La educación es un derecho, no un negocio. Y eso implica y exige garantizar ciertos principios básicos e irrenunciables como fundamento de nuestro modelo educativo.
Hace tiempo que se viene planteando por amplios sectores de la sociedad la necesidad de un Pacto Educativo que dé estabilidad a nuestro sistema de enseñanza y que asegure una educación pública de calidad en condiciones de igualdad.
Esta demanda social se convirtió en clamor tras la aprobación de la LOMCE en la anterior legislatura, sin otro pretexto que el rodillo parlamentario del PP, entonces con mayoría absoluta. En efecto, la ley y su improvisada aplicación han batido récord de rechazos. La inmensa mayoría de la comunidad educativa, junto a todos los partidos de la oposición y buena parte de los gobiernos autonómicos -incluidos algunos del PP- han venido mostrando su discrepancia (total o parcial) con esa nefasta ley de educación.
Desde el día después de la aprobación de la LOMCE, múltiples organizaciones, colectivos, sindicatos y plataformas del ámbito escolar generaron una sinergia para elaborar colectivamente una alternativa a la LOMCE que diese respuesta a los auténticos problemas y necesidades de nuestro sistema educativo.
Durante casi tres largos años, amplios sectores del mundo de la educación han venido trabajando intensamente para lograr un Acuerdo Social y Político surgido de la propia comunidad educativa, con el objetivo de plantear conjuntamente una alternativa consensuada que sirva de base para una nueva Ley de Educación y que pueda ofrecer estabilidad, calidad y equidad al sistema educativo por generaciones.
El resultado de este trabajo ha sido el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político, que debería servir de base en el proceso abierto en sede parlamentaria para intentar alcanzar el Pacto Educativo, si es que realmente los diferentes partidos políticos quieren contar con los auténticos protagonistas de la educación a la hora de concretar los contenidos de dicho Pacto, sin sucumbir ante las presiones de quienes vienen disfrutando de determinados privilegios, como la Iglesia Católica, o tienen intereses económicos que defender.
Han participado y aprobado dicho documento más de 20 colectivos del ámbito educativo, además de los sindicatos más representativos del profesorado, organizaciones de estudiantes, de familias y partidos políticos[1]. Nunca antes se había logrado un consenso tan amplio en torno al modelo educativo que deseamos y necesitamos. Sólo por eso tendría que ser un referente ineludible en el pretendido Pacto por la educación que parece que se alarga indefinidamente, y que no acaba de concluir la subcomisión del Congreso.
Es pues el momento de exigir a los Grupos parlamentarios, que ahora están debatiendo sobre la alternativa a la LOMCE en la Subcomisión parlamentaria creada a tal fin, que partan del Documento de Bases para otra ley de educación posible y necesaria, de sus puntos centrales y de las propuestas concretas recogidas en dicho Documento.
Un pacto desde abajo por la escuela pública
Ninguna reforma educativa, fruto de un pacto político (si finalmente eso se diese), se debe abordar y mucho menos poner en marcha sin la participación y el acuerdo de los sectores más representativos de la comunidad educativa, que justamente han sido copartícipes del Acuerdo educativo plasmado en el Documento de Bases que apoyamos y defendemos. Sin duda alguna ese texto se puede y se debe enriquecer con nuevas aportaciones o desarrollos. Pero no para claudicar ante las presiones de organizaciones o colectivos que tienen intereses económicos y/o ideológicos en el ámbito educativo. La educación es un derecho, no un negocio. Y eso implica y exige garantizar ciertos principios básicos e irrenunciables como fundamento de nuestro modelo educativo.
El pacto solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. Somos conscientes de que los pactos, aun siendo deseables, no son siempre posibles. No se puede pactar renunciar a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren fomentar una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del adoctrinamiento religioso en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública gratuita, laica, democrática, participativa, que trate de asegurar el derecho a aprender con éxito de todos y todas, y en la que su alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica. Debemos partir, por tanto, para poder llegar a un Pacto Educativo de unas ideas comunes o consensos de mínimos en torno a la educación como un bien común, un derecho básico universal que solo se puede garantizar para todos y todas en y por la educación pública. Después de la falta de consenso que consiguió la LOMCE y el acuerdo que consiguió su derogación, estamos en disposición de alcanzar un “pacto” desde abajo con las fuerzas políticas que defiendan este consenso de mínimos.
Líneas básicas para el pacto educativo
1. Red pública escolar única, gratuita y suficiente, que cubra todas las necesidades de escolarización desde los 0 a los 18 años y garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad.
2. Supresión progresiva de la enseñanza privada concertada, mediante un proceso de integración negociada de los centros privados concertados en la red pública.
3. Educación laica, que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento en la escuela. En consecuencia, la religión confesional, con sus actos y símbolos, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Para ello, es imprescindible la derogación de los correspondientes acuerdos con el Vaticano y con otras religiones.
4. Educación Inclusiva que ofrezca los apoyos necesarios para asegurar el progreso educativo de todo el alumnado, evitando itinerarios segregadores y garantizando una formación básica común en las enseñanzas obligatorias que conduzca a una titulación única a su término. Rebaja de la ratio de alumnado según parámetros recomendados internacionalmente y ampliación del personal docente y otros profesionales del ámbito educativo para atender adecuadamente toda la diversidad del alumnado.
5. Red de centros de Educación Infantil, de titularidad y gestión pública, que cubra todas las necesidades de escolarización de Educación infantil (0 a 6 años), para favorecer la escolarización temprana, universalizando una oferta gratuita de calidad en la red pública y reconociendo el carácter estrictamente educativo del primer ciclo de la Educación Infantil en la legislación general del sistema educativo, dando así a toda la etapa de Educación Infantil la importancia que merece como pilar básico, junto a la Educación Primaria, de todo el proceso educativo.
6. Currículo para la vida que integre el conocimiento de las ciencias, las artes y los saberes populares, con una perspectiva de género, ecológica y que aprecie la diversidad sexual, para ayudar a comprender críticamente el medio en el que se habita y mejorarlo al servicio de la comunidad, de la naturaleza y de la vida, sin que tenga que formularse en términos de listados de contenidos con un atiborrado compendio de competencias y estándares de evaluación, sino de forma global e interdisciplinar.
7. Cuerpo único de profesorado, basado en una titulación equivalente y una sólida formación inicial que combine simultáneamente la preparación pedagógica y la especialización académica en un ámbito del saber. Estatuto del profesorado acordado con los sindicatos que establezca el marco de las condiciones de trabajo de los docentes, elimine la precarización laboral y que proporcione estabilidad necesaria para conformar equipos de trabajo permanentes en torno a proyectos educativos de centro. Reducir al mínimo imprescindible la interinidad como sistema de provisión de puestos docentes.
8. Autonomía pedagógica con participación democrática en la gestión escolar que contemple una representación equitativa y proporcional de todos los sectores de la comunidad educativa en los Consejos escolares de centro, volviendo a ser el órgano de gobierno de los centros; y con una dirección colegiada elegida democráticamente por la comunidad educativa.
9. Evaluación para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la singularidad y a las necesidades de cada centro, evitando las pruebas estandarizadas destinadas a establecer rankings comparativos.
10. Financiación garantizada constitucionalmente del 7% del PIB como suelo de inversión educativa para garantizar una gratuidad real de la enseñanza que incluya la dotación a los centros públicos de recursos y materiales didácticos, transporte escolar, comedor, becas para el acceso a estudios postobligatorios. Se deberá contar con un Fondo de Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en todo el territorio en el ejercicio del derecho a la educación desde Infantil a Enseñanza Superior.
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Loles Dolz. Catedrática de Secundaria y componente del Área Federal de Educación de IU.
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| Enrique Javier Díez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Coordinador del Área Federal de Educación de IU y miembro del Foro de Sevilla |
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