En el invierno de 2020, con la pandemia en toda su crudeza, el naranja salió a la calle. No era por Ciudadanos, que ya andaba de capa caída, sino por la campaña Más plurales, más libres, más iguales, con la que el sector de la educación concertada y las asociaciones católicas de padres se aliaron –con el apoyo de PP, Vox y Cs– para denunciar una supuesta persecución por parte del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Ironías de la vida pública española: mientras aquella campaña tenía lugar entre acusaciones de persecución religiosa, la concertada batía su séptimo récord consecutivo de financiación pública.
Escuelas Católicas, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la Federación Madrileña de Familias Numerosas, la Asociación Católica de Propagandistas y otras organizaciones del mismo ámbito inundaron de naranja calles, medios de comunicación y colegios concertados alertando de los devastadores efectos que la Lomloe o Ley Celaá iba a tener –decían– sobre la educación privada pagada con fondos públicos, en su mayoría católica.
Los datos de 2021 y posteriores dirán si la Lomloe se refleja para bien o para mal en el dinero que el Estado –en su inmensa mayoría las comunidades autónomas– dedica a la financiación de la educación privada. Ahora mismo no hay pistas que apunten a la reducción de la que alertaba la campaña Más plurales, pero hay que esperar para saberlo porque el cierre de los datos educativos tarda dos años. Lo seguro es que los últimos datos disponibles, los de 2020, demuestran que la concertada ha vivido una década prodigiosa. Y que el sistema de doble red ha sido a su vez, desde la Gran Recesión, un sistema de dos velocidades en lo que respecta a la inversión.
Cerca de 7.000 millones para conciertos
infoLibre ha analizado las series de gasto educativo en la red pública y en transferencias a la educación privada para realizar una comparación. ¿Qué se ve? En 2020, último año del que hay datos cerrados, el gasto público educativo ascendió a 55.265,83 millones de euros, incluyendo universitaria y no universitaria, lo que supone un 4,1% más que el año anterior. De este dinero, 48.288,64 millones fueron a la red pública-pública y 6.977,19 a la concertada, es decir, a la privada financiada con fondos públicos. Es un dato que roza ya los 7.000 millones. Es previsible, por cómo va la serie, que supere esa frontera en las cifras correspondientes a 2021.
Estos fondos dedicados a conciertos son en su inmensa mayoría para la educación no universitaria (6.914,25 millones, un 99,09%) y salen de las comunidades autónomas (6.956,12 millones, 99,69%).
Una subida diez veces más fuerte
El gasto en la red pública ha subido un 2,09% desde 2010: de 47,977,21 millones a 48.288,64. En el mismo periodo, el gasto en concertada ha pasado de 5.801,6 millones a 6.977,19, lo que supone un alza del 20,26%. Esto supone un ritmo de crecimiento diez veces superior en una década: 20,26% frente a 2,09%.
La explicación no se obtiene sólo mirando 2020. Este año el crecimiento en la red pública fue del 3,99%, frente al 4,87% en la concertada. Hay una diferencia, sí. Pero para ver la tendencia es necesario observar un arco más amplio. Es más, ni siquiera se ve en cinco años: entre 2015 y 2010 el ritmo de crecimiento de la inversión en la red pública ha sido superior, de un 18,7% frente a un 17,89%.
¿Dónde está el quid, entonces? En que la inversión educativa pública –en todos los niveles– ha tardado más de una década en recuperar los niveles previos a la fuerte caída que supuso la Gran Recesión, mientras que el gasto en la concertada retrocedió menos y se recuperó antes.
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Dos velocidades de salida y seis récords consecutivos
Veamos el detalle. En 2009 el gasto público educativo alcanzó su máximo hasta entonces con más de 53.895 millones, repartidos en algo más de 48.000 para la pública y cerca de 5.900 para la concertada.
Los siguientes años fueron negros. La crisis se trasladó a los presupuestos públicos. Hubo cinco años seguidos (de 2010 a 2014, ambos inclusive) de caídas de la inversión educativa global. Pero, y he aquí la clave, estas caídas afectaron más a una red que a la otra.
La inversión en la educación pública cayó un 18,71%, hasta quedarse por debajo de los 40.000 millones, mientras la concertada caía sólo un 2,07%. Es más, la concertada empezó a recuperarse en 2014, un año antes que la pública. En 2015 la red concertada ya volvía a recibir más gasto que antes de la contracción presupuestaria por la crisis, mientras la pública no lo ha logrado hasta 2020. Cinco años después. Otro dato más: la transferencias públicas a la educación privada llevan siete años años de crecimiento y seis récords consecutivos.
El gasto público en educación universitaria, que ascendió a 10.267,89 millones en 2020, sigue por debajo de los datos de 2008, 2009 y 2010. Se trata de una partida que corresponde sobre todo a las comunidades, las mismas que encadenan récords de transferencias a la privada. En 2020, casi el 97% del gasto público en universidad correspondió a las administraciones autonómicas.
¿Qué comunidades gastan más en transferencias a la educación privada en relación con el total de su gasto educativo? Esta es la tabla.
Es llamativo el caso de Madrid, segunda por la cola, que es la comunidad con menos gasto por alumno en centros públicos de España, con datos de 2019
Gasto público por alumno en centros públicos.
En cuanto al gasto educativo público en relación con el PIB, el porcentaje se situó en 2020 en un 4,93%, una subida significativa desde el 4,27% de 2020 ocasionada por la contracción de la riqueza total del país a causa de la pandemia. El porcentaje sigue por debajo de 2009 (único año en que se superó el 5%) y de 2010.
Un modelo con 37 años que contribuye a la segregación
El sistema de conciertos está anclado en la ley educativa de 1985. En teoría, era una solución circunstancial, pero se ha convertido en el modelo mismo.
La norma explicaba en su preámbulo los motivos por los que el Estado debía racionalizar el sinfín de subvenciones que recibían los colegios católicos desde el franquismo. Entonces tenía su lógica. Hubiera sido inviable ignorar a mediados de los 80 la red de centros tejida por la Iglesia, más aún cuando había que atender un pico de demanda educativa por el boom demográfico y el avance cultural. Lo controvertido es que la doble red se ha consolidado y, vista la última década, la concertada sale mejor parada.
La ley fijaba medidas para garantizar que los centros concertados no incurrieran en prácticas contrarias a la igualdad, a través de limitaciones para imponer cobros a las familias. Más de 35 años después de aquella ley, la evidencia muestra que la educación concertada –no toda– es una de las principales causas de la elevada segregación escolar en España, por el uso de mecanismos como la ubicación selectiva de los centros en zonas comparativamente ricas y la obligación del pago de cuotas, que disuade al alumnado pobre o inmigrante.
Un bastión de la Iglesia
La educación concertada es un bastión de poder e influencia de la Iglesia católica, que está compensando en las aulas su retroceso en los templos. Entre 2008 y 2020, mientras caía el número de curas y seminaristas y el porcentaje de creyentes, los alumnos en colegios religiosos en España pasaban de 1.370.151 a 1.525.215 (+11,31%), según las memorias de la Conferencia Episcopal. Según el INE, más de un 90% de colegios religiosos son concertados. Se trata de un sólido anclaje de la Iglesia en la sociedad, cantera a su vez de su red de universidades y escuelas de negocios.
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