medidas urgentes y contundentes. Lamentamos profundamente la pasividad de los gobiernos central y autonómicos ante la necesidad de formar a nuestros jóvenes para identificar, refutar y denunciar la desinformación y el racismo. La inacción es caldo de cultivo para la ignorancia, la división social y los discursos de odio.

La ignorancia, la desinformación y el racismo no solo son producto de la falta de recursos y oportunidades, sino que a lo largo de la historia han sido promovidas activamente por diversos actores, ante la inacción de una gran parte de la sociedad. Grupos mediáticos, lobbies, creadores de contenido, supuestos expertos, redes sociales en manos de magnates con intereses ideológicos y políticos privados y gobiernos conniventes o que se han escudado en su incapacidad, han actuado consciente y deliberadamente, fomentando este clima social que se extiende como un cáncer en nuestras sociedades.

Los algoritmos de los motores de búsqueda y de las redes sociales, por ejemplo, crean burbujas de opinión que polarizan y facilitan la difusión de desinformación. Los intereses ideológicos de algunos medios de comunicación, utilizados como herramientas de las élites extractivas para marcar la agenda política y noticiosa, consiguen desviar los temas de preocupación hacia circunstancias periféricas, triviales o más o menos inventadas y supuestamente “escandalosas”, logrando omitir del debate público el análisis del estado de lo común, de los temas cruciales que nos afectan a toda la ciudadanía, en torno a los derechos humanos y la justicia social. Algunos grupos políticos han comprado este marco ideológico y estratégico y se han convertido en mercaderes de la crispación, al descubrir lo lucrativo que resulta, en términos políticos, mantener a la gente en un estado de miedo constante.

Muchos influencers, como el propietario de X, utilizan las plataformas para promover sus propias ideologías y difundir desinformación. Figuras como Tommy Robinson y Alex Jones, con el respaldo de Elon Musk, han empleado sus canales para incitar al odio y orquestar campañas de desinformación. Mensajes de políticos, que en nada contribuyen a la convivencia y el análisis fundamentado de los problemas, cargan contra la inmigración como un reciente tuit del Alcalde de Badalona, y su respaldo por las declaraciones de la Secretaria General del Partido Popular.

Estas posturas, que ignoran el significado de la experiencia, los resultados de la investigación y el valor del aprendizaje activo se basan en la creencia interesada de que problemas como la desinformación o los bulos pueden solucionarse con medidas represivas, cuando en realidad se trata de un problema educativo y, sobre todo, social. Se perpetúa un modelo educativo que no prepara a los estudiantes para ser ciudadanos críticos y responsables. Se ignora que la información circula por múltiples canales y que la educación crítica es la única herramienta eficaz para combatir los bulos y perpetuar la injusticia y la desigualdad económica y social.

La desinformación es un negocio lucrativo, por lo que se promueve activamente. Se alimentan sesgos cognitivos como el Efecto Dunning-Kruger, o la arrogancia de la ignorancia. Mientras se mantienen políticas nacionales e internacionales que aumentan la injusticia y la desigualdad social. Las campañas de desinformación en redes sociales han demostrado ser herramientas poderosas para incitar a la violencia, como hemos visto en el Reino Unido; la persecución de la difusión de información reservada por quien decide ocultar la barbarie de la que es responsable (como ha sido el caso Assange); o la sobresaturación de información, que impide su análisis. La teoría de Chomsky sobre la manufactura del consentimiento nos recuerda cómo los medios de comunicación concentrados en pocas manos pueden manipular la opinión pública para imponer una visión particular del mundo. Ante esta avalancha que condiciona la formación y el desarrollo de las nuevas generaciones, ¿qué papel desempeña la educación pública crítica? ¿Qué ha hecho el sistema educativo público para que tantos jóvenes actualmente afirmen que votarían al fascismo? Quizá sea una muestra de fracaso de un sistema educativo y social, que no ha sabido formar en valores auténticamente democráticos, basados en el diálogo, el respeto y el reconocimiento del otro.

Resulta paradójico tener que solicitar a quienes están al frente de la educación que cumplan con su deber de fomentar una educación crítica y de combatir la desinformación. Es sorprendente que, en lugar de fomentar iniciativas como la formación antirracista, del profesorado y el uso pedagógico, consciente y crítico de las tecnologías, se opte por ignorar la realidad y restringir el uso de estas herramientas en las aulas. Declinar del uso de tecnologías en las escuelas solo agrava la incapacidad de identificar y combatir la difusión de bulos y mentiras.

Defendemos con rotundidad la escuela del conocimiento, del análisis, del estudio crítico de los mensajes de desinformación (evaluación de fuentes, detección de argumentos insidiosos, verificación de hechos, etc.). Queremos una escuela democrática, investigadora y crítica que trabaje en colaboración con las familias y la comunidad en la formación de una ciudadanía global comprometida con los derechos humanos y con su cumplimiento.

Creemos que las administraciones públicas no están defendiendo la necesidad de repensar la organización económica y social imperante, ni ayudando a las instituciones educativas a abordar de manera sistemática y generalizada el problema de la desinformación y la manipulación de la información y afrontando el racismo. Es preocupante que las nuevas generaciones no están siendo preparadas para identificar, analizar y cuestionar estas prácticas con el apoyo de sus docentes.

De aquí la importancia de que los centros educativos fomenten, de manera transversal y desde una mirada al presente, una cultura de la indagación y el pensamiento crítico. Esto implica enseñar a nuestros estudiantes a cuestionar fuentes, evaluar informaciones, comparar diferentes perspectivas y reconocer los mecanismos de la desinformación. Desde la lectura de noticias hasta el análisis de algoritmos, es fundamental que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para navegar en un mundo cada vez más complejo y saturado de información y de desinformación.

La inacción de las administraciones educativas ante la creciente amenaza de la desinformación es una negligencia que pone en riesgo el futuro de nuestras sociedades democráticas. La incapacidad para abordar el problema de la desinformación está socavando la confianza en las instituciones, el valor de la formación y pone en peligro la democracia.

A pesar de la creciente preocupación por la desinformación, los movimientos negacionistas, los bulos y el racismo, las autoridades educativas no han implementado acciones concretas para combatirlos. Más allá de las declaraciones públicas y la empatía con las víctimas, es necesario que asuman un papel relevante en la promoción de este tipo de formación en nuestros jóvenes. Resulta fundamental trabajar en colaboración con las escuelas para el desarrollo de procesos organizativos y metodologías que doten a los estudiantes con las herramientas necesarias para identificar y evaluar la información de manera crítica.

Por eso pedimos a la ministra de Educación y al gobierno del Estado, así como a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, el desarrollo de un plan educativo integral de prevención del racismo, la desinformación y la difusión de bulos a nivel estatal y autonómico en el currículo escolar. Un plan que se desarrolle de forma transversal a lo largo de todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, supervisado y acompañado por la inspección educativa. Que se complemente con un plan estratégico de formación crítica y antirracista tanto del profesorado y el alumnado, como de toda la comunidad educativa y social, para combatir el racismo y que establezca los derechos humanos como principios esenciales por los que regir el desarrollo personal, la convivencia social, el cuidado de la naturaleza y el entorno y la vida.

Al mismo tiempo, exigimos que desde el gobierno del Estado y de cada comunidad autónoma se legisle de forma contundente ante el creciente racismo y discurso de odio en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el discurso político y en el discurso social, para que no se perpetúe la impunidad de quienes lo impulsan y buscan rédito político y visibilidad. No todo se soluciona con la educación, si esta no viene acompañada de medidas sociales y políticas. Una legislación ejemplar, pedagógica y que sirva para evitar la impunidad del racismo, los bulos y la desinformación y ayude a construir una sociedad capaz de convivir, cooperar y ayudarse mutuamente. Una sociedad como la que aspiramos y proclamamos desde la educación, el bien común y los derechos humanos.

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Firman también este artículo Jordi Adell i Segura, Nacho Rivas Flores, Juana María Sancho Gil, Julio Rogero Anaya, Luis Torrego Egido, María Jesús de la Calle Velasco, Javier Marrero Acosta e Isabel Galvín Arribas, todos ellos miembros de la Comisión Permanente del Colectivo por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla. 22.08.24